ANÁLISIS A FONDO
Trama de la impunidad
Francisco Gómez Maza
Ausencia de escrupulosidad en los procesos
MP y forenses, desidiosos e irresponsables
Ciudad de México.- El análisis del informe sobre el feminicidio de la Cámara de Diputados, presentado por Análisis a Fondo en su entrega de ayer, muestra algunos de los hilos de la trama de impunidad, que cubre a la mayoría de los asesinatos de mujeres en todo el país.
Las generalizadas fallas de las autoridades ministeriales y forenses, encargadas de asentar la información de los certificados de defunción y de la realización de las necropsias, que ocurren de manera generalizada en todo México, son un factor fundamental para que los crímenes, o feminicidios, queden en el limbo de la impunidad.
La falta de escrupulosidad, desidia, en el cumplimiento de la normatividad, por parte de ministerios públicos y peritos forenses, ocasiona que muchos de los aparentes suicidios de mujeres no se investiguen, y que aun en muchos de los asesinatos más obvios se pierda información vital para las indagatorias.
Aportación adicional derivada del análisis estadístico del informe legislativo deriva en un conocimiento cercano, verificable y cuantificable de la manera como se aplican las disposiciones, que norman la actuación de las autoridades ministeriales y forenses, al momento de enfrentarse a los delitos que se cometen en contra de las mujeres.
De acuerdo con la información sobre averiguaciones ministeriales, proporcionadas por las procuradurías de justicia de 12 estados de la federación mexicana a la Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios, entre el año 2000 y el 2009, se abrieron en dichas entidades 1,594 averiguaciones, lo que cubre sólo la mitad de los casos. En una buena parte de los mismos se desconocía la identidad de las víctimas, o sus datos de filiación estaban incompletos.
Así, los resultados del estudio muestran con claridad la imperiosa necesidad, no sólo de acelerar el paso para introducir mejoras en los registros administrativos sobre violencia contra las mujeres, disponibles en el país, sino también de incorporar el enfoque de género en la producción de la información, en particular en los ámbitos de procuración e impartición de justicia.
Esto implica que las estadísticas sobre denuncias, averiguaciones previas, delitos, presuntos delincuentes, sentencias y sentenciados prevean variables que permitan valorar y tomar medidas, en el ámbito local, para eliminar los riegos, y garantizar la vida y la libertad de las mujeres.
De manera específica, el estudio evidencia las fallas y debilidades de los registros administrativos, y muestra la necesidad de actualizar los formatos de captación “Estadística de presuntos delincuentes” y “Estadística de delincuentes sentenciados”, que hace llegar el INEGI a los juzgados para su llenado, de tal manera que se incorporen en ellos las características de las víctimas –tal vez con las mismas variables empleadas para los presuntos delincuentes o los sentenciados-, por supuesto sin omitir la variable de sexo.
De acuerdo con la Comisión legislativa, habría que considerar un campo que permitiese conectar las denuncias (el número de acta, en el ámbito de la procuración de justicia, del Poder Ejecutivo) con los procesos penales (en el ámbito de impartición de justicia, del Judicial).
Ante un acto violento contra una mujer, puede ocurrir que éste no se halle tipificado como delito en el Código Penal, por lo que no se encontrará en los registros de los procesos de procuración e impartición de justicia.
Muchas veces se observa la concurrencia de más de un delito y de más de un agresor. Si bien en tales casos pueden aparecer en la estadística de procuración de justicia, asentados en las averiguaciones previas, especificando su concurrencia, el reporte de estos resulta complicado.
En el caso de la estadística de la impartición de justicia, la información se registra para cada uno de los agresores, identificados como presuntos responsables y no por delito o víctima, de tal forma que hoy en día se pierde el registro de las víctimas a lo largo de los procesos.
Además, los procesos pueden abarcar varios periodos anuales, lo que complica la medición de la impunidad de los delitos. Para proponer cualquier indicador de esta última, es necesario tomar en consideración todos estos aspectos y, en particular, ligar las diversas etapas de los procesos, de tal manera que se puedan conectar los actos violentos con las denuncias, las averiguaciones previas, los procesos judiciales y las sentencias emitidas, y así poder dimensionar de manera adecuada el grado de impunidad en los actos violentos contra las mujeres.
Mientras, la lucha de un segmento significativo de la comunidad, la informada y por tanto concientizada y comprometida con los derechos humanos, continúa…
A ver de qué cuero salen más correas.
analisisafondo@cablevision.net.mx
