Oro en evasivas
Irma Alma Ochoa
Monterrey.- El Estado mexicano fue a Nueva York a enseñar el cobre y a ganar el oro en evasivas y justificaciones, al examinarse los informes VII y VIII sobre las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas en cumplimiento a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, (Cedaw, por sus siglas en inglés), en el 52º período de sesiones realizadas el 17 de julio, en la sede de Naciones Unidas.
Firmada y ratificada por México, la Cedaw, conocida también como la Carta de los Derechos de las Mujeres, examina periódicamente los progresos realizados por los Estados Parte en la aplicación de las disposiciones de esta Convención.
En esta ocasión, el Estado mexicano estuvo representado por una numerosa delegación, conformada por miembros de los tres poderes del Estado y de organismos autónomos, encabezada por Rocío García Gaytán, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; quien en su intervención reconoció el insostenible estado de violencia e impunidad que viven las mujeres mexicanas, tras lo cual, la experta Nicole Ameline le preguntó si entre sus prioridades tenía en cuenta la urgencia de acelerar los procesos de coordinación.
La evasión a las preguntas y justificaciones fueron el eje en el cual giró la representación del Estado mexicano. Ésta aseveró que se accede de forma igualitaria a la justicia, pero existen obstáculos para las mujeres. Me pregunto, ¿para qué, entonces, se fundaron los mecanismos de adelanto de las mujeres, si no es para allanar el camino, para quitar los obstáculos que impiden la igualdad de derechos?
Otros botones de muestra: la experta Dubravka Šimonovi, cuestionó: “¿cuál es el nivel de reducción de las diversas formas de violencia contra las mujeres, para pensar que realmente se garantice que vivan seguras?, ¿cuántos asesinatos y cuántas desapariciones menos hay? Šimonovi puntualizó que pedía respuestas, no una relación de leyes aprobadas.
La responsable de la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim), Dilcya García, respondió que esta institución cuenta con bancos de datos para el registro de mujeres desaparecidas, el Protocolo Alba y la Alerta Ámbar. Hasta donde se sabe la construcción de la base de datos nacional, en la que participan 18 entidades de la república, es atribución de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra). Y actualmente, sólo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) –no gubernamental- cuenta con una base datos de mujeres desaparecidas en forma forzosa, proporcionada por procuradurías de justicia de diversas entidades del país.
Las expertas del Comité cuestionaron al Estado mexicano sobre las estrategias adoptadas para combatir el crimen organizado que, asociadas a la persistente impunidad y corrupción, han contribuido a acentuar la inseguridad y violencia contra la población, particularmente hacia las mujeres y las niñas.
Cuando las expertas mostraron su preocupación por la militarización en México, la representación mexicana dijo que no está militarizado. ¿En qué país habitan?, ¿quién dentro o fuera de México les cree?
La relatora para México, Soledad Murillo, señaló la incongruencia de tener una fiscalía especial para investigar la trata de personas sin facultades contra el crimen organizado; respecto del caso de San Salvador Atenco, preguntó: ¿cómo se explica que cuando las mujeres fueron violadas en el traslado realizado por la propia policía, al día de hoy no haya un solo detenido? Pidió se explicara cómo entender 16 mil violaciones y sólo 3 por ciento de condena. ¿Por qué no hay sentencias, pese a que el 35% de jueces y juezas está capacitado en perspectiva de género?
Pese a que el Comité prepara y remite con antelación un listado de preguntas para que el Estado parte elabore -con suficiente tiempo- las respuestas pertinentes, la representación de México evadió responder: ¿cómo va a garantizar el Estado mexicano el cese a la impunidad, y la protección a defensoras y periodistas?, ¿por qué en los delitos que se cometen en México hay un 98% de impunidad?, ¿cómo determinan los impartidores de justicia cuál es un feminicidio y cuál un homicidio?
A la sesión asistieron también representantes de la Coalición Cedaw ciudadanas que entregaron 18 informes paralelos a los presentados por el gobierno. De viva voz escucharon las mentiras y evasivas expresadas por la representación del Estado.
En sus informes, las ONG's describieron el incremento de feminicidios, las desapariciones forzadas, la trata de personas, las amenazas contra periodistas y defensoras de derechos humanos, la militarización del país, la discriminación y pobreza, en particular de las mujeres rurales e indígenas, todo ello propiciado por el clima de violencia, discriminación y persistente impunidad.
Uno de los 18 informes fue enviado por las ONG's defensoras de derechos humanos nuevoleonesas, quienes denuncian que el gobierno de Nuevo León no garantiza el derecho de las mujeres a la seguridad y a la justicia. Solicitan se investigue el paradero de las mujeres que forzadamente han sido y son desaparecidas, que aprehendan y sancionen a los responsables; garantice a las familias de las víctimas de desapariciones, apoyos sociales, laborales, médicos, escolares y económicos, mediante la creación de una ley en la materia u otro mecanismo eficaz para su realización.
Urgen se agilice la aprobación y publicación de una ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, e instalen un Sistema Estatal para garantizarla, que incluya la participación de organizaciones sociales en la definición y seguimiento de las políticas públicas que atienden el problema.
Asimismo, demandan la creación de un Fideicomiso que con recursos públicos, brinde apoyo a mujeres víctimas de violencia, cuya funcionalidad y operación quede a cargo de organismos civiles de reconocida experiencia y trayectoria.
Insisten en que se modifique la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, para que ésta sea efectiva y se generen políticas públicas y estrategias inmediatas para la atención a víctimas. Y se tipifique en los códigos locales el feminicidio y la desaparición forzada.
De acuerdo a sus facultades, de emitir propuestas y recomendaciones generales, el Comité presentó sus observaciones. En el punto 17 expresa su profunda preocupación por el elevado número y aumento de feminicidios cometidos en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.
En el inciso a) del punto 18, el Comité manifiesta su preocupación por el creciente número de desapariciones forzadas de mujeres y niñas, en los estados de Chihuahua, Nuevo León y Veracruz; amén de que éstas no son constitutivas de delito en algunos códigos locales, dejando ver la falta de un registro oficial coherente y la lenta o nula activación por las autoridades, de los protocolos de búsqueda como el Protocolo Alba y la Alerta Ámbar.
Las ONG's apremian a reconocer los derechos de quienes se contratan en el empleo doméstico, para que sea obligatorio a las y los empleadores, el otorgamiento de todas las prestaciones de ley así como el establecimiento de contratos laborales que especifiquen: jornada laboral, horarios de descanso y tareas a realizar. Por lo cual el Comité recomendó firmar la Convención 189 de la Organización Internacional del Trabajo y reformar la Ley Federal de la materia, para garantizar los Derechos de las empleadas domésticas.
En el examen, la representación del Estado Mexicano se mostró evasiva, se condujo con falsedad y justificó su actuación omisa con estadísticas de capacitación, de aprobación de leyes, de investigaciones y estudios realizados por diversos organismos y publicaciones.
Mientras los diferentes poderes, en sus tres niveles de gobierno, no sólo el federal, se justifican, evaden, omiten, mienten o minimizan el problema; la situación de las mujeres empeora.
