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19 octubre 2010
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Nuevo atentado en contra de radios comunitarias

Desde el viernes 15 de octubre y hasta este lunes, continuaba extendiéndose la voz de protesta por el más reciente atentado perpetrado por el Estado mexicano en contra de la radio comunitaria.

La víctima ahora fue una estación de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas; pero la acción es muy semejante a lo sucedido en Monterrey en junio del 2008, cuando fuerzas federales armadas irrumpieron violentamente en las instalaciones de Radio Tierra y Libertad.

Reporteros Sin Fronteras y otras instituciones comprometidas con la libertad de expresión, los derechos humanos y los valores democráticos fundamentales denunciaron el nuevo abuso, que hace evidentes las prioridades en el aparato del poder.

Adjunto la información que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC) está haciendo circular internacionalmente.

Alfonso Teja Cunningham

 

Cierran la emisora comunitaria Radio Proletaria en Chiapas en violento operativo

 

(AMARC/CENCOS/IFEX) - El 12 de octubre de 2010, aproximadamente a las 19:30, un grupo de 25 a 30 personas encapuchadas y con armas largas llegaron en cuatro camionetas Ranger a las instalaciones de la Organización Popular Emiliano Zapata (OPEZ) ubicada en la avenida La Cascada y Privada Nochebuena de la colonia 12 de Noviembre, al norte de la capital del estado de Chiapas.

El grupo, integrado por miembros de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Unidad Especial de la Policía Sectorial del estado de Chiapas, ingresó de forma arbitraria y con uso excesivo de la fuerza a las instalaciones de la OPEZ donde se encuentra la Radio Proletaria. Los funcionarios no se identificaron ni presentaron diligencia alguna que fundara y motivara el ingreso a las instalaciones de la radio.

El operativo duró hasta las 21:30 horas aproximadamente. Durante el mismo, los funcionarios del estado se llevaron todo lo que había en la radio, incluyendo los equipos que utiliza para transmitir y una antena. Posteriormente detuvieron a seis personas, entre ellas a Vicente Antunar Pablo y Salvador Saavedra, integrantes de OPEZ, así como a Carlos Martínez Ruíz de 14 años de edad, quien participaba en la radio. Los detenidos fueron trasladados inicialmente a las instalaciones de la PGJE. Posteriormente dos de ellos fueron liberados.

El menor Carlos Martínez estuvo desaparecido alrededor de 12 horas, sin posibilidades de contactar a sus padres hasta un día después. Durante su detención le informaron que estaba acusado de robo. Sin embargo, todo el interrogatorio giró en torno a las actividades que realiza la radio y sus integrantes. Fue sacado de las instalaciones de la PGJE en una camioneta para que señalara el domicilio de tres integrantes de la radio. Tras ser llevado al Tutelar de Menores fue liberado a las 21:30 horas del 13 de octubre.

Estos hechos estuvieron plagados de violaciones a los derechos humanos y constituyen un atentado a la libertad de expresión por parte de las autoridades estatales chiapanecas puesto que incurrieron en abusos graves tales como allanamiento de morada y uso indebido de la fuerza pública para silenciar una radio comunitaria. La utilización abusiva del derecho penal como una forma de amedrentar a integrantes de la radio significa la criminalización de su labor periodística.

La Radio Proletaria inició hace cuatro años a fin de trabajar en favor de los derechos humanos de la comunidad. Es un proyecto operado y construido primordialmente por jóvenes habitantes de la colonia 12 de Noviembre de la capital chiapaneca, quienes han encontrado en la radio un espacio para encontrarse, crear otros horizontes de vida y construir formas distintas de relacionarse con su comunidad a través del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. La Radio Proletaria es una radio comunitaria integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC).

Con estos hechos el estado mexicano incumple con sus obligaciones internacionales de derechos humanos al criminalizar a integrantes de una radio comunitaria a través de las autoridades del estado de Chiapas.

elPor lo anterior, las organizaciones firmantes hacemos un llamado al estado mexicano a fin de que cese de inmediato en Chiapas todos los ataques a los medios de comunicación y personas que llevan a cabo una labor social; realice una investigación seria, expedita e imparcial para identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y en su caso se les sancione; y devuelvan a la radio de manera inmediata los objetos y aparatos que fueron sustraídos.

Organizaciones firmantes:

Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Red Nacional de Organizaciones Civiles "Todos los Derechos para Todos y Todas"

 

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