ANÁLISIS A FONDO
Por fin la Ley de Protección
Francisco Gómez Maza

Mañana jueves entra el proyecto al Senado
Amarrada su aprobación para este periodo

Ciudad de México.- ¿Por fin habrá un mecanismo legal para proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas?

Es de todos conocida la impunidad en la que quedan los crímenes perpetrados en contra de ellos. Cuántos periodistas, por ejemplo, han sido desaparecidos, secuestrados, asesinados.

Grupos de defensores de los derechos humanos y organizaciones protectoras de  periodistas presentaron este martes, ante comisiones y senadores de los diferentes partidos políticos, el proyecto de iniciativa con proyecto de decreto de la ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Análisis a Fondo pudo conocer que el análisis, discusión y aprobación de la ley está ya negociada y amarrada, y no pasará el presente periodo legislativo, que termina al concluir el mes de abril, para que haya un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas.

En lo que se refiere a la protección a periodistas fue determinante la labor de estudio y discusión del proyecto legislativo de la Casa de los Derechos de Periodistas que, junto con otras instancias, comenzó, hace unos cuatro meses,  a dialogar de a de veras con integrantes del Senado de la República.

El proyecto propone la creación de un mecanismo de protección; un diseño institucional de funcionamiento del mismo; procedimientos para la incorporación al mecanismo de protección; diversas medidas para prevenir y proteger las agresiones, y la cooperación, en el ámbito de sus competencias, entre la federación y las entidades federativas, así como la participación de la llamada sociedad civil.

De acuerdo con el proyecto, la ley citada tiene por objeto garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa y promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

De acuerdo con la iniciativa, la ley creará un mecanismo de protección para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

Para ello, habrá una junta de gobierno conformada por nueve miembros permanentes con derecho a voz y voto y serán: un representante de la Secretaría de Gobernación, un representante de la Procuraduría General de la República, uno de la Secretaría de Seguridad Pública, uno de la de Relaciones Exteriores, uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh) y cuatro del Consejo Consultivo, elegidos de entre sus miembros.

La junta de gobierno invitará a todas sus sesiones, con derecho a voz, a un representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Uno del Poder Judicial de la Federación, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y al presidente de la Cndh.

El Consejo Consultivo será el órgano de consulta de la junta de gobierno y estará integrado por nueve consejeros. En su integración, se buscará un equilibrio entre personas expertas en la defensa de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

En cuanto a la solicitud de protección, evaluación y determinación de riesgo, las agresiones se configurarán cuando por acción u omisión, o en aquiescencia, se dañe la integridad física, sicológica, moral o económica de persona defensora de derechos humanos o periodista; cónyuge, concubina, concubino, ascendientes, dependientes de las personas defensoras de derechos humanos o periodista; personas que participan en las mismas actividades desde el mismo grupo, organización o movimiento social; los bienes de la persona, el grupo, organización o movimiento social y las demás personas que se determine en la evaluación de riesgo.

Las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes de protección se deberán extender a aquellas personas que determine el estudio de evaluación de riesgo o el estudio de evaluación de acción inmediata.

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