Profeco: “no me defiendas, compadre”
Eloy Garza González
Monterrey.- Fui a comer al restaurante Pujol de la Ciudad de México. Uno de los mejor ubicados en el ranking mundial. Su chef, Enrique Olvera, tiene reconocimiento internacional. No hay menú fijo. Los platillos dependen de la inspiración que ese día tenga Olvera. Sirve al cliente literalmente lo que se le antoja.
Pero analicemos el excelente servicio que ofrece a sus comensales el restaurante Pujol desde el punto de vista de la autoridad pública, concretamente de la Profeco. La normatividad obliga a todo restaurantero que en su menú detalle claramente lo que ofrecerá a sus clientes. Nada de caprichos del chef que no vengan en la carta con su correspondiente precio. El corte de la carne tiene que especificar su gramaje. Igual el peso del pescado. Si incumple con esos datos será sujeto a sanciones.
En cualquier momento la Profeco podría imponer multas severas al restaurante Pujol porque no respeta una larga lista de normas. Esto no prueba por supuesto que Enrique Olvera engañe a sus clientes, sino que el Estado no tiene derecho a intervenir en un acuerdo entre particulares.
El problema es que incluso un gran economista, George Ackerlof, Premio Nobel 2001, inventó un concepto para justificar este tipo de regulaciones estatales: la “asimetría de información”. Esto quiere decir que el productor tiene información que no tiene el consumidor, por lo que el Estado se siente con la obligación de corregir esa asimetría. El gobierno sanciona al dueño del negocio porque (a su modo de ver) está abusando de sus clientes a quienes dice defender, aunque estos estén satisfechos con el servicio que pagaron.
El colmo de esta regulación es la revista que publica al gobierno con nuestros impuestos, en donde la Profeco determina cuáles productos del mismo género son mejores que otros, con lo que genera una práctica desleal entre la competencia de un mismo giro comercial.
En realidad no hay mejor sanción en contra de un producto o servicio en el mercado, que el consumidor deje de comprarlo, o que por sentirse poco satisfecho por lo pagado, deje de ir a determinado restaurante, o bar o antro. Si ya no regresa la mayoría de sus clientes, y pierde reputación, cualquier negocio quiebra. Así de simple, sin necesidad de apoyos o sanciones de la Profeco que pretende regular arbitrariamente el consumo y abrir así un espacio para la corrupción.
Claro, se puede alegar que la Profeco adquiere su verdadera importancia en el caso de los monopolios de un bien o servicio. Sin embargo, para que exista un monopolio, es necesario que el propio Estado le otorgue una licencia o permiso exclusivo a un solo productor. Es decir, la culpa de todo monopolio en el mercado es del propio gobierno.
En realidad lo que debe imperar no es la regulación del mercado por parte de la Profeco, sino la autodefensa del propio consumidor: si no me gusta el servicio por el que pago, dejo de adquirir en un futuro ese servicio y elijo el de la competencia. El único principio por tanto que debe regir en el consumo es lo que en latín se denomina “Caveat Emptor”, es decir, el consumidor asume el riesgo y decide si vuelve a comprar un producto o un bien, de acuerdo a su nivel de satisfacción, sin que el Estado decida por él cuál producto es mejor que otro ni se entrometa en el mercado.
Ya quisiera ver cómo se le irían encima los comensales asiduos al Pujol si al gobierno se le ocurriese sancionarlo cualquier día de estos.
