Corrupción e impunidad
Lilia Arellano
Ciudad de México.- La corrupción y la impunidad son dos complejos problemas torales del México actual de los cuales se beneficia la clase política gobernante y legislativa, y un sector empresarial del país.
La corrupción y su garantía, la impunidad, son procesos producidos por redes, los cuales dañan el patrimonio público de una manera extensa y no puede ser individualizado ni combatido sólo a través del cumplimiento de procedimientos administrativos. Por eso, en ese sector, no existe voluntad política para realmente resolverlos y se opta por medidas legislativas superficiales. Ante la presión de la opinión pública sólo se quieren vender aspirinas o parches para un cáncer social terminal.
La extensa red de complicidades entre la clase política, legislativa, judicial, empresarial y clerical se exhibió el sábado pasado, en el salón de fiestas del rancho La Barranca, en Jurécuaro, Querétaro, donde se reunieron “selectos” representantes de ese grupo al servicio de sus propios intereses, para festejar por adelantado el cumpleaños número 75 de una de sus más representativas figuras: el jefe Diego Fernández de Cevallos, cuyo aniversario real es este miércoles.
En primera fila estuvieron los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón Hinojosa; Carlos Navarrete, el ex dirigente nacional del PRD y representante del grupo de “los chuchos”, quienes firmaron el “Pacto por México”, el cual anuló el papel del Congreso de la Unión. También el ex jefe de la oficina de la Presidencia con Salinas de Gortari, José Córdova Montoya; los actuales secretarios de Estado, José Antonio Meade Kuribreña, José Eduardo Calzada y José Narro Robles; el secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox, Jorge Castañeda; y los ex procuradores federales de Justicia: Antonio Lozano Gracias, Arturo Chávez y Rafael Macedo de la Concha.
Asimismo, el hombre más rico de México, Carlos Slim; el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya; el cardenal primado, Norberto Rivera; el presidente del IFE en 2006, Luis Carlos Ugalde; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el secretario de Desarrollo Económico de Miguel Ángel Mancera, Salomón Chertorivsky; y hasta el pluripartidista Porfirio Muñoz Ledo. De tenerse una legislación en contra de estos flagelos contra los mexicanos, los ahí reunidos no cabrían ni en tres “julias” o transportes para el traslado de delincuentes de o sin “cuello blanco”.
Claramente, toda esta gama de personajes de la política, la economía, la justicia y la religión en México y el papel que desempeñaron y desempeñan actualmente, explican porque la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, encabezada por el PVEM, presentó reformas legales superficiales para el combate a la corrupción, las cuales no van a la solución de fondo del problema, pues no se obliga a los funcionarios a presentar su declaración fiscal, salvo la patrimonial y de interés, como acusaron senadores de oposición.
Dicha comisión no elaboró un análisis comparativo entre las 11 iniciativas presentadas por legisladores y ciudadanos, como la que está por llegar al Senado, denominada Ley 3de3, es decir, la obligatoriedad de presentar y hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de no conflicto de intereses. Su propuesta no contempla la protección para funcionarios que denuncien actos de corrupción ni incluye sanciones explícitas contra diputados y senadores por el cobro de moches por la gestión de recursos públicos.
El primer documento de trabajo emitido por la Comisión Anticorrupción excluye temas en materia de prevención, participación ciudadana, transparencia de las declaraciones de funcionarios y castigo explícito a los moches. Además, la sanción máxima propuesta es por 20 años y no por 30 años, como proponían partidos de oposición. La presidencia del comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción será rotativa entre funcionarios, sin entregar el control total a los ciudadanos.
En el proyecto elaborado por el senador del PVEM, Pablo Escudero, falta fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, de prevención y detallar las funciones del Secretariado Técnico del Comité Coordinador del Sistema.
Este martes, la fracción parlamentaria del PRD en el Senado acusó al gobierno federal de “achicar” la reforma constitucional de combate a la corrupción. La propuesta de Ley General Anticorrupción reduce los alcances del Sistema Nacional, concebido como el instrumento de coordinación para hacer frente a ese flagelo, denunció Miguel Barbosa, coordinador de los perredistas.
El gobierno pretende entregar la mayor parte de las facultades a la nueva Secretaría de Control Interno (SCI), una instancia bajo el mando directo del Presidente de la República. Esto desnaturaliza la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló Barbosa. Para los perredistas, la propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos no califica de graves algunas faltas que deben serlo, por lo que dejan las sanciones en manos de los órganos internos.
Miguel Barbosa acusó: el proyecto de reforma del PRI-PVEM “le da la vuelta” a la facultad que debe tener la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones del gasto en tiempo real. Y la propuesta de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa pretende obligarlo a tener una enorme carga de trabajo, ya que trabajaría como un juzgado del fuero común, en lugar de procesar los expedientes sustanciados por la ASF o la SCI.
Senadores de oposición impulsan se abra la discusión para que los ciudadanos conozcan el calendario y las reglas bajo las que se procesará la reforma. Es este un punto en extremo delicado y en el cual la opinión de los ciudadanos debe contar y mucho al quedar establecida la propiedad del flujo económico y su relación con el patrimonio nacional.
LEY 3DE3
Mark Kaiser, director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), demandó al Senado incorporar la Ley 3de3 al Sistema Nacional Anticorrupción. El documento de trabajo de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado, presidido por Pablo Escudero, deja fuera demandas de la sociedad como la obligatoriedad de presentar y hacer públicas las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, señaló Kaiser al destacar: “hay un miedo extraño a hablar del concepto corrupción, esa iniciativa que se presenta (de la Comisión) tiene la palabra corrupción muy pocas veces y se habla, en lugar de actos de corrupción con nombre, de faltas administrativas graves, no se le llama corrupción”.
Una vez se recopilen las 120 mil firmas y la Ley 3de3 sea presentada en el Congreso, los legisladores estarán obligados a dictaminarla e incluirla en la discusión, indicó Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC). La iniciativa se presentará ante el INE, quien realizará el cotejo de firmas, a fin de convertirla en iniciativa ciudadana, para poder entrar necesariamente al dictamen. Es una ley para sancionar, prevenir y tipificar las conductas corruptas en las que pueda incurrir un servidor público y elevar sus sanciones.
Este es un esfuerzo serio para combatir de manera eficaz la corrupción, con mejores definiciones jurídicas y herramientas normativas para prevenirla, detectarla y, en su caso, sancionarla, subrayó. En el Senado de la República se instaló un módulo para que las personas se puedan sumar a la iniciativa ciudadana Ley 3de3, a fin de obligar a legisladores, candidatos y funcionarios a presentar su declaración de impuestos, patrimonial y de no conflicto de intereses. Intentan juntar 120 mil firmas para tener una Ley de Responsabilidad Administrativa que provenga de la sociedad civil. La iniciativa fue redactada por personal de la UNAM, el ITAM, del CIDE, del Instituto de Estudios Superiores Espinosa Iglesias, y está respaldada por el IMCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa y Mexicanos Primero.
La Ley General Anticorrupción será el modelo para legislar en los estados, donde se registran algunos de los problemas más graves por el desvío y malversación de recursos públicos, por lo que su elaboración legislativa debe ser cuidada al máximo. Existiendo tal apertura para la intervención directa de ciudadanos, grave será no registrar muchas más firmas sobre las 120 mil solicitadas. La corrupción se ha convertido en un grave problema no sólo interno sino de repercusión internacional y ahora es el momento de ponerle fin.
OPACIDAD EN PEMEX Y CFE
Legisladores federales del PRI y PAN y sus satélites en la Cámara baja, se oponen a modificar la minuta de la Ley Federal de Transparencia porque no quieren que las filiales de Pemex y la CFE sean sujetos obligados ante la ley, acusó la fracción parlamentaria de Morena. Esa es la verdadera razón por la que priístas y panistas no quieren alterar la minuta remitida por el Senado, y no el hecho de cumplir con el plazo legal para su aprobación, fijada para el 4 de mayo., como argumentaron.
La minuta del Senado, remitida a los diputados el pasado 19 de noviembre, no especifica sobre las filiales de Pemex y la CFE como sujetos obligados y, por lo tanto, deben cumplir con todas las obligaciones de transparencia establecidas para los entes públicos.
“Con la privatización de Pemex y de CFE, lo hecho fue, simplemente, el negocio de las empresas petroleras, es ocultar ganancias, seguir saqueando las ganancias de Pemex y obviamente no van a querer difundir cuánto está generando Pemex, ese es el asunto”, acusó el Presidente de la Comisión de Transparencia, Rogerio Castro de Morena.
REFORMA ENERGÉTICA HUNDE A CFE
A pesar del discurso oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto atribuyendo a la reforma energética la reducción en tarifas eléctricas por 15 meses consecutivos y a la baja en el precio del gas natural, analistas advierten: ese abaratamiento se realiza a costa de las finanzas de la CFE, la cual arrastra elevadas pérdidas, cuantiosos pasivos laborales y tarifas subsidiadas impidiendo reflejar el costo real de generación eléctrica.
El pasivo laboral de la CFE asciende a 620 mil millones de pesos; las pérdidas técnicas y no técnicas, ocasionadas por fallas en infraestructura y diablitos fueron de 42 mil 200 millones de pesos al cierre del año pasado. A partir de este mes, las facturas de electricidad deberán de ser entre 15 y 23 por ciento más baratas respecto a marzo del año pasado, debido a los bajos precios del gas natural. Sin embargo, si bien la caída en el precio de los energéticos disminuyó el costo de generación eléctrica, este beneficio se redujo por el encarecimiento del dólar. De 2012 a 2015 el pecio del gas natural cayo 25 por ciento y los precios de los hidrocarburos descendieron 73%. Sin embargo, en ese mismo periodo, el encarecimiento del dólar aumentó cerca de 35 por ciento.
El gas natural tiene un precio 8 por ciento adicional en pesos en relación con el 2012 y, el 51 por ciento de la generación eléctrica se sustenta en el gas natural, explica Benigno Villarreal, catedrático de la Universidad Anáhuac, quien sostiene: “hoy nos cuesta más dinero, más pesos, el gas natural de lo que nos costaba entonces en enero de 2012 y el petróleo y sus derivados, pues sí nos cuesta 34 por ciento menos, pero tan sólo representa el 14 por ciento de la generación (eléctrica) del país”.
“ESTABILIDAD” DA FRUTOS A GRANDES CORPORATIVOS
De acuerdo a reportes financieros de empresas bursátiles, un selecto grupo de cuatro docenas de grandes corporativos mexicanos cerró el tercer trimestre de 2015 con utilidades conjuntas de 57 mil 448 millones de pesos, cantidad 8.3 por ciento superior a la reportada en el mismo periodo de 2014. Un informe del grupo financiero Santander México, el cual da seguimiento a dichos reportes enviados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destaca: entre los corporativos sobresale América Móvil, operador de la marca Telcel, cuyas ganancias trimestrales fueron de 15 mil 663 millones de pesos, es decir, un crecimiento de 496.7 por ciento respecto del mismo periodo de 2014.
Las grandes ganancias quedaron concentrados en unos cuantos corporativos: embotelladora Arca, Cementos Mexicanos, Grupo Carso, minera Grupo México, Grupo Sanborns, la concesionaria de carreteras de origen español OHLMex, Liverpool, la controladora KOF, Televisa, la operadora de infraestructura Pinfra, la papelera Kimberly Clark y la agroindustrial grupo Lala.
En general las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) registran crecimientos notables. Walmart registró utilidades por 8 mil 464 millones de pesos, las cuales sin embargo resultaron 17.8 por ciento más bajas a los 10 mil 300 millones de pesos del mismo periodo de 2014. Grupo Femsa, el mayor productor de bebidas embotelladas del país (Coca-Cola es su marca estrella), de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo y gasolineras en todo el territorio nacional, ganó 5 mil 436 millones de pesos, un 25.1 por ciento menos de sus ganancias en el último trimestre de 2014.
Al cierre de 2015, las ganancias de los grandes corporativos fueron impulsadas por el gasto de los consumidores, componente económico que ha mantenido su soporte durante los primeros tres meses de 2016. El gasto privado es apoyado por la baja inflación la cual favorece a los salarios, la expansión del empleo formal (precario), una mejoría de la demanda de crédito para consumo y el crecimiento de las remesas, medidas en pesos.
La generación de utilidades multimillonarias son protegidas por los titulares de Hacienda y Economía. Tratándose de números fríos enviados como motivadores de inversiones resultan atractivos, sin embargo ocultan la gravedad de la situación económica existente en millones de mexicanos, el subempleo y el desempleo, los escasez de recursos para la aplicación de políticas públicas y presupuestos autorizados en los grandes rubros sociales. Lo claro a la vista se encuentra en la protección a esas grandes empresas de las cuales se desconoce el pago real de impuestos y de dónde provienen las quitas o descuentos. Los reportes de utilidades deben generar tributos atractivos y la gran interrogante es: ¿los pagan?
DE LOS PASILLOS
A fin de incorporarse a los sondeos de opinión sobre la intención del voto rumbo a las elecciones presidenciales del 2018, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño mantiene su estrategia de golpeteo al puntero en las encuestas publicadas a la fecha. Al arrancar esta semana, durante su participación en la 99 asamblea general de American Chambers of Commerce, el funcionario advirtió: si no se hace un gran compromiso político la reforma educativa “enfrenta riesgos” ante las advertencias de “un precandidato” (Andrés Manuel López Obrador) de “echarla abajo”. Nuño alertó: “se está en riesgo de que la reforma no pueda continuar. Para nadie es un misterio que hay un candidato o precandidato a la Presidencia que ha dicho que si él gana no solamente dejaría de trabajar en la reforma, sino que la echaría abajo”. Asumiéndose ya como precandidato presidencial, Nuño resaltó que las reformas emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto fueron necesarias para que México compita globalmente en la llamada cuarta revolución industrial… El miedo, se ve, no anda en burro, tiene al burro…
A las 11:30 horas de este martes, Elba Esther Gordillo Morales llegó al Lomas Memorial de Gayosso, en Cuajimalpa, a fin de asistir al funeral de su hija Mónica Arriola, quien falleció a la medianoche víctima de un tumor cerebral al cual antecedió padecer cáncer. De un hospital privado de la colonia Roma se trasladó a la funeraria en una camioneta Silverado blanca, escoltada por dos vehículos de la Dirección de Reclusorios del Gobierno de la Ciudad de México. El juez federal Alejandro Caballero Vértiz, quien procesa a Gordillo por delincuencia organizada y lavado de dinero, autorizó a la ex lideresa del sindicato magisterial acudir a los actos funerarios. El golpe fue, como lo es para cualquier madre mexicana, muy severo. Se espera frenen esta venganza política en vista de la permanencia de líderes sindicales cuyos registros de propiedades y suma de actos de corrupción, alejadas totalmente de beneficios para sus afiliados. Es muy clara la negativa a intervenir las cuentas sindicales pese a la procedencia de sus ingresos, mismos surgidos del pago de nuestros impuestos convertidos en salarios para la burocracia. Lo de doña Elba no es ni siquiera un llamado para frenar los abusos de los líderes sindicales, todos, todos, siguen con sus mismas prácticas. ¿También está Salinas de Gortari, como en el caso de La Quina, detrás de esta detención...?
Sin mostrar vergüenza alguna, José Antonio Meade presumió su estancia en Tamaulipas cuando tenía lugar una balacera. Habla sobre el convencimiento de ciudadanos jóvenes y adultos sobre el grave y enorme daño de pertenecer a los carteles de la droga, a las mafias y subrayó la tranquilidad reinante en los actos a los cuales acudió y presidió. Para los tamaulipecos todo lo dicho fue una burla al ser testigos del enorme cuerpo de seguridad con el cual se rodeó el funcionario y quienes hicieron presencia muchas horas antes de su llegada a cada evento, retirándose de inmediato al concluir. “Ni la burla perdonan”, comentaron al enterarse de sus dichos en entrevista matutina.
