Violencia política
Samuel Schmidt
Ciudad Juárez.- Algo muy serio sucede en el país y no se le presta la atención adecuada: hay un brote preocupante de violencia política en diversos niveles y espacios.
Ignorar el fenómeno tal vez se deba a que son reacciones aparentemente lejos de las zonas de tranquilidad construidas por las élites, o porque éstas mismas élites se han blindado para no sentir que la intranquilidad los puede tocar y esto ha propiciado la agresión de guaruras a ciudadanos pacíficos que se atrevieron a atravesar su auto frente al del prepotente.
México se ha partido entre las zonas protegidas por grandes bardas y cuerpos de seguridad públicos y privados, y las zonas vulnerables, muchas de las cuales, la policía no se atreve a visitar, ni siquiera con los pitos de Mancera.
Al mismo tiempo y posiblemente como parte del mismo fenómeno, la impunidad ha sentado sus reales en el país, está generando espacios de violencia que rebasan con mucho las reglas de armonía que deben imperar para que haya convivencia social. Trátese de jóvenes violadores, policías que desaparecen estudiantes, corrupción que supera los indicadores históricos y respuestas sociales indicativas del fin de la paciencia.
La acción societaria ha dejado atrás al gobierno, que ha perdido toda credibilidad ante los distintos actores sociales. Muchos han decidido pasar a la acción, y no se trata de una postura ideológica precisa, sino simplemente, la seguridad propia: empresarios que tienen que vigilar su mercancía para no ser robados, colonias enteras que se cierran a los visitantes no deseados. Dos actividades con crecimiento impresionante son las agencias de seguridad y el blindaje de vehículos. Pero también se extiende la rabia social.
Durante once meses en 2015 se registraron 63 linchamientos en el país, la mayoría se concentró en Puebla, Estado de México y el Distrito Federal. Estos linchamientos normalmente se dirigen en contra de diversos depredadores que se han beneficiado de la protección policiaca, ya sea que trabajen para los policías, con los policías, o que los corrompan para que los dejen “trabajar”.
Entre los muchos casos existentes, merece comentar algunos que llaman la atención, como el caso de Chapulco, Puebla, donde trataron de linchar a tres personas acusadas de secuestro.
En Ajalpan, Puebla, lincharon a encuestadores, que estaban haciendo su trabajo.
En Atlaltongo, en el Estado de México, linchan a tres personas acusados de secuestro.
En Teotihuacán linchan secuestradores, la policía interviene y detiene a un número de ciudadanos que al parecer participaron en el linchamiento, paso seguido la sociedad retiene a un funcionario hasta que liberan a los detenidos por el linchamiento.
En Santa Ana Tlacotenco la policía evita el linchamiento de tres robacoches.
Ahora que se cumplen 40 años de la película Canoa, que documenta la incitación a la violencia por un cura que termina con el linchamiento de un grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla acusados de comunismo. Debemos prestar atención a que se puede enardecer a las masas, ya sea porque son sumisas ante una “autoridad” o “líder”, o bien, porque alguien puede encender la mecha ante el hartazgo colectivo, derivado en gran medida de la carencia de opciones para ser protegidos.
El linchamiento es una respuesta social; el individuo, siguiendo el análisis de Canetti, se convierte en masa para actuar efímeramente respecto a un estímulo. ¿Puede considerarse como delito? Y si es delito, ¿quién es culpable? Fuenteovejuna. ¿Quién mató al señor comendador? Fuenteovejuna, todos a una.
El linchamiento puede llegar al asesinato y de un inocente, luego entonces: ¿puede la sociedad erigirse en un tribunal de facto?, ¿quién es el asesino?, ¿puede culparse y castigar a alguien específicamente por el crimen?
Muchas veces el gobierno genera las condiciones de irritación que llevan a una respuesta violenta. En Puebla, por ejemplo, hay señales de violencia política que parecen mostrar que emanan de la oficina del gobernador. Van desde la persecución a disidentes, hasta la intervención en las elecciones. El PRI denuncia el bloqueo de su candidata, y el atentado contra un delegado del partido. Parecemos enfilarnos hacia una elección de Estado, o sea, aquella dónde el gobierno mete recursos para inclinar la elección hacia sus intereses personales y facciosos, incluyendo de una forma perversa presión y violencia.
Las acciones abusivas del gobierno y la respuesta furiosa de la sociedad, rebasan el marco legal y confirman la ausencia del Estado de derecho y aunque parezca una cantaleta ya muy cantada, sin Estado de derecho no hay democracia, hay cualquier otra cosa, por cierto con mucha represión y muy poca libertad.
