El miedo de los políticos
Ernesto Hernández Norzagaray
Mazatlán.- Contrariamente a la idea peregrina de que los políticos viven en una cápsula de seguridad, los recientes acontecimientos de Coahuila, donde fue asesinado José Eduardo Moreira Rodríguez, funcionario estatal, hijo de Humberto Moreira, ex gobernador y ex presidente nacional del PRI y sobrino de Rubén Moreira, actual gobernador de ese estado norteño, muestran el desamparo en que muchos se encuentran y con ellos sus propias familias.
Nuestro país tiene décadas de sufrir este tipo de amenazas convertidas en asesinatos contra la clase política. El origen de muchos de ellos parece tener desde entonces el mismo móvil, la falta de acuerdo de los políticos o la ruptura con los cárteles del crimen organizado. Los libros de Luis Astorga, colega y paisano dedicado a temas de narcotráfico, dan cuenta en exceso de esos acuerdos y rupturas que ha habido durante décadas entre políticos y miembros del crimen organizado especialmente en aquellos estados donde por razones de tránsito obliga a que las relaciones funcionen como maquinaria de relojería fina.
Políticos muertos
Así, esas posibilidades parecen estar detrás de las muertes que en este sexenio truncaron la vida espectacularmente de Juan Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, el 4 de agosto de 2008; de Rodolfo Torre Cantú, aspirante del PRI-PVEM-Panal al gobierno de Tamaulipas, el 28 de junio de 2010; de José Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación, el 11 de noviembre de 2011; en Sinaloa, se encuentra el caso del diputado local Saúl Rubio Ayala, el 16 de mayo de 2005; el del secretario de Turismo, Antonio Ibarra Salgado, el 22 de diciembre de 2012, y el ex funcionario público, Luis Pérez Hernández, el 24 de enero de 2011.
Todavía más la friolera de políticos locales que recientemente han sucumbido ante las balas del crimen organizado en distintos estados de la república.
Medidas extremas
En este ambiente de violencia se hace la política en México y es comprensible que exista temor entre ellos y en sus familias. Lo sabemos cuando se refuerzan los mecanismos de seguridad en torno a su persona, su familia, sus bienes patrimoniales y sobre todo las instalaciones donde despachan los asuntos de gobierno. Hemos visto cómo se ha venido reforzando los gastos de los poderes públicos en materia de seguridad de manera que los políticos extreman las condiciones de seguridad: avanzadas, acompañantes, vehículos blindados y hasta registros donde se va a presentar para evitar cualquier desaguisado violento, esto seguramente ha salvado a muchos de ellos, pero igual en otros casos han sido insuficiente. Basta quizá una llamada de alguien que conocía la agenda del día para que se perpetrara un atentado con resultados funestos. Así ha trascendido en el caso de José Eduardo Moreira, que habría sido puesto en el lugar preciso, por un oficial de la policía estatal de sus confianzas.
Entonces, la cuestión es que aun cuando se extremen medidas de seguridad, siempre cabrá la posibilidad de que el político, esté o no en funciones, sucumba inevitablemente ante sus enemigos o en un acto de mucha fortuna salga ileso como ha ocurrido a varios de ellos. Esa debilidad intrínseca es un insumo poderoso para el miedo que hoy corroe seguramente a franjas de la clase política que ha modificado sus rutinas y viven en casas de las diseñadas bajo los principios de la llamada “arquitectura del miedo”, que caracteriza a muchas de nuestras ciudades y en especial dentro de ellas las que se encuentran en las urbanizaciones integrales.
Municipios en riesgo
Y, bueno, se podrá decir con cierto desenfado que son hoy los riesgos de estar en política y que no tiene por qué haber diferencia entre ellos y cualquier ciudadano de a pie, que está amenazado simple y llanamente por vivir en uno de los municipios con mayores índices de violencia. Que de acuerdo al seguimiento de Eduardo Guerrero, quien ha realizado acuciosamente en medios impresos regionales para la revista Nexos, tendríamos como las 10 ciudades más violentas en 2011 las siguientes, en estricto orden: Juárez, Acapulco, Chihuahua, Culiacán, Monterrey, Torreón, Durango, San Fernando, Mazatlán y Tepic.
Es decir, tenemos en Sinaloa a dos de ellas, y eso le agrega un plus negativo a los que gobiernan en estas ciudades, y no en falso, por ejemplo, el 8 de noviembre de 2011, Alejandro Higuera, alcalde de Mazatlán, viajaba desde Culiacán a Mazatlán cuando sufrió un atentado del cual salió ileso al igual que sus acompañantes. No obstante, la zozobra que genera el saberse objetivo de un grupo criminal, lleva inevitablemente a extremar precauciones. Les cambia la vida. Ahora y mañana.
Incentivos
Sin embargo, los incentivos para permanecer en el juego político, incluso buscar nuevos cargos de representación política, siguen siendo muy altos, sobre todo si consideramos que el porcentaje de este tipo de agresiones sigue siendo muy bajo entre los políticos. La mayoría de los políticos en funciones llevan una vida normal. La política además paga y paga bien. La satisfacción de ganar un cargo de elección popular sigue satisfaciendo el ego de cualquier político. Automáticamente obtiene autoridad y dispone de recursos humanos y materiales. Se maneja con sus iguales con los cuales comparte valores y promociones. Y, por si esto fuera poco, obtiene un salario y prestaciones muy altas, como hace unos días lo mostró Politicante Noroeste, cuando exhibió que los alcaldes sinaloenses pueden tener ingresos superiores a los que recibe el propio gobernador. Que de por sí es alto.
Pero, volviendo al punto, la creciente inseguridad que está llegando cada día a más políticos en activo, no puede quedarse simple y llanamente en la anécdota sangrienta, sino hay que verla en clave de los efectos que tiene sobre las instituciones. La matriz representantes políticos-instituciones es una misma unidad dialéctica. Lo que suceda a unos afecta inevitablemente de alguna forma a las otras.
Hoy en decenas de municipios –incluidos algunos tan importantes como Monterrey, Acapulco o Ciudad Juárez- donde los niveles de violencia han escalado a niveles donde el ciudadano ha abandonado muchos espacios públicos y está modificado las rutinas diarias, se ha trastocado el funcionamiento de sus instituciones públicas y privadas. La presión que se ejerce sobre las autoridades es alta y en algunos casos es un poder paralelo.
Especialmente en las instituciones de seguridad, que han sido incapaces de detener el ciclo de violencia que no parece tener fin, producto de una verdadera balcanización de los grandes carteles del crimen organizado, y que luego de cada detención o eliminación sus grupos, se fragmentan en subgrupos que pueden continuar con sus actividades o crear nuevas formas de actuación. No es la baladí la pregunta que muchos se hacen después del “robo del cadáver del Lazca”; ¿esto acarreará más violencia? Sin duda, la lucha por el puesto vacío, seguramente fragmentara a este grupo.
Estamos ante la metáfora del mito de la bella Medusa. Atenea, la diosa de la pureza y la castidad, busca neutralizar la belleza y voluptuosidad de Medusa transformando su pelo en serpientes pero estas se multiplican sin llegar a perder su garbo. Es lo mismo que sucede con Felipe Caderón que cada vez que detiene o elimina a uno de los “37 más buscados”, lo único que está haciendo es podar un cáncer que se ramifica con cargo para todos.
Colofón
Sólo por último me remito a uno de los trabajos de Eduardo Guerrero publicados en la revista Nexos, donde menciona que los políticos están sometidos a dos riesgos en tiempos electorales y seguramente en las funciones de gobierno: En primer lugar, hay casos en los que los criminales intimidan candidatos en función de sus propios intereses —generalmente con el propósito de contar con autoridades pasivas que les permitan trabajar— u operan en contra del candidato o los candidatos con los perfiles que no les resultan convenientes. En segundo lugar, las organizaciones criminales intervienen en estos procesos como “maquinarias electorales” que venden su apoyo a algún candidato (ya sea con recursos, movilización de votantes o mediante agresiones en contra de los otros candidatos o sus simpatizantes). Este segundo caso —que implica un involucramiento más hondo del crimen en la vida política— constituye una variante de un servicio característico de las mafias: la protección en contra de la competencia, que se ofrece lo mismo para negocios y organizaciones gremiales que para candidatos y partidos políticos.
De ese tamaño es el riesgo y el miedo que hoy amenaza a los políticos de todos los partidos.
