Delitos sin víctimas
Eloy Garza González

Monterrey.- Uno puede hacer con su cuerpo, su vida y sus propiedades lo que se le antoje. Ese es un principio que nadie pondría en duda. Pero el Estado, arbitrariamente, sin mi consentimiento, impone el uso de la fuerza para que yo no pueda hacer con mi cuerpo, mi vida y mis propiedades lo que yo quiera.

Si un individuo fuma marihuana, el gobierno lo reprime. Las drogas están prohibidas. Si soy un enfermo terminal, no puedo pedir mi muerte asistida. Estoy obligado moral y legalmente a sufrir. No me queda de otra. Igual si compro una casa o un coche: el Estado me cobrará un impuesto por un bien que es exclusiva y legalmente mío.

Se supone que el Estado lo hace en mi propio beneficio: me protege de mí mismo. Aunque sea a la fuerza, sin mi consentimiento. Lo hace por mi propio bien. ¿Pero de verdad una sarta de burócratas, a quienes yo no tengo el gusto de conocer, ni ellos a mí, están preocupados por mi vida? ¿De verdad están mortificados por lo que pueda pasarme? Sobre esa mentira evidente, descansa todo el sistema de administración tributaria.

El equivalente filosófico de esa falacia es el “contrato social”, que firma la sociedad para que la proteja el Estado. ¿Pero alguien recuerda que él o su padre o su abuelo firmara alguna vez ese misterioso contrato social? ¿Es una simple referencia simbólica? ¿Entonces por un símbolo el Estado justifica su dominación sobre mi vida y sobre la de mis vecinos?

De igual forma, el Estado no reconoce que existen crímenes sin víctimas. Si fumo marihuana, el delincuente soy yo y la víctima soy yo mismo. Por tanto, si no hay víctima, tampoco hay delito. Así de simple. Si compro un coche, el gobierno me cobra coactivamente un impuesto por ser dueño de ese vehículo.

Me dice que con el dinero que acumule con el ingreso tributario el Estado me protegerá de los delincuentes, evitará que me secuestren, que mi vida corra peligro.¿Alguien puede creer semejante falacia, cuando las organizaciones criminales se forman, en la mayoría de los casos, con ex policías o ex militares, es decir, con funcionarios públicos?

Para el Estado los ciudadanos no tenemos libertades sino derechos, es decir, pequeñas concesiones que el Estado nos ofrece, nos patrocina o nos tolera. Pero el Estado puede proceder bajo cualquier argumento a quitarme esos derechos, a violármelos en mi propio beneficio.

Si quedara claro que lo que yo haga con mi cuerpo forma parte de mis libertades y no de mis derechos, al Estado se le acabaría su coartada. Comenzaría a vivir en libertad. Y a apelar, en mi beneficio personal, a la cooperación social y al intercambio de bienes y servicios con otros hombres, tan libres como yo.

Pero ya se ve que esto es una utopía. La realidad es solo aquella que decretan los burócratas, según ellos, por nuestro propio bien. Además, esperan que les demos las gracias.