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1173 23 Octubre 2012

 

Costo de seguridad
Carlos Manuel Sabines

Ciudad de México.- En el país del presidente del empleo, según el Inegi, 3 de cada 10 personas se encuentran en el sector informal.

El incremento en este renglón y la subocupación hicieron que el desempleo disminuyera a 5.01% de la PEA, representada por  51 millones, por lo que 2 millones 600 personas estuvieron desempleadas. 
Obviamente, los del sector informal no tienen un salario fijo, ni prestaciones de ninguna clase, sea de seguridad social, aguinaldo, séptimo día, vaciones y demás etcéteras. A septiembre de 2012, 14.2 millones de mexicanos se ubicaron en el sector de la informalidad y no precisamente por haber encontrado empleo.

Sin embargo, las cuentas siguen siendo alegres, porque es cosa de comparar los número de Fox, quien dejó la tasa de desempleo en 2.21% de la PEA y los de Calderón son del 5.01%; es decir, el 127% más que su antecesor. Que conste, los número de Fox no son para alabar su gestión.

La Secretaría de Energía comunica que la autosuficiencia en turbosina llegó a su fin y que en 2026 se importarán 30 de cada 100 litros del consumo nacional. Cuestiones de la falta de refinerías, que desde 1970 no se tocan, ¿sabe usted? Y lo mismo pasa con las gasolinas, que pese a la riqueza petrolera, que en los próximos 14 años el país no será autosuficiente.

Esta será la semana crucial para la reforma laboral, misma que si no pasa algo raro, será aprobada por el PRI-Panal-PVEM en el Senado, en contra de la oposición del PAN-PRD-PT. La pregunta esencial es ¿cómo insertarán, cómo procesarán, cómo explicarán y justificarán las reelecciones de EEGM y Romero Deschamps en el SNTE  y los petroleros, por más de 25 años al frente de esas centrales?; ¿sólo con cinismo y desvergüenza?  Por ofrecimientos no para la señora, exigirán a EPN un 42% de incremento salarial y un aguinaldo de 90 días en una sola exhibición; creyendo que el país está en bonanza.  

La ley antilavado de dinero, ocasiona más inconformidades que apoyos. Ahora, los corredores públicos se quejan de que hay un trato discriminatorio con su sector, porque hay marcadas diferencias en la forma como se legisla cuando se trata de notarios o de corredores, al grado de que estos últimos amagan con ir al amparo.

En la nación de la infraestructura y por supuesto del presidente de ella, Dionisio Pérez Jácome insiste en que en esa materia estamos en jauja. Reitera que en 6 años se han construido más carreteras que nunca, nada más que el ilustre funcionario no dice que sus datos son contradictorios con los que comentamos en días pasados, versión de Enfoque-Reforma, acerca de la inversiones millonarias y de la falta de carreteras.

La ausencia de políticas en las diversas áreas de la administración federal, es patente. El ex consejero jurídico de México en la ONU y embajador de carrera desde 1986, Hermilo López Bassols, señala que la tibieza con la que se conduce la cancillería en su relación diplomática ante los EU, denotan su condición de supeditación y tolerancia culpable, precisamente porque no está definida la política exterior. El problema estriba más aún, en que no hay definidas políticas de nada.

A propósito de conductas, ¿qué sucedió con la reunión de la pareja de Hollande con la esposa del electo?; ¿se llevó a cabo?; ¿cómo se condujo?; ¿qué se concluyó? Muchas preguntas y ni una sola respuesta del equipo del itinerante presidente.

Por lo que se aprecia, a Calderón y las fuerzas armadas, léase SeDeNa, SeMar y SSP, los presupuestos de egresos aprobados por la Cámara de Diputados les importa un bledo. En 2011, el inquilino de Los PInos autorizó, por su capricho y voluntad (mi español sería más claro, pero no quiero que la Ley de Imprenta me pase por encima), autorizó, decía, gastos extras por 21 259 millones de pesos. Hacienda reportó que con esa cifra el costo de seguridad se elevó a 136 641 millones en 2011.

No obstante, el 23 de agosto El Economista publicó el desglose del costo de seguridad que al VI Informe ascendería a 133 499 millones de pesos, que aunados a los 21 259 mdp citados con anterioridad elevarían el costo de seguridad a 154 758 millones de pesos. Y aquí falta el costo del nuevo avión presidencial, que de 800 millones de dólares en números cerrados, bajó a 157 mdd. ¿Dónde quedan los números de Hacienda?

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