ESTADO DE LOS ESTADOS
Estrategias y falsedades
Lilia Arellano
Cancún.- Todo el aparato gubernamental federal y, en algunos casos con la complicidad de los estatales, se ha puesto en marcha para evitar el PRI salga de Los Pinos tras las elecciones del 2018.
Por el fracaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, la inoperancia de las reformas estructurales, la falta de resultados en materia económica y productividad, el crecimiento de la pobreza y la miseria entre la población, y el autoritarismo de su régimen ante las demandas sociales. Para intentar mantener al PRI en la Presidencia de la República, la actual gestión se concentra en administrar los conflictos y en ocultar los desastrosos resultados alcanzados a través de la manipulación de las estadísticas del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). De ahí su cerrazón ante las demandas del magisterio respecto a la reforma educativa, lo cual llevo a cerrar la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. De nuevo se utiliza al Poder Judicial para doblegar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Todo parece llevar otra vez a la radicalización del choque entre las autoridades federales (funcionarios, legisladores y hasta magistrados) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), alrededor de la cual se ha aglutinado un abigarrado conjunto social opuesto a las políticas de Peña Nieto. La actitud del titular de la SEP, Aurelio Nuño, eleva el conflicto a nivel nacional y la represión no es la mejor salida para los intereses del gobierno federal como ya se testificó en Nochixtlán, Oaxaca, con la muerte de ocho personas y muchas otras heridas de bala. Desde el exterior se demandó el fin de tan insensata conducta política. Pero la élite política no aprendió la lección y otra vez recurren a la fuerza para desbloquear carreteras en Chiapas, con lo cual agudizan el conflicto. Eso si, se aferran en seguir los dictados del empresariado nacional e internacional y las orientaciones de organismos internacionales como la OCDE y el FMI, cerrando ojos y oídos a los requerimientos de sus gobernados.
La inclusión de la iniciativa privada en el sector educativo tiene sus bases. Una de ellas se centra en las aportaciones económicas dispuestas para servir de “préstamo” a las escuelas. Los montos se regirán de acuerdo a la matrícula de cada plantel y, obviamente, los más socorridos serán los ubicados en zonas urbanas, en lugares en donde la plusvalía de los terrenos en donde están asentados los planteles ha crecido en miles por ciento. Estos créditos llevan un interés descontado al momento de entregar el efectivo y los plazos se acordarán dentro de ese esquema de “Autonomía de Gestión”, con el cual adornan la futura privatización de la enseñanza, aunque lo más cercano a sus intenciones es hacerse de las propiedades ante la falta de pago del empréstito que tiene como aval al gobierno pero respaldado en la realidad por los inmuebles. Como ese dinero proviene de la iniciativa privada, ahí está el centro de la atención prestada a sus “sugerencias” y reclamos sobre meter al orden a los maestros empleando a la fuerza pública.
A BORRONES DESAPARECEN LA POBREZA
Con relación al cambio de metodología en el estudio de la pobreza que realiza el Inegi, éste obedece a un manejo político de la información para beneficiar a la actual administración federal y presentarla como exitosa. La oposición en la Cámara de Diputados acusa: “de lo que se trata es ocultar que mal está el país con la administración de Enrique Peña Nieto”. Y en el Senado legisladores del PAN y PT exigen al gobierno federal no utilizar al Inegi con fines políticos y usar sus datos para ocular la pobreza en el país. “El gobierno de Enrique Peña Nieto no puede acabar con la pobreza del país por decreto ni con información maquillada sobre los ingresos de los mexicanos, como lo hizo el Inegi al alterar las mediciones correspondientes a 2015”, subrayó Fernando Herrera, coordinador del PAN en el Senado.
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, consideró “muy grave” el intento del gobierno federal de “maquillar” las cifras de medición de la pobreza con fines políticos. “Sería absolutamente inaceptable que el gobierno pretendiera comparar las nuevas estimaciones de pobreza, pues claramente serán menores debido al nuevo método de medición implementado por el Inegi. No aceptaremos que nos intenten engañar”, advirtió. A su vez, el senador perredista Mario Delgado, aseguró: ahora el Inegi genera información inverosímil sobre los niveles de pobreza, por lo cual es necesario explicar las razones de las modificaciones. De un plumazo se disminuye la pobreza en los hogares mexicanos, sostuvo. Para la senadora independiente Martha Tagle, lo más preocupante con esos datos dudosos es que dificultan las tareas del gobierno para actuar decididamente en el combate a la pobreza. Ya no se podrán comparar los datos históricos de la evolución de la pobreza en México, esa es una de las consecuencias más graves, dijo.
Desde la semana pasada, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) cuestionó al Inegi por haber modificado una de las variables indispensables para medir la pobreza, contenidas en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015. El estudio presentado por el Instituto este mes mostró modificaciones en una de las variables indispensables para medir la pobreza, lo cual provocó una ruptura en la evolución histórica de las mediciones del Coneval desde 2008. Derivado de esas modificaciones, se muestra un incremento real del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y de más del 30% en algunas entidades entre 2014 y 2015. También se da cuenta de un incremento de 33.6% del ingreso en los hogares más pobres en un año, lo cual no es congruente con la tendencia manifestada en otros informes y otras variables económicas.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Aracelí Damián González, anunció: en coordinación con la Comisión de Desarrollo Social se prepara una reunión con el titular del Inegi, Julio Santaella, y con el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Conveal), Gonzalo Hernández Licona, a fin de aclarar “la forma absolutamente errónea en que se ajustó el ingreso”. Con la modificación a la metodología del Inegi, de manera espontánea, los más pobres de México registran aumentos en sus ingresos, hasta de 40 por ciento, lo cual no se ajusta a la realidad. “Ningún trabajador de los más pobres, que el año pasado ganó 2 mil pesos, ahora recibe 40 por ciento más; eso es imposible porque el incremento del salario mínimo fue de entre 3 y 4 por ciento”, sostuvo Damián González, quien cuestión a Santaella por la eliminación en la base de datos de ingresos “sospechosamente bajos”, los cuales seguramente “son indígenas, personas que viven en zonas muy alejadas, donde verdaderamente sus condiciones son de precariedad inmensa”.
Este miércoles, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) hizo un llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) para no utilizar los datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas del 2015 para medir el nivel de la pobreza este año, a fin de evitar se utilice con fines políticos. De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, una vez que se da a conocer el MCS por parte del Inegi, el Coneval tiene 10 días hábiles para presentar el nivel de la pobreza en el país; para presentar esos datos utiliza información del módulo. El CEEY expuso: el Inegi cometió un error en su nueva metodología para conocer de manera más certera los ingresos de las familias mexicanas; no puede ser comparable con años anteriores ni tampoco puede ser el inicio de un nuevo método de medición.
Por lo anterior, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión llamó a cuentas al titular del Inegi, Julio Santaella, a fin de explicar los motivos y el cambio de metodología en el Modulo de Condiciones Socioeconómicas para la medición de la pobreza. Diputados y senadores de todos los partidos acordaron también llamar a Gonzalo Hernández Licona, titular del Coneval, a una reunión en donde deberá informar si los cambios a la metodología fueron consultados.
La pobreza en el país ha aumentado en un millón de personas más en esa condición anualmente durante la gestión de Peña Nieto, de acuerdo a los propios datos oficiales, como consecuencia del empantanamiento de la economía durante este sexenio. De no fallar las recientes estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) este año la economía mexicana crecerá 2.5% y el 2017, 2.6%, con lo cual el promedio de crecimiento anual en la gestión peñista será de apenas 2.1 por ciento, es decir, igual a la media registrada en los últimos 34 años. Peña Nieto y su gabinete económico encabezado por Luis Videgaray no pudo “mover a México” y lo deja exactamente en el mismo sitio: estancado, corrupto, ineficiente y sin perspectiva de mejoría. Así, ni de milagro podrá concretarse la promesa de campaña presidencial del mexiquense de crecer a un ritmo de 5 por ciento anual.
Ya no hay margen de maniobra para el peñanietismo: es profundo el daño cotidiano al bienestar de la población; la insultante y creciente desigualdad; la impunidad y la inseguridad en todo el territorio nacional; un aparato productivo descoordinado, sostenido por la maquila fundamentalmente automotriz; los fundamentos de la economía entraron en una fase de desequilibrios: triple déficit en balanza de pagos, comercial y fiscal, el cual empuja en ritmo creciente la deuda pública.
Los millones de votantes que en la pasadas elecciones dieron la espalda al PRI y prefirieron otras no serán recuperados en el resto del actual sexenio. El priísmo retornó a su cuota de votantes (29 por ciento o menos aún con sus alianzas). La pérdida de gubernaturas cruciales como Veracruz, Tamaulipas y Puebla, es devastadora para las aspiraciones de continuidad del actual grupo en el poder.
NUEVO MODELO EDUCATIVO
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) condicionó la negociación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) a no presentar el nuevo modelo educativo este miércoles, el cual regirá para 35 millones de estudiantes del país. El martes, la CNTE entregó ante autoridades de la SEP el documento “Ruta del Proceso de Construcción del Proyecto de Educación Democrática”, el cual piden sea incluido en la propuesta del nuevo modelo educativo del gobierno federal. Los líderes del magisterio disidente habían advertido a las autoridades su equivocación al querer imponer cambios en el currículum escolar, lo cual, advirtieron, provocará protestas en los estados.
A pesar de todo y bajo el argumento de tratarse de una propuesta preliminar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentó un nuevo modelo educativo y la propuesta de currícula obligatoria, el cual plantea sean las escuelas de educación básica, de preescolar a secundaria, quienes definan la currícula de sus alumnos y proponen la enseñanza de inglés desde el tercer año de kínder. El nuevo modelo curricular define un perfil de egreso para los estudiantes de educación básica, el cual incluye desde preescolar a secundaria, con tres grandes componentes curriculares: aprendizajes clave, desarrollo personal y social, y autonomía curricular.
El titular de la SEP, Aurelio Nuño, insistió: la modificación del modelo educativo es resultado del mandato constitucional de la Reforma Educativa, la cual, reiteró, busca enfocar todos sus esfuerzos en conseguir pueda acceder a una educación de calidad toda la sociedad mexicana. El nuevo modelo educativo propone que las escuelas de educación básica puedan adaptar una parte del plan de estudios acorde a sus contextos particulares. Así, las escuelas podrán incorporar clases de ajedrez, educación financiera, robótica o proyectos regionales de alto impacto, entre otras, explicó Nuño. Cada escuela podría determinar hasta el 20% de su contenido curricular. La realidad demuestra que, para la impartición de las cátedras mencionadas tendrían que contratarse a otro equipo de maestros lo cual, presupuestalmente es imposible.
Lo propuesto por la SEP entrará a una etapa de discusión y análisis, para luego presentar propuestas finales, y posteriormente tener nuevos planes educativos. Se pretende los cambios entren en vigor en el ciclo escolar 2018-2019, el último a inaugurar por el presidente Enrique Peña Nieto. Ante la cúpula del sindicato magisterial, encabezado por Juan Díaz de la Torre, Nuño detalló: los documentos con el nuevo modelo y la propuesta curricular, serán sometidos del 26 de julio al 29 de agosto a tres esquemas de consulta pública. Establecen cinco ejes pedagógicos de la reforma: las escuelas y su fortalecimiento; la formación y capacitación de los maestros; nuevos contenidos curriculares; garantizar la inclusión y equidad del sistema educativo; y la consolidación de su gobernanza. Las propuestas se discuten con el SNTE, con la organización sindical entregada a las causas gubernamentales con tal de mantener sus prebendas y no con quienes ahora enarbolan, inclusive, las causas de los mentores despedidos.
A fin de garantizar su implementación “gradual, flexible y participativa”, explicó el funcionario, el próximo martes se convocará a una sesión de la Conago, para abordar el tema educativo, e iniciar el primer foro de los tres documentos presentados en la SEP, incluido uno denominado “Los fines de la educación”, el cual establece lo que todo alumno debe saber para insertarse con éxito a la sociedad actual; los cinco ejes pedagógicos de la reforma; y el correspondiente a la propuesta curricular para la educación obligatoria. Los documentos serán consultados en todas las escuelas el país, tras concluir las vacaciones de verano, durante las sesiones del Consejo Técnico Escolar. Se conocerá entonces la posición de los gobernadores y el esquema que aplicarán en cada una de las entidades. Obviamente habrá respaldos aunque también desacuerdos de fondo.
Sobre el particular, la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, se pronunció por revisar el contenido de la reforma educativa y resaltó la reactivación de una comisión de diálogo –impulsada por su partido-, en la cual participen especialistas, pues la intención es “escuchar a todas la voces para complementar la reforma en las Cámaras del Congreso”. La dirigente perredista sostuvo: “ningún diálogo puede prosperar si está condicionado”.
Por otro lado, policías estatales y municipales y civiles encapuchados desalojaron el bloqueo que maestros, estudiantes, padres de familia e integrantes de diversas organizaciones, mantenían en la carretera de cuota San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez desde el pasado 27 de junio para exigir la abrogación de la reforma educativa. Los encapuchados destruyeron y prendieron fuego a las carpas de plástico de los manifestantes en un costado de la carretera, a la altura del kilómetro 46. Se reportó un herido de bala y 20 maestros golpeados. El gobierno de Chiapas explicó que la policía acudió al lugar para evitar un enfrentamiento en la zona. El alcalde de San Cristóbal, Marco Antonio Cancino, se deslindó de cualquier responsabilidad en el desalojo de los maestros.
Y en Michoacán, tras la toma de casetas efectuada el martes, maestros disidentes realizaron el bloqueo de la red ferroviaria en la entidad para protestar contra la reforma educativa. La medida paralizó la movilización de carga que sale del puerto de Lázaro Cárdenas, procedente principalmente de Asia, con destino al centro y norte del país… La CNTE reportó presencia de maestros en siete puntos de las vías férreas en las diferentes regiones de la entidad. Se bloquearon las vías a su paso por Morelia, Yurécuaro, Maravatío, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Uruapan y Pátzcuaro.
DE LOS PASILLOS
De manera sospechosa, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México le asignó un contrato a la empresa Aldesa, socia de OHL, para realizar distintas obras dentro de la construcción del nuevo aeropuerto capitalino. El contrato se asignó de manera directa, sin licitación pública de por medio. La ley establece en este tipo de contrataciones deben ser abiertas y participar más empresas para así garantizar el mejor precio posible, denunció el diputado federal panista, Jorge López Martín. Las obras a desarrollar por Aldesa son la construcción de accesos y plataformas para explotación geotécnica, rehabilitación de tramos de prueba y bacheo somero de caminos existentes dentro del terreno del nuevo aeropuerto. El también secretario de la Comisión de Transporte de la Cámara baja advirtió: el nuevo aeropuerto corre el peligro de convertirse en un verdadero agujero negro, pues las proyecciones sobre cuánto costará se han estado incrementando. “A pesar de que el presidente de la República planteó un monto inicial de 120 mil millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifestó semanas más tarde que rondaría los 170 mil millones y hasta este momento ha rebasado los 200 mil millones de pesos”, aseguró López Martín… Al final, no sabremos cuánto costó el capricho de contar con plazas comerciales con aeropuerto…
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