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2182 6 Septiembre 2016

 



La presencia de la ausencia
Irma Alma Ochoa

 

Monterrey.- Agradezco a Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, A.C., la oportunidad que me brindan para invitar a leer La Presencia de la Ausencia, un trabajo colectivo que reúne 14 historias y 12 reflexiones. La Presencia de la Ausencia contiene historias de personas desaparecidas en un contexto de violencia contra el narcotráfico desplegado por el ex presidente Felipe Calderón a fines de 2006, lo que provocó una espiral de criminalidad que no ha parado aún.

La portada del libro es la imagen de Angie, una niña que, acompañando a su mamá, ha pasado la mitad de su vida buscando a Gino Alberto, su hermano.

La Presencia de la Ausencia habla de personas que un día salieron a buscar trabajo, regresaban de la escuela, esperaban el transporte público, trasladaban mercancías por las carreteras federales, conducían un auto por calles comunes, comían tacos con los amigos, arreglaban una motocicleta frente a su casa, veían la televisión en su recámara o hacían una tarea escolar en la computadora, cuando –sin imaginarlo siquiera- fueron desaparecidas.

Gloria Karina, Carlos Alberto, César Guadalupe, Ernesto Efraín, Gino Alberto, Irving Javier, José Ángel, Kristian Karim, Miguel Ángel Galo, Miguel Ángel, Nicolás, Osvaldo, Roy. ¿En dónde están?, ¿dónde buscarles?, ¿dónde encontrarles?, ¿alguien tiene la respuesta a nuestras preguntas?

Sus historias, contadas por las madres, padres, hermanas, hermanos o esposas, nos permiten conocer pasajes de su vida privada, su carácter, alegrías, tristezas, gustos, aficiones, habilidades y destrezas. El trabajo desempeñado aún siendo niños, sus juegos, travesuras, estudios, saberes, oficios, empleos o deportes que practican. Ellas y ellos están presentes en cada párrafo, en cada palabra, en cada verbo.

Utilizaré este momento para referirme al contexto de la desaparición, calificado por las familias y por las agencias internacionales como la peor violación a los derechos humanos.

En 2009, junto a otras ONG, acompañamos la búsqueda de dos niñas y un niño, que estaban internados en el Centro de Adaptación e Integración Familiar, A.C. (CAIFAC), una asociación que contaba con reconocimiento oficial y apoyo económico del gobierno estatal. Durante varios meses se hicieron diligencias para que la dirección de CAIFAC regresara a las niñas y al niño a sus familias. Ante la insistencia, una Agente del Ministerio Público pidió a la directora de CAIFAC que le  presentara a los niños, la respuesta fue: mañana los presento, el mañana no llegó. De lo anterior puede deducirse la negligencia gubernamental.

Así, sin encontrar a nuestras personas desaparecidas ni tener justicia, nos hallamos desde hace más de una década. No es nada nuevo señalar que la estrategia implementada para combatir la delincuencia organizada se salió de cauce. Que la lucha sin cuartel, en vez de brindar seguridad, ha golpeado a la población civil con desapariciones, feminicidios, homicidios y violencias de todo tipo perpetradas por cárteles o por elementos del Estado.

No se sabe aún la cifra exacta de víctimas. Se estima que de 2006-2015 han desaparecido a más de 28 mil personas. En este periodo, de 86 países examinados por la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México fue el país con la mayor tasa de crecimiento en homicidios dolosos[1]. Según datos aportados por el SNSP de la Secretaría de Gobernación, 156 mil 827 personas fueron asesinadas intencionalmente en México.[2] ¿Cuántas de estas personas asesinadas han sido identificadas por sus familias?, ¿cuántas de ellas permanecen sin identificar?, ¿en dónde están?

En febrero de 2016, con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el gobierno federal declaró que 26 mil 672 personas seguían desaparecidas[3]. Después de la divulgación de las cifras interesa que implementen acciones efectivas y eficaces para su conseguir su localización. Hasta hoy son las mismas familias las que encabezan las búsquedas, bajo el inclemente sol o la pertinaz lluvia, con herramientas sencillas remueven la tierra en brechas, cañadas o cerros.

Hemos acompañado a las familias de FUNDENL a revisar los expedientes en la procuraduría, podemos constatar que los expedientes están casi vacíos, el “casi” es sólo la hoja de denuncia de la desaparición.

Se intuye –no sin razón- que no se registran en su justa dimensión los crímenes atroces u otras violaciones graves a los derechos humanos, producto del conflicto, la inseguridad y la impunidad. Esto se confirma al visitar las páginas construidas expresamente para el registro de delitos infamantes; ahí, los datos son incompletos o reducidos al mínimo. Los datos cuentan y cuentan mucho para conocer la magnitud del problema.

El informe del Human Rights Watch consignó, en 2011, que sólo se denuncian diez de cada cien violaciones a derechos humanos. Según el Informe Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México, 2016, “más del 90 por ciento de los crímenes en México no se ha informado a las autoridades”. (p. 8)

Esto lo hemos comprobado en las reuniones de FUNDENL. A la plaza de Los Desaparecidos han acudido mujeres que relatan la desaparición de uno o varios de sus familiares, y han dicho que no denunciaron los hechos por temor a represiones o por miedo a que su familiar (hoy desaparecido), pudiese sufrir alguna lesión. También han dicho que no denunciaron por proteger a sus demás hijos. Más allá del temor, una constante es la desconfianza que dicen tener en las agencias policiales.

Sabemos que las cifras comentadas son frías, que deshumanizan; por eso se insiste en hallar la identidad de las víctimas. Es importante ponerle rosto a cada NO NOMBRE, porque detrás existe una historia, una vida truncada, una libertad expropiada, un dolor infringido, una injusticia perpetrada, una familia que busca.

Nos angustia y nos duele, que el resultado de la disputa contra el narcotráfico, sean cientos de fosas comunes clandestinas. Circula la afirmación –nada inverosímil- de que hay más sin ser ubicadas. También nos preocupa la falta de identificación plena de cientos de personas, muchas de ellas sepultadas en fosas comunes públicas, cavadas a lo largo y ancho de la República. Recientemente, FUNDENL localizó a un hombre adulto desaparecido, cuyo cuerpo yacía en una fosa oficial.

Al respecto, Milenio Diario (3-11-2013), publicó un reportaje del periodista Víctor Hugo Michel, quien a través de solicitudes de acceso a la información encontró que en el sexenio de Calderón, “24 mil 102 personas fueron remitidas a una fosa común entre 2006 y 2012”. Especificando que “este dato se acerca mucho a la cifra de 24 mil 803 personas desaparecidas que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos”[4]. Más adelante agrega que: “Nuevo León[5] se ubica en el cuarto sitio del listado, con 122 inhumaciones anónimas [en 2013], casi una tercera parte de esa cifra pertenece a 45 torsos que fueron abandonados en el municipio de Cadereyta y jamás pudieron ser identificados”. ¿Quiénes fueron en vida?, ¿eran migrantes?, ¿les tomaron muestras genéticas?, ¿las han contrastado con las de las personas desaparecidas?, ¿a quién le duele su ausencia?, ¿quién piensa en ellas, en ellos?, ¿quién les busca?

Aparte de la negligencia de quienes se comprometieron a servir, pero no investigan debidamente los delitos, en todo estudio sobresale la impunidad. Tomo de nuevo un aporte del Informe Atrocidades innegables…, “entre 2009 y 2015 los fiscales federales formularon acusaciones en solo el 16 por ciento de las investigaciones por homicidios” (p.12). Del otro lado de la moneda, el 84 por ciento de los crímenes sigue impune.

Parafraseando a Dostoyevsky, tal parece que en el país el crimen queda sin castigo. ¿Cuántos del 16 por ciento de expedientes que llegan al Poder Judicial alcanzan sentencia?, ¿en cuántos la sentencia es absolutoria?, ¿en cuántos condenatoria?, ¿purgan su sentencia quienes fueron condenados?

En esta relación de dolor y ausencias es preciso mencionar que en el gobierno de Calderón repuntaron las violencias contra las mujeres. Brenda Damaris González Solís, fue desaparecida en 2011, los últimos en verla con vida fueron agentes de tránsito de Santa Catarina. Meses después sus restos fueron localizados en una brecha por la carretera Monterrey-Saltillo. Por duda razonable, su identificación genética fue examinada por forenses peruanos. En febrero de 2015 el gobierno entregó su acta de defunción con un dato falso, decía que la joven había fallecido en su casa. ¿Por qué el engaño?, ¿a quién beneficia?

El documento Violencia feminicida en México[6] muestra la desigualdad genérica aún en la barbarie. Detalla que con las mujeres se emplean “los medios más brutales para asesinarlas: la proporción de casos en los que se recurrió al ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento e inmersión casi se triplican cuando la víctima es una mujer respecto a un varón… los objetos romos o sin filo son poco usados, [pero] se utilizan con mayor frecuencia en los homicidios de mujeres (p.39). Asimismo, en las páginas de los diarios hay un sinfín de casos que muestran la crueldad exacerbada, como el asesinato de Gabriela Muñiz, “la Pelirroja”, primera mujer en ser colgada viva de un puente en la ciudad de Monterrey (31-12-2010)[7].

Aparte, pero no menos deplorable es que la tortura, pese a que es un delito, se ha convertido en una herramienta utilizada en investigación policiaca para fabricar “evidencias”, generando resultados perversos como el encarcelamiento de personas inocentes, pretexto suficiente para no buscar a las personas desaparecidas.  (O.S. 16)

Aparte de la atrocidad de los delitos y de la impunidad, lidiamos con el lenguaje. Los actos criminales son categorizados arbitrariamente. En los códigos vigentes no existe el delito de “ejecución”, la privación intencional de la vida de una persona, no es una ejecución sino un homicidio o un feminicidio. No es lo mismo sancionar una tortura que de manera prodigiosa cambie a abuso de autoridad. Nombrar la desaparición, no es lo mismo que decir levantón, con este término –de manera involuntaria o no- se banaliza el problema y, en el peor de los escenarios se criminaliza a la víctima. No falta quién exclame ¡en algo andaba!, poniendo en entredicho la dignidad de las víctimas.

Por si fuera poco, en este problema complejo y multifactorial, se advierte la negación, trivialización o minimización de los crímenes en los discursos de muchos funcionarios de diferentes niveles. De manera general y sin fundamento, aseveran que las víctimas tenían nexos criminales. Las narrativas están ampliamente documentadas, algunas de propia voz y frente a las cámaras, como la acusación que hizo Calderón, al señalar que  “el 90 por ciento de las personas asesinadas en el conflicto eran víctimas de violencia entre cárteles”[8]; mientras que otras se ocultan en el anonimato: “fuentes gubernamentales dijeron que una línea de investigación apunta a narco-menudistas que habrían asesinado a los jóvenes en venganza [Villas de Salvárcar, 31-enero-2010]”[9].

Varias de estas declaraciones lanzadas al aire, cayeron en tierra fértil y consiguieron disminuir las exigencias de investigar y procesar debidamente los delitos. Por fortuna, no es el caso de la Familia FUNDENL, que no ceja de exigir la presentación con vida de nuestras personas desaparecidas.

En este contexto de violencias sistemáticas y generalizadas, de clasificaciones erróneas y difamatorias, de impunidad y de incremento de crímenes se dio la desaparición de Gloria Karina, Carlos Alberto, César Guadalupe, Ernesto Efraín, Gino Alberto, Irving Javier, José Ángel, Kristian Karim, Miguel Ángel Galo, Miguel Ángel, Nicolás, Osvaldo, Roy. ¿En dónde están?, ¿en dónde están?

Les recomiendo la lectura de este libro, está hecho con el corazón.

 

Notas
[1] De 86 países encuestados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). México Evalúa, Indicadores de víctimas visibles e invisibles de homicidio. Disponible en: http://mexicoevalua.org/2012/11/indicadores-de-victimas-visibles-e-invisibles-de-homicidio [acceso 28-08-2016].
[2] Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, a nivel nacional se cometieron: 156,827 homicidios dolosos (fines de 2006 a 2015). http://secretariadoejecutivo.gob.mx/ incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-fuero-comun.php [acceso 28-08-2016].
[3] Base de datos SNSP, disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php [acceso, 28-08-2016]. El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas RENPED es gestionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

[4] Víctor Hugo Michel, “A la fosa común, seis cuerpos al día desde 2011”. Los ningún nombre del nuevo sexenio, disponible en http://www.milenio.com/politica/fosa-comun-cuerpos-dia_14_183721627.html [28-08-2016]
[5] Los forenses de Baja California ha remitido a la fosa común a 356 cadáveres no identificados, Jalisco en segundo lugar con 156, Chihuahua en tercero con 133.
[6] Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010. ONU-Mujeres 2012.
[7] Periódico La Jornada. La Pelirroja fue colgada de un puente aún con vida, revela autopsia. (3-01-2011) [acceso 28-08-2016], información disponible en http://www.jornada.unam.mx/2011/01/03/politica/008n1pol
[8] Al referirse a los 35 cuerpos masacrados encontrados en Boca del Río, Veracruz. Al ser identificados se comprobó que eran jóvenes de entre 15 y 29 años (cuatro menores de edad) y ningún nexo con el crimen. Ver Lista de nombres de 26 de los 35 cuerpos encontrados en Veracruz, disponible en Zona Franca, 30-09-2011: http://zonafranca.mx/lista-de-nombres-de-26-de-los-35-cuerpos-encontrados-en-veracruz. [28-08-2016]
[9] Periódico la Jornada. Martes 2 de febrero de 2010. Sube a 16 el número de víctimas de la masacre en Ciudad Juárez.  http://www.jornada.unam.mx/2010/02/02/estados/028n1est [28-08-2016]

* Texto leído por la autora, directora de Arthemisas por la Equidad, A.C., en la presentación del libro La presencia de la ausencia, realizada en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Monterrey, N. L., 2 de septiembre de 2016.

 

 

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