Justicia limitada
Samuel Schmidt

Los Ángeles, California.- Una de las causas que propiciaron la caída ignominiosa del juez Baltasar Garzón fue que decidió investigar a profundidad sobre hechos que cayeron bajo su responsabilidad en la Audiencia Nacional.

El caso Gurtel (escándalo de corrupción) amenazaba con llegar hasta los niveles más altos del Partido Popular, destaparía la profunda corrupción en la que se mueven los dirigentes de ese partido; la respuesta no se hizo esperar, pisotearon las leyes y despedazaron a la justicia para que el no avanzara en sus pesquisas. A él le hubiera sido muy cómodo investigar sobre las primeras evidencias que se veían, aplicarle la ley a los responsables y ahí parar, pero el sentía que la acción de la justicia debe llegar hasta los elementos más profundos y en ocasiones ocultos, de una acción criminal. Si no se actuara de esa manera, se lograría tal vez un culpable pero no se completaría la acción de la ley, ni se haría justicia, porque aunque se atrape a alguno de los involucrados en la acción criminal, el no continuar las pesquisas es un acto injusto.

Esta reflexión me viene a la mente porque cuando a un juez mexicano se le presenta un caso, se contenta con decir que actuó exclusivamente sobre el tema que se le presentó, no se toma la molestia de indagar un paso más allá, aunque esto sea extremadamente injusto.

Me viene a la mente el caso de una maestra en Ciudad Juárez a la que se le sembró droga en el auto sabiendo que cruzaba con frecuencia a El Paso. Ella se convertía sin saberlo, y sin desearlo, en traficante internacional. Se descubrió la droga en un retén y fue encarcelada, las autoridades se abstuvieron de investigar sobre la droga, entre otras cosas, destacaba el hecho que las huellas de ella no aparecían en los paquetes (aunque intentaron hacerla que los tocara) y en cambio con las huellas que seguramente tenían se pudo haber encontrado a los responsables. Ella finalmente salió de la cárcel por una amplia campaña social a su favor.

Si estos actos son injustos para una persona, pensemos en que esta misma actitud priva en los tribunales electorales, cuyas resoluciones son de ámbito e impacto social muy amplio.

Con mucha frecuencia escuchamos que los consejeros del Instituto Federal Electoral y los magistrados de los tribunales electorales, responden estrictamente ante acusaciones específicas mientras que se abstienen de indagar un paso más allá de la acusación y con frecuencia exigen que la investigación sobre el hecho ilegal denunciado recaiga en el agraviado.

Al parecer estos funcionarios consideran al fraude electoral como un agravio contra el candidato “derrotado” y no contra toda la sociedad. No hay duda que el candidato que “perdió” la elección por medio de violaciones a la ley vio afectados sus derechos personales, pero más perdió la sociedad porque se verá obligada a soportar a un político a quién no eligió y que ejerce el poder como resultado de un acto ilegal, esto por sí mismo es la fuente de la ilegitimidad.

Los jueces tienen recursos y atribuciones para actuar e investigar de las que carecen los ciudadanos, porque el haber sido candidato no le aporta mayor capacidad de investigación, inclusive, tiene limitaciones legales para hacerlo, porque solamente averiguar el manejo de dinero, por ejemplo, puede llevarlo a violar el seguro bancario. Luego entonces la actitud evasiva de los jueces sugiere que parecerían haber aceptado o tolerado –lo que para el caso es lo mismo- castrar a la justicia, inhibir su acción y tolerar la trampa y la mentira como medios de un proceso que por definición debe ser exactamente lo contrario, debe ser inmaculado, aunque debemos aceptar que las elecciones están muy lejos de serlo. Perturba leer que el IFE declara que en su padrón electoral aparecen muertos mientras trata de justificar una discrepancia mayor entre los datos que ellos manejan y los que provee el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. ¿Cinismo o corrupción generalizada?

Es posible que alguien sostenga que la ley mexicana no prevé que el juez indague más allá de la demanda, pero en pro de la justicia y de la democracia, si la indagación ayuda a dilucidar una cierta culpabilidad, seguramente que logrará encontrar la justificación legal. La investigación sobre el manejo de dinero, solamente del banco Monex, ya tiene ramificaciones en Estados Unidos, lo que agrega al nivel de ilegalidad a este proceso.

Hace falta que un juez mexicano tenga la audacia de romper la camisa de fuerza que el autoritarismo les ha puesto; a ese le deberemos el gran avance que hoy requiere el aparato legal nacional. Sin exagerar, tal vez, ojalá, alguien se atreva a ser el Garzón mexicano.