LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Agresión a Internet
Edilberto Cervantes
Monterrey.- El gobierno mexicano, a través de su embajador en Japón, firmó la semana pasada su adhesión al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
El Presidente Calderón no atendió exhortos (del senado) ni recomendaciones (de organismos mexicanos especializados) en contra de la aceptación de dicho Acuerdo.
El Presidente Calderón tampoco respetó el protocolo de dar a conocer al Senado el inicio de negociaciones como corresponde, ni mucho menos informó de los avances o de la decisión de firmar el acuerdo. Esto es, se fue por la libre; por decir lo menos.
La adhesión que firmó el Ejecutivo tendrá que ser ratificada por el Senado y como esta Cámara ya expresó su negativa el año pasado lo más probable es que lo vuelva a rechazar. A menos que se postergue la ratificación hasta la próxima legislatura y entonces se negocie con otros legisladores y en una nueva correlación de fuerzas partidistas.
El Parlamento Europeo rechazó, hace unos días, la adhesión al ACTA que ya habían negociado algunos gobiernos europeos. La postura del parlamento en relación al Acuerdo se expresó en pancartas que portaron los legisladores con la leyenda: Adiós ACTA, bienvenida democracia.
Según los promotores del ACTA (en principio Japón y los Estados Unidos) se trata de un instrumento para combatir la piratería y que se respeten los derechos de propiedad intelectual en la Red. Sin embargo, los críticos de ACTA señalan que en la redacción se utiliza un lenguaje ambiguo y se abre la puerta para la violación de la privacidad y de los derechos humanos de los internautas. Las empresas proveedoras de servicios en Internet tendrían la capacidad de intervenir la cuenta de cualquier usuario si algún propietario de contenido tiene la presunción de que dicho usuario está pirateando sus contenidos; está intervención se haría sin cumplir con los requisitos judiciales ni el respeto a la obligada presunción de inocencia.
A muchos países desarrollados les preocupa el daño que las falsificaciones y la piratería causan a sus economías: la OCDE calcula que en el 2005 el volumen de comercio exterior de artículos falsificados y pirateados ascendió a 200 mil millones de dólares. En el caso específico de México se falsifican marcas y hay piratería en diversas ramas: prendas de vestir, música y cinematografía, calzado deportivo, bebidas alcohólicas y hasta medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.
Ya se argumentó que la protección contra la piratería está vigente y que es cuestión de tener la capacidad para aplicarla con rigor; pero no se hace. El hecho de que de manera simultánea se quiera operar por la vía digital se entiende como una invasión a la Internet innecesaria.
Llama la atención que la firma de adhesión se haya dado poco tiempo después de las elecciones presidenciales y al día siguiente del la anunciada impugnación por parte del movimiento que apoya a López Obrador.
¿Por qué el Presidente violenta procedimientos y actúa abiertamente en contra del criterio de especialistas?
Es un tema que seguramente será abordado por el movimiento de jóvenes “Yo soy 132” ya que la Internet y las redes sociales son el medio de comunicación por excelencia de las nuevas generaciones. Se trataría de una amenaza seria a la libertad de contenidos y a los derechos humanos-
¿Se trata de una provocación hacia los jóvenes?
