ANÁLISIS A FONDO
La herencia de la docena trágica
Francisco Gómez Maza

Violar la ley para aplicar la ley
Masiva fabricación de culpables

Ciudad de México.- Permanece en el limbo si las facturas que dejó sin pagar Felipe Calderón serán o no cobradas para restaurar la salud emocional de los individuos y grupos que conforman esta sociedad, que no acaba de salir del delirium tremens de la violencia, de la sangre, de la muerte, del dolor, del llanto.

Pareciera que la transición fue pactada en términos de enfermiza concordia, de soterrado acuerdo de no te toco, pero vete de aquí lo más lejos posible, no en términos de tiempo ni lugar, porque tiempo y lugar no tienen importancia.

Con todo, en este desaguisado que es el país, no tenemos por qué seguir cargando con la impunidad. Hay responsables del desastre. Y el caso de la justicia es una de las más purulentas llagas de este gangrenado cuerpo social.

Se le declaró la guerra a las bandas del narcotráfico y el crimen organizado a lo sonso, sin táctica ni estrategia, con saldos fatales.

Se cuidó la salud de la macroeconomía a costa de la salud económica de los trabajadores y la suerte de millones de desocupados y desheredados.

El resultado fue un deterioro mayor de las clases sociales que sólo tienen como riqueza su fuerza de trabajo: pobreza, miseria e indigencia, los saldos.

En el terreno de la procuración de justicia, se privilegió la salida diabólica de señalar y detener a cientos de miles de prefabricados culpables, ni siquiera de presuntos culpables, sin leerles siquiera sus derechos a la hora de esposarlos; desgraciados que se pudren en las cárceles sin el beneficio de la presunción de inocencia.

Miles de detenciones arbitrarias de ciudadanos acusados sin pruebas de pertenecer a las filas del crimen organizado; desapariciones forzadas, tortura física y sicológica para arrancar confesiones de culpabilidad, hasta llegar a la práctica del montaje mediático, o el lucimiento personal, o para impresionar a la población a través de las pantallas de la televisión, e inocular en ella la creencia de que los detenidos son monstruos.

Cassez pudiera ser culpable de los delitos de secuestro, y hasta asesina. Pero nunca lo sabremos, aunque la claque la condene de entrada y condene a la corte y a Peña Nieto. El problema es que la violación de la ley por quienes tienen la responsabilidad de procurarla es una desgracia endémica en México.

Pero el caso Cassez llegó a manos de la corte suprema –¿cómo?, nunca lo sabremos. Pero no podemos acusar a nadie sin pruebas– y ahí se les cayó el tinglado a Calderón y a Genaro García Luna.

A Florence la detuvieron los muchachos de García Luna –¿cuándo y cómo?, quién lo sabe–; la secuestraron –práctica criminal de la que la acusaban–; la presentaron posteriormente en un avance mediático –tráiler–, copia caricaturesca de las grandes producciones policiacas de la televisión estadounidense. No le advirtieron que tenía derecho de no declarar sin la presencia de un abogado; no informaron de su detención al consulado francés para que éste la asesorara. García Luna –s i no él, quién– violó todos sus derechos procesales. Firmó así su boleta de libertad.

Pero hay algo aún más grave: la violación de los derechos procesales de miles de detenidos es una práctica ancestralmente consuetudinaria de los responsables de la procuración de justicia en México. Y la voracidad de muchos llamados impartidores de justicia.

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