Gisela y la inalcanzable paradoja de Buscaglia
Ernesto Hernández Norzagaray

 

Mazatlán.- El asesinato de Gisela Mota Ocampo, la joven militante del PRD que había asumido unas horas antes el cargo de Alcaldesa del municipio de Temixco, en el estado de Morelos, tiene varias lecturas que van más allá de lo ocurrido esa mañana de enero:

Primero, que las Fuerzas de Seguridad Nacional que fueron desplegadas en esta región del centro sur del país, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, si lo medimos por los resultados obtenidos, ha sido un fracaso rotundo. Los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos gozan de cabal salud.

Segundo, no sólo han sobrevivido, sino que están actuando en sus actividades cotidianamente y desafían a los tres niveles de autoridad. Al federal, porque siendo el que constitucionalmente es responsable de la persecución de los delitos vinculados al trasiego y tráfico de drogas no ha logrado detener y procesar a los líderes de los cárteles que dominan la región; en tanto, el gobierno estatal no ha podido inhibir aquellos que son de su competencia, como son garantizar la seguridad pública y mucho menos el secuestro, la extorsión o el narcomenudeo; y los gobiernos municipales están indefensos para hacer frente a los grupos criminales, cuando no es que están infiltrados o sus gobernantes son parte de la misma estructura.

Tercero, al atacar a Mota Ocampo y no a un Diputado o Senador de la República, su objetivo es el gobierno del estado. Busca ejercer presión sobre Graco Ramírez. Meter miedo a la estructura de su gobierno. Que éste asuma que hay un poder paralelo con capacidad de persuasión mediante el fuego. Dispuesto a matar para imponer su ley. Y es que solo le bastan unos cuantos de esos millones de jóvenes dispuestos a cruzar la línea que separa la legalidad de la delincuencia. Véase, que entre los sicarios se encuentra uno de 17 años que da cuenta de donde está el semillero de estos grupos criminales.

Cuarto, aprovechan el momento en que Graco Ramírez disputa el control de las policías en 15 de los 33 municipios morelenses, en tanto, Cuauhtémoc Blanco legítimamente reclama ese derecho para su gobierno y así cumplir con su oferta electoral de garantizar la seguridad de sus gobernados, y eso quizá explique el atentado fatal contra la perredista. Los delincuentes no quieren Mando Único de las policías.

Quinto, el mensaje del asesinato es claro: si buscan modificar la estructura y organización policíaca y eso afecta nuestras actividades, vamos por los políticos. Es un estate quieto para Blanco y un llamado para Ramírez.

Sexto, que el atentado haya ocurrido en el entorno del Distrito Federal tampoco es mera casualidad. En los últimos meses se ha hecho patente la presencia de distintos cárteles en esta zona que durante años se consideró santuario de capos. Así que es un llamado para el también gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera, pues está visto que las redes criminales no saben de límites geográficos sino de territorios bajo control.

Séptimo, si la idea de los cárteles fue socavar los gobiernos perredistas del centro del país hay que estar atentos sobre lo que haga o deje de hacer el gobierno federal. La experiencia reciente del estado de Guerrero permite hacer otras lecturas de lo ocurrido en Temixco. Allá los grupos criminales rebasaron, incluso cooptaron y promovieron electoralmente a políticos del partido en el gobierno, es el caso de los Abarca. Pero seguramente no son los únicos. Y producto de esa infiltración en la Política Estatal, hoy gobierna el PRI con el rasgo distintivo de que no ha cambiado nada. La situación de violencia persiste y Guerrero cerró el año entre los estados con los más altos índices de homicidios dolosos per capita.

Octavo, durante las pasadas elecciones federales y locales ocurrieron 20 asesinatos contra candidatos, líderes partidistas y operadores políticos, y fue en esta región interestatal donde ocurrieron buena parte de esos crímenes que alcanzaron a políticos de varios partidos. A unos se les bajó con la muerte de una candidatura, a otros igual como señal para que se supiera quién podía ganar y quién perder la elección y aún más, seguramente los hay, quienes se rebelaron de estos tutelajes de la oscuridad y les costó la vida.

En suma, los grupos criminales siguen avanzando atropellando y dejando víctimas, mientras la vida institucional va retrocediendo en regiones enteras del país. Estos se han transformado en un actor decisivo sobre su vida económica y política. Y los políticos de estas regiones, que van más allá de Morelos, se encuentran literalmente congelados por el miedo. Eso es muy grave porque provoca contaminación y, en ciertos momentos, parálisis institucional.

En todo esto debería haber la paradoja explicada por Edgardo Buscaglia para Colombia e Italia. En aquellos países cuando la violencia escaló hacia los políticos y sus familias, aquellos que habían sido renuentes a aplicar la ley, limpiar las fuerzas de seguridad o elaborar ordenamientos más eficaces empezaron a cambiar de opinión. Se trataba prácticamente del dilema de ellos o nosotros. Se instruyeron en ambos países medidas de excepción con el fin de que las instituciones ganaran la batalla.

Y así fue, los grandes capos colombianos fueron muertos, detenidos, procesados, y muchos de ellos extraditados a los Estados Unidos. Y lo mismo ocurrió en Italia cuando asesinaron a los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borselini.

Sin embargo, esta paradoja parece imposible en México, pues pese a la sospecha de que detrás de las muertes de Luis Donaldo Colosio, Francisco Ruiz Massieu, Juan Camilo Muriño o Francisco Blake, estuvieron las manos de los cárteles de la droga no pasó nada que hoy permita afirmar que esa mano asesina está cortada. Sino lo contrario. Como las instituciones no actuaron con la contundencia requerida, aquello fue entendido como la aceptación de que el fuego criminal había ganado la batalla.

Es el drama de hoy en Morelos, es el drama de la insuficiencia política.