Día del Abogado
Efrén Vázquez

Monterrey.- Espero no ser impertinente por pedir a mis colegas que de manera especial este 12 de julio de 2012, Día del Abogado, que por tradición ha sido de festejos y felicitaciones, nos demos tiempo de reflexionar sobre la cuestión de la culpa y la responsabilidad moral y política de los abogados por la existencia del fenómeno de la delincuencia organizada.

Desde luego, no sólo los abogados somos responsables del surgimiento y desarrollo incontrolable de la delincuencia organizada y común. Parto de la tesis de que aunque en la esfera del Estado se encuentran los principales responsables del desmoronamiento de la sociedad, como consecuencia de este fenómeno  (y lamentablemente, en no pocos casos no sólo de manera indirecta), en la sociedad civil no hay inocentes; pues todos, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad moral y política que no cumplimos: ver y dejar pasar, sin hacer nada, con la excusa de “para qué me meto en problemas”; o “que al cabo todos hacen lo mismo”, es algo que nos hace responsables moral y políticamente. Y en algunos casos, quizás también jurídicamente.    

Si el ciudadano común es responsable de este fenómeno, que al parecer aún no ha tocado fondo, mucho más lo somos los abogados y los líderes de abogados; en razón de que somos nosotros, como doctrinarios o teóricos del derecho, profesores de derecho,  operadores del derecho, los que conceptualizamos y pensamos el derecho, diseñamos sistemas de derecho, construimos sistemas de normas, interpretamos y aplicamos el derecho, etcétera.

Ahora bien, si todo esto lo hacemos prescindiendo de la «crítica» y la «honorabilidad intelectual», esto es, del pensamiento que se dirige a lo tenido como verdadero con el propósito de superarlo y del ethos de la ciencia, entonces irremediablemente caeremos en el dogmatismo; y el dogmatismo hace mucho daño, en la enseñanza atrofia la inteligencia de los educandos, de los futuros abogados; en la investigación cancela los atajos y caminos que conducen a la verdadera; y en la aplicación del derecho hace mucho daño a los justiciables y a la imagen de la justicia.

Entendida así la crítica, ésta es esencial en el proceso de búsqueda de sentido de los enunciados normativos que se han de aplicar a casos concretos, sin lo cual no es posible la realización de la verdadera justicia; dicha búsqueda precisa de la formación hermenéutica y del pensamiento crítico, no de la repetición memorística del contenido del texto de la ley, en el que los malos jueces y los malos abogados quieren encontrar de manera precisa y completa la orden que se ha de cumplir.

Mientras que hoy día se sigue haciendo apología a la letra de la ley como requisito indispensable en el cumplimiento del principio de seguridad jurídica, ignorándose religiosamente el problema de la indeterminación que caracteriza a los enunciados normativos, ya en el siglo XVI el inmortal Juan Huarte de San Juan, adelantándose a los presupuestos teóricos de la nueva hermenéutica (o hermenéutica filosófica) decía que “no es posible escribir las leyes de tal manera que comprendan todos los casos que puedan acontecer, basta determinar aquellos que ordinariamente suelen suceder. Y si otros acaecieran que no tengan ley que en propios términos lo decida (esto es, que no se determine de manera textual el sentido de la ley), no es el Derecho tan falto de reglas y principios, que si el juez o el abogado tienen buen entendimiento para saber inferir, no halle la verdadera determinación y defensión, y de dónde sacarla”.

Reflexionemos, entonces, en este Día del Abogado, sobre el tipo de responsabilidad que nos envuelve por no actualizar nuestros conocimientos del derecho; por seguir pensando el derecho a la luz de paradigmas interpretativos derrumbados, lo que ha traído como algunas consecuencias que personas inocentes se encuentren en las cárceles y los delintes tarden más en entrar a los centros de reclusión que en salir de éstos; y sobre cuestiones de la moral profesional que, por transgredirla, sin darse cuenta no pocas veces algunos abogados y jueces se encuentran en el mismo círculo de los desincautes.  

Y de manera muy especia reflexionemos, también, sobre la cuestión de la culpa y la  responsabilidad moral, política y jurídica de los abogados por el deterioro que con los fenómenos de la corrupción y el de la delincuencia organizada ha sufrido el Estado de Derecho.

Nosotros, con nuestras complicidades con algunos agentes del gobierno, para satisfacer intereses personales; con nuestras indolencias ante la corrupción de todo tipo; con nuestras incongruencias e inmoralidades de distintas magnitudes; por preocuparnos sólo de los intereses individualistas y no los de la comunidad; somos culpables del estado lamentable que guarda hoy día el Estado de derecho.

Hagamos ahora algo para detener el derrumbamiento de la sociedad recuperar el crédito de las instituciones, pues sólo con ello es posible tener un techo seguro para nuestros hijos y los que vienen detrás de nuestros hijos.