A 57 años del voto
Irma Alma Ochoa
   
Por estas líneas expreso mi reconocimiento a todas las mujeres mexicanas que impulsaron desde diversas trincheras, momentos y geografías, los derechos políticos conseguidos a partir del 17 de octubre de 1953, y a los hombres que corresponsablemente asumieron el reto.
 
La democracia griega se define por el principio de la igualdad en el que todos los ciudadanos tienen el derecho de intervenir en los tribunales y hablar en las asambleas, aunque el término todos no incluyó a las mujeres y a los esclavos. De ello se percataron las y los excluidos.
 
Advirtiendo otro mundo posible para sí mismas y sus familias, a partir de que soplaron los vientos de la Independencia, las zacatecanas, en 1836, pidieron ser reconocidas como ciudadanas al enterarse, quizás, que no estaban contempladas en la Constitución de Apatzingán, importante documento que estableció la República y proclamó los derechos fundamentales del hombre en igualdad ante la Ley.
 
En su empeño por promover la participación política y la demanda de inclusión de las mujeres en el entramado político, Dolores Jiménez y Muro fundó la organización Regeneración y concordia. Mientras que, Carmen Serdán junto con otras mujeres activistas, escritoras, periodistas, soldaderas y soldadas se unieron a la propuesta lanzada por Francisco I. Madero: Sufragio efectivo, no reelección.
 
Pocos años más tarde, las participantes del Primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán, en 1916, debatieron la emancipación de las mujeres del yugo de las tradiciones, la reducción de la mayoría de edad de las mujeres de 30 a 21 años, la importancia de la educación laica y más y mejores opciones educativas, así como el acceso a puestos públicos.
 
Por otra parte, Hermila Galindo de Topete, pionera del movimiento feminista mexicano, exhortó a los constituyentes a incorporar a las mujeres en el texto de la Constitución Política que regiría el destino del País. Tal vez por “economía de lenguaje”, los redactores aprobaron la Carta Magna de 1917, omitiendo a la mitad de la población.
 
Esta omisión fue la causa de que alcanzáramos la ciudadanía a cuentagotas. Algunos gobiernos estatales buscaron reparar la falta. Yucatán aprobó, en 1923, la participación de las mujeres en elecciones locales; Elvia Carrillo Puerto, conocida como La Monja Roja del Mayab, resultó electa Diputada, pero no tomó posesión del cargo por amenazas contra su vida. En tanto que, en 1925, el Congreso de Chiapas concedió a las mujeres de 18 años en adelante, los mismos derechos políticos que ostentan los hombres.
 
La llamada revolución silenciosa empezó a dejar huella de su paso en la legislación nacional. En 1947 el Congreso de la Unión aprobó la reforma por adición al artículo 115, en donde las mujeres conquistan el derecho a participar en elecciones en el ámbito municipal en todo el País.
 
Después de muchas contiendas, por fin, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 Constitucional, que garantiza la ciudadanía plena de las mexicanas. El nuevo texto establece: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres…”, resarciendo la omisión de 1917.
 
Es preciso destacar también, la relevancia de la conquista por la igualdad jurídica entre el varón y la mujer que se logró en diciembre de 1974, al aprobarse las reformas al artículo 4° Constitucional, publicadas el 1º de enero de 1975.  
 
Después, llegaron las cuotas para equilibrar la balanza. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en el artículo 175 que los partidos políticos promoverán y garantizarán la igualdad de oportunidad y la equidad entre mujeres y hombres en la vida política del país, a través de postulaciones a cargos de elección popular. Y, en el 175-A, dice que “en ningún caso incluirán más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.”
 
Pero del Derecho al hecho aún hay un largo trecho. Como botón de muestra el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, ella decidió contender en las elecciones para alcaldesa en Quiegolani, Oaxaca, en el 2007, pero en la Asamblea anularon las boletas con su nombre; ¿las razones?: por ser mujer, por ser profesionista y porque no estaba en la lista nominal.
 
A 57 años de la consecución del voto, sólo ha habido seis gobernadoras: la primera, Griselda Álvarez Hernández, Colima (1979-1985); le siguieron: Beatriz Paredes, Tlaxcala (1987-1992); Dulce María Sauri, Yucatán (1991-1994); Rosario Robles, Distrito Federal (1999-2000); Amalia García, Zacatecas (2004-2010) e Ivonne Ortega Pacheco, Yucatán (2007-2012). Actualmente, en el Congreso de la Unión legislan 135 mujeres y 365 hombres; en el Senado debaten 28 mujeres y un centenar de hombres.
 
Sí, conmemoramos un aniversario más del voto femenino en México. Se estableció en la Ley la igualdad en todos los ámbitos, para unos y otras; aunque es evidente que está muy lejos de ser alcanzada en la arena política, y en la económica, y en la educativa, y en la salarial, y se feminiza la pobreza y crece la migración femenina, y aumenta la violencia feminicida.
 
Adenda: la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (AGNU/1952), firmada por México, el 31 de marzo de 1953, lo insta a reconocer el derecho de las mujeres a votar en todas las elecciones en igualdad de circunstancias con los hombres; a ser elegibles para todos los organismos públicos establecidos y a ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas establecidas por la legislación nacional, sin discriminación alguna.

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