Política y juegos olímpicos
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- En estos momentos de tensión poselectoral, es cada vez más claro que hoy en día nos toca vivir la continuación de las luchas por un cambio de régimen del que existía en 1968, cuando nuestro país fue anfitrión de la XIX Olimpiada.
Aquel año, 10 días antes de la inauguración de la máxima justa deportiva, los universitarios estaban en las calles exigiendo libertades democráticas y justicia cuando Gustavo Díaz Ordaz, el entonces Presidente de la República, en una decisión inesperada, irracional, brutal, ordenó a través de la Secretaria de Gobernación, la masacre de Tlatelolco para “defender a México del comunismo internacional”, que dejo sin vida alrededor de 500 universitarios, la mayoría jóvenes, que habían asistido entusiastas a una convocatoria del Consejo Nacional de Huelga en la Plaza de las Tres Culturas.
Luchas y reformas
Esta respuesta criminal a un acto cívico ha significado un parteaguas de la oposición en la vida nacional. Había dividido al país entre quienes vieron canceladas la vía política y se fueron a la clandestinidad para desde ahí luchar por un cambio en el país y quienes vieron en los excesos del gobierno una oportunidad para promoverlos y arrancar reformas que distendieran el ambiente político creado por el autoritarismo priista.
A los primeros se le persiguió hasta acabar con ellos violentamente a través del ejército y la policía política que comandaba Miguel Nassar Haro y Luis de la Barrada; a los segundos se les cribo para atender las necesidades de legitimación del régimen autoritario combinando su inclusión con reformas graduales y limitadas bajo el control del gobierno (derecho de voto de los jóvenes de dieciocho años, registro de nuevos partidos y otra legislación electoral).
Esta matriz fue entonces la puerta de entrada a nuestra singular modernidad política que estaba más cerca de las tesis pragmáticas de Lampedussa (“cambiar para seguir igual”) que de las éticas e institucionales de Charles-Louis de Secondat, Conde de Montesquieu (“No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”), que evidentemente ha sido insuficiente porque simple y sencillamente el anhelado cambio de régimen no llegó en aquel momento ni ahora. Lo que tenemos simplemente es un parche tras otro en la Constitución y sus leyes secundarias. Tenemos un entramado digno del doctor Frankenstein que no parece tener remedio institucional y eso explica la persistencia del mismo, repito el mismo, reclamo después de más de cuarenta años.
Sí, claro, 44 años cuando no debería ser así, pues se han destinado cuantiosos recursos económicos para garantizar el juego limpio entre partidos que sean expresión de la diversidad social y política del país. Hoy millones de mexicanos no confían en los organismos electorales y sus resoluciones, por el contrario la cuestionan en las calles y los foros donde se le evalúa su desempeño. De ahí que una nueva generación de mexicanos este exigiendo algo elemental como es el cumplimiento de la más cara de aquellas libertades que es dar mayores garantías al voto libre y secreto –sin duda, uno de los derechos de primera generación en toda democracia, lo que nos permite ver dónde nos encontramos en nuestras aspiraciones como pueblo, cuando hay sociedades que viven los beneficios de democracias de séptima generación, es decir, donde la emisión de los votos no es problema. Es una habituación democrática.
La tensión
Entonces una primera lectura comparada indica que nuestros cambios institucionales no terminan de satisfacer las expectativas democráticas de millones de mexicanos especialmente las de quienes tienen mayor preparación académica y sensibilidad política. A la mayoría de ellos que tienen otros referentes culturales les parece inconcebible que se siga comprando los votos, que se siga torciendo la voluntad popular, que los organismos electorales no se encuentren a la altura de las circunstancias de manera que sean capaces de garantizar la vigencia de principios constitucionales elementales como son la certeza jurídica y que a muchos políticos lo que menos parece preocuparles es la legitimidad de sus mandatos.
El “haiga sido como haiga sido”, de ser una premisa del todo se vale en nuestro mundo popular, Felipe Calderón la transformó de facto en un principio de Estado. Hayan hecho lo que hayan hecho personas físicas o morales e instituciones públicas, incluso lo que pudo hacer el crimen organizado, para hacer ganar un candidato presidencial no parece haber hasta hoy poder humano o institucional que pueda corregir los entuertos que deja una competencia a todas luces viciada por las malas prácticas, como lo demuestran las tarjetas Monex y Soriana, que en otro país sería motivo de intervención no sólo de la autoridad electoral sino de la mismísima Suprema Corte de Justicia.
Y no es poca cosa, la legitimidad es necesaria para transitar fuertes en un medio internacional donde la unidad en torno a su Presidente y las instituciones es indispensable. Es por eso lo que hagamos o no, lo habremos de pagar en el ejercicio de nuestra soberanía. No es poca cosa.
Posturas
En clave de estos días, en que la mayoría de los mexicanos estaremos inmersos en los programas destinados a los Juegos Olímpicos, hay dos posturas en el entorno opositor que cuestiona la calidad de las elecciones. No son excluyentes entre sí, sino complementarios si se conducen dentro de la protesta institucionalizada donde cada una de ellas tiene su propia lógica y responde a distintos horizontes políticos.
Por una lado, está la lucha política jurídico política que sostiene AMLO, a través de documentar la compra de votos que se dio en las elecciones presidenciales de julio y para ello aporta evidencias a las autoridades electorales que ante este indicio deberían las primeras en iniciar una investigación de fondo para esclarecer este asunto público y resolver cualquier duda. Valorar esas pruebas documentales y qué tanto incidió en el resultado final de la elección. Cosa que no sabemos si se está haciendo en el silencio y la privacidad del tribunal. Hay quienes que pronostican que es un mero trámite y la decisión está tomada ya. Esperemos qué no.
AMLO en su más reciente comparecencia junto con los líderes de los tres partidos que constituyen el Movimiento Progresista, señalaron que seguirán aportando pruebas supervenientes y las asambleas que llevaran a cabo en 142 plazas del país son fundamentales para continuar recaudando mayores evidencias. Es decir, esta estrategia es por las vías institucionales de manera que el TRIFE no solo está mandato por la ley, sino obligado por las circunstancias, a dar un fallo lo suficientemente sólido y transparente para trasmitir que el país es un país de leyes. Que está más allá de los fácticos y qué es capaz de sancionar si hubo algún tipo de trasgresión de la ley. Incluso, si las pruebas fueran suficientes, revertir los comicios.
A decir por las circunstancias, seguir vías institucionales y documentar la compra de votos, como lo está pidiendo el PAN y el Movimiento Progresista está poniendo alto el costo político para el tribunal electoral desechar sin ir al fondo. Los magistrados saben que está en juego la imagen del TRIFE, pero también su paso personal por la historia de México.
Hay otro sector que se reunió recientemente en Atenco, Estado de México, para definir una estrategia de lucha para las próximas semanas incluso meses. Si bien su objetivo es el mismo de AMLO, impedir que Peña Nieto alcance la Presidencia de la República, su estrategia es la que tiene todo movimiento político destinado a llevar a cabo acciones que si no se tiene control sobre ellas podrían tipificarse como delitos que algunos sectores del gobierno están esperando.
En definitiva, como lo enseñaría la historia, si en el 68 las demandas por la justicia y mayores libertades concluyo en medio del drama de Tlatelolco, esperemos que esta nueva exigencia del 12 no termine en una tragedia, sino tenga una salida institucional que de una vez por todas baje la tensión en un país que no puede seguir indefinidamente en medio de un conflicto sin futuro, para ahora que ahora sí los juegos olímpicos sean lo que deben ser: un encuentro por la convivencia y la paz.
