LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Gobierno dividido o compartido
Edilberto Cervantes

Monterrey.- Durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón no eran pocos los analistas que justificaban la falta de acuerdos políticos en asuntos estratégicos por el hecho de que el partido del presidente no tenía dominio en el Congreso. En lo que pareciera una traducción literal, pero equivocada, del término divided government, se afirmaba que con un gobierno dividido era muy difícil lograr acuerdos significativos.

En la terminología política en los Estados Unidos el uso de divided government tiene que ver con una situación como la que se describía para México, el partido del ejecutivo no domina en el Congreso, pero lo de divided no se aplica a un gobierno dividido sino a gobierno compartido.

Cuando no se tiene la fuerza política para dominar ambos poderes, ejecutivo y legislativo, se tienen que negociar y concertar con la oposición, se tiene que compartir el gobierno.

Cuando el PRI dominaba la escena política en el siglo XX, la oposición (sobre todo el PAN) se quejaba de que no era justo que el PRI tuviera el dominio del ejecutivo y del legislativo. Argumentaban que se debería buscar un contrapeso, un equilibrio, que evitara la dictadura.

Cuando el PAN empezó a ocupar posiciones de gobierno y a “compartir” el poder con el PRI, la justificación fue que el acuerdo político con el PRI de Salinas y de Zedillo se había logrado porque el PRI había adoptado las tesis de gobierno que el PAN desde siempre había propuesto. La propuesta de política económica neo liberal era el punto de acuerdo o de confluencia entre el PRI el PAN.

A pesar de que la agenda neoliberal continuó definiendo la política económica en los gobiernos de Fox y Calderón, no se logró establecer una alianza entre el PAN y el PRI para impulsar las llamadas “reformas estructurales” pendientes. El estilo de hacer política de Calderón fue el de arremeter contra todo, lo mismo contra el legislativo, contra los gobernadores o contra el poder judicial. La culpa de la falta de acuerdos para Calderón la tenían los políticos de la oposición por irresponsables, por proteger intereses o por omisión o colusión. Calderón siempre mandó el mensaje de que sólo él actuaba en contra del crimen organizado.

Con esa forma de manejar las relaciones políticas resultó muy difícil construir acuerdos. No era una diferencia de fondo en cuanto a la agenda política y de política económica. Era la forma de querer ejercer el poder (el cual siempre es limitado, aunque se presuma lo contrario).

Con la llegada de Peña Nieto a la presidencia y la conformación del Pacto por México, ya no hay quien se acuerde de las tesis del gobierno dividido. Ahora ya no sólo es el PAN, también el PRD; las dirigencias de ambos partidos explican que son integrantes del Pacto porque se han incluido temas que forman parte de su plataforma y programa de gobierno. En esencia se trata de la agenda neoliberal, aunque matizada; el reconocimiento de la pobreza como un asunto grave; el atraso en la educación como algo insostenible si se piensa en el futuro; la puesta al día del régimen de telecomunicaciones, con un atraso de 10 años respecto a la mayoría de los países desarrollados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías; el reto del escenario internacional en materia de energéticos; la reforma fiscal para despetrolizar la hacienda federal, eliminar privilegios y elevar los niveles de recaudación a estándares internacionales.

Para todo esto se requiere enfrentar a los poderes fácticos; los mismos que se han desarrollado en los últimos veinte años. Establecer nuevos equilibrios pasa por un reacomodo del gobierno en su relación con las fuerzas económicas, nacionales y foráneas.

Los poderes fácticos o el gobierno de los partidos, pareciera ser la disyuntiva que se plantearon los dirigentes partidistas. La apuesta ahora es cuánto va a durar el Pacto. Se le anticipa su defunción con los forcejeos que producirán las próximas elecciones. Habrá que ver si los intereses regionales prevalecen sobre las estrategias nacionales.

Después de varios lustros, en los debates o deliberaciones en el congreso federal, se vuelven a escuchar términos como patrimonio público, bienes de la nación, bienes nacionales, espacios públicos, interés público.

Dejar que el mercado decida sobre la asignación de recursos y su aprovechamiento parece no ser la opción, sobre todo cuando el mercado es monopólico o monopsónico. Los beneficios del mercado de competencia perfecta, como indica la teoría, no se generan cuando hay tantas distorsiones en el sistema económico. Las reformas estarían dirigidas a superar esas distorsiones.

Los desafíos que enfrenta la economía global, los riesgos para México en un entorno de alta volatilidad, la urgencia de superar el cortoplacismo tipo mercado de valores y la necesidad de actuar con una visión a largo plazo, podrían convencer a las fuerzas políticas partidistas a anteponer el interés nacional a las revanchas de las facciones regionales.

¿Gobierno dividido o gobierno compartido?