EPN quiere ser dictador
Carlos Manuel Sabines
Ciudad de México.- El título de esta entrega es ominoso y preocupante por decir lo menos, además de que no faltará alguien que suponga que estamos en rebelión y nos apliquen las nuevas leyes que están por salir, aunque ello no ocurra aún.
El asunto se centra en dos agresiones a los derechos humanos de los mexicanos y a la inconstitucionalidad respectiva de los preceptos establecidos o por establecer.
La iniciativa de EPN que fue aprobada por el Senado se desea que en San Lázaro, la minuta relativa se apruebe sin cambios, como corresponde a un documento de esa magnitud.
La minuta del Senado que llegó a San Lázaro se refiere a la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pretende establecer que el presidente de la república podrá solicitar al Congreso la suspensión de garantías y estados de excepción ante una amplia gama de riesgos a la paz pública, la seguridad o una amenaza al Estado.
Ello implicaría suspender o restringir el ejercicio de derechos humanos y el sacrificio temporal de derechos, entre estos la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.
En las consideraciones de la Comisión de Gobernación de los diputados, que son de carácter vinculatorio en el ejercicio de las leyes, se incluye una lista de los peligros que justificarían una petición para suspender garantías en un estado, región o todo el territorio, bajo el argumento de que la suspensión puede ser una forma de tutela a los derechos humanos.
Dice el dictamen que será sometido a los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación que “Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias…Así como también revueltas internas de gran calado, incursiones de grupos armados internos, graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado, crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público, eventos derivados de la intervención humana---casos fortuitos---como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias, entre muchas otras más.
La última parte del párrafo anterior, es significativa de la intención del gobierno de EPN, de ahí a la dictadura solo hay un paso y muy pequeño por cierto.
El documento señala que la noción de estado de excepción que propone como base para la ley es amplia, dúctil, capaz de ser aplicable a diversas situaciones que pongan en riesgo a la sociedad.
El artículo 29 reformado en abril de 2011---época del demócrata y liberal Calderón--- incluye un “catálogo intangible” de derechos que en caso de una declaratoria de suspensión de garantías o de estado de excepción, no pueden ser restringidas.
La Comisión abunda en que “…se trata de un piso mínimo que debe ser observado bajo cualquier circunstancia para garantizar la existencia del ser humano”.
También señala el documento “…que no implica que los demás derechos no inmersos en el coto vedado puedan ser objeto, en determinadas situaciones, de una suspensión o restricción para salvaguardar un bien jurídico superior que se estima preciado y que para su vigencia, ante situaciones excepcionales amerita un sacrificio---siempre temporal---de otros derechos”.
Como se desprende de la lectura de los párrafos anteriores, la autoría del despropósito no solo es de EPN, sino que viene de Calderón, cuando además pretendían justificar la intervención militar y policíaca en las calles, bajo el argumento de que “…la paz debe interpretarse como estado contrario a la guerra, pero no como estado exento de conflictos o alteraciones diversas de mayor o menor peligro”.
Peor aún, con lo anterior se sustentaba el hecho de que dentro de sus atribuciones para preservar la tranquilidad nacional y en la colaboración de que ejercen en tareas de seguridad pública, el Ejército y la Armada pueden intervenir sin la solicitud presidencial al Congreso de suspensión de garantías”.
La dictadura y la bota militar está a la vista sobre los mexicanos, es la conclusión a la que se arriba luego de analizar y estudiar el documento que los legisladores obsecuentes del PRI-PAN-PVEM-PANAL-PRD habrán de aprobar mañana en Comisiones y el jueves en el Pleno de San Lázaro, a no dudarlo.
Este será otro baldón sobre las espaldas de esta legislatura sumisa y subordinada a los intereses de EPN y súbditos que lo acompañan.
No obstante, el agravio no termina ahí, porque en el EdoMex, Eruviel Ávila no canta mal las rancheras, pues con la recién aprobada Ley Atenco—Ley del Garrote, dice Dresser--- se criminaliza la protesta social, impide el derecho a la libre asamblea y limita el derecho a la libre asociación, que van en el mismo sentido de los desalojos violentos de San Salvador Atenco en 2006, cuando EPN gobernaba la entidad.
Sobre el particular recomendamos el artículo de Denise Dresser, Reforma, Opinión, p13, 28-III-16, que en verdad no tiene desperdicio y va en el mismo sendero de la pretensión de los diputados federales, que obviamente Dresser no conocía al momento de escribir su participación en el cotidiano citado.
Estos son tiempos de violencia prohijada por el gobierno de EPN ante la situación que vivimos los mexicanos, en que la agenda nacional padece de todos los males que a alguien se le puedan ocurrir y por tanto seamos sujetos de la aplicación de la pretendida modificación constitucional.
Nos queda una pregunta: ¿los legisladores, los que ya aprobaron y los que aprobarán mañana la minuta, conocerán el alcance del documento con el que se lastra a los mexicanos?
Porque estamos hablando de la instauración de la dictadura ¿legal? en nuestro país.
Escribimos en días recientes sobre la tortura en nuestro país y la posposición que el gobierno de EPN decretó para después de octubre, cuando el actual relator de la ONU en esa materia termine su encargo.
Hoy en La Jornada, p11, se hace referencia a que de enero de 2014 a la fecha se han presentado 200 quejas por ese ilícito en Michoacán, que corresponden 94 a 2014, 100 a 2015 y 6 a 2016. El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos---CEDH---señaló que el Congreso local debe actuar para evitar la impunidad.
Cabe preguntar si derivado de estos hechos y otros del mismo tipo en diversas entidades del país, son los que el gobierno mexicano trata de ocultar a los ojos de los relatores de la ONU.
