ANÁLISIS A FONDO
Soborno, motor del negocio
Francisco Gómez Maza
Desvanecida frontera entre funcionarios y narcos
Reto para el próximo presidente de la república
Ciudad de México.- El gran reto para quien “gane” la presidencia de la república, el primero de julio, no es el narcotráfico ni el blanqueo de dinero. Es la corrupción que desvanece la frontera entre un funcionario público y un narcotraficante.
No lo ha logrado nadie. No ha podido o no ha querido. Las bandas de narcotraficantes, en vez de ser domeñadas por la guerra de Felipe Calderón, se han multiplicado. Los cárteles se han dividido y, de entre unos pocos grupos, hoy México cuenta con más de ocho organizaciones criminales. Y los cargamentos de droga siguen fluyendo, y los de dólares y euros siguen siendo trasferidos de un banco a otro.
El negocio va viento en popa. Más boyante que cuando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas le declaró la guerra hace 5 años y medio.
¿El secreto?
La manera más segura de los señores de la droga para evadir los problemas de cualquier especie, y poder entrar y salir de los Estados Unidos ─como Pedro por su casa─ con abultados cargamentos de estupefacientes, es “salpicar”, repartir sobornos.
Las poderosas empresas del narcotráfico no tienen que pagar impuestos al SAT (Sisma de Administración Tributaria). Pero un coloso como el cártel de Sinaloa realiza pagos regulares a autoridades federales, estatales y municipales, que bien pueden rivalizar con la tasa efectiva de impuestos fiscales.
Patrick Radden Keefe, ex asesor del Secretario de la Defensa de Estados Unidos, miembro de la Century Foundation, y actual redactor del The New Yorker, enfatiza la trama de la corrupción mexicano estadounidense del negocio de las drogas, en un extenso reporte publicado en la más reciente entrega del Magazine del The New York Times.
Recuerda el experto que, cuando la DEA (Drug Enforcement Administration), levantó, hace ya varios años, una encuesta entre sus 50 mejores agentes e informantes aposentados en México, y les pidió que nombraran el factor más importante para el funcionamiento de un negocio de droga, respondieron de manera abrumadora: la corrupción.
Los sobornos del cártel de Sinaloa, por ejemplo, van a alcaldes, gobernadores, fiscales, policías estatales y policías federales, soldados del Ejército y la Marina, y a una serie de altos funcionarios federales.
Después de haber sido aprehendido por tráfico de drogas, en la década de 1990 ─recuerda Keefe─, El Chapo fue condenado a 20 años y enviado a la prisión de alta seguridad de Puente Grande, una cárcel fortificada en el estado de Jalisco. Durante los cinco años que pasó allí, disfrutó de prerrogativas inimaginables. Cómo. Simplemente manteniendo a la mayoría del personal carcelario en su nómina.
Se dice que ordenaba sus comidas de su propio menú; realizaba negocios por teléfono celular y organizaba visitas periódicas de prostitutas, que llegaban a bordo de un vehículo conducido por un guardia.
Con el tiempo, El Chapo fue sacado de Puente Grande oculto en un carrito de lavandería. Habría pagado más de 3 millones de dólares por su liberación. Hoy en día, El Chapo es un hombre libre; el entonces director de Puente Grande acaba de concluir una sentencia de cárcel por haberlo dejado ir.
La tolerancia tácita pero firme que las autoridades mexicanas han demostrado ante el tráfico de drogas, en los últimos años, ha confundido los límites entre criminales y funcionarios, sentencia el especialista. Cuando Miguel Ángel Martínez trabajaba para El Chapo como una especie de controlador de tránsito aéreo, “todos” en la organización contaban con identificación militar y policial. Los asesinatos eran perpetrados por hombres vestidos con uniformes de la policía, y no siempre quedaba claro, después de los hechos, si los autores eran delincuentes disfrazados de policías, o policías reales pagados por los matones.
Cuando se toma en cuenta todo esto, dice Keefe, el soborno puede ser el principal rubro en el balance de resultados de un cartel. En 2008, el propio zar de la droga del presidente Felipe Calderón, Noé Ramírez, fue acusado de aceptar 450 mil dólares mensuales. Es de suponer que estos enormes sobornos a altos funcionarios, en cascada de arriba hacia abajo, aseguraran la lealtad de los subordinados.
En un discurso pronunciado en 2010, Genaro García Luna, secretario de seguridad pública de Calderón, especuló que, en conjunto, los carteles gastaban más de mil millones de dólares cada año sólo para sobornar a policías municipales.
Pero, no son sólo los funcionarios los que tienen que ser sobornados. También los “halcones”, un ejército de vigilantes civiles que podrían recibir 100 dólares al mes sólo para mantener los ojos abiertos y hacer una llamada telefónica, si se dan cuenta de un aumento en las inspecciones fronterizas o de un convoy de la policía. “Hay ciudades en México, donde prácticamente todos los taxistas están en la nómina”, según testimonio de Michael Braun, ex funcionario de la DEA, citado por Keefe. “Tienen ojos y oídos en todas partes.”
Y luego están los estadounidenses. Los guardias fronterizos de los Estados Unidos son conocidos por dejar pasar un coche a través de sus puestos de control por unos pocos miles de dólares. Desde 2004, ha habido 138 condenas o acusaciones por corrupción, que involucran a miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Un brevísimo capítulo de la historia… El “bueno” tiene la palabra…
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