ANÁLISIS A FONDO
De las palabras a los hechos
Francisco Gómez Maza
Felipe Calderón, derechos conculcados
Peña Nieto, del compromiso al…
Ciudad de México.- Una de las principales diferencias entre el gobierno de Fox y el de Felipe Calderón estuvo en su posición respecto de la defensa y protección de los derechos humanos.
Mientras Fox, el primer día de su administración, firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Oacnudh, y creó una subsecretaría de derechos humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Calderón no hizo ningún compromiso expreso y claro con la vigencia de los derechos humanos y, en cambio, nombró en la Secretaría de Gobernación, al ex gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, quien como gobernador de Jalisco avaló graves violaciones a derechos humanos, como fue el premiar a los policías que detuvieron arbitrariamente y torturaron al menos a 19 personas.
El propio presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco señaló entonces que la tolerancia a la tortura y la sistemática violación a los derechos humanos marcaron la administración de Ramírez Acuña con más de 800 quejas por tortura durante su sexenio, según registra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, “Todos los derechos para todas y todos” (TDT).
Las violaciones a los derechos humanos en la segunda parte de la docena trágica fueron infinitas, en áreas muy sensibles como el combate al narcotráfico, la seguridad pública, la militarización, el sistema de procuración y administración de justicia e impunidad y la libertad de expresión.
El recuento lo tienen documentado organizaciones como el Centro de Defensa de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, en su informe 2006-2012, titulado “Transición Traicionada” y la propia red TDT.
La prioridad de la administración de Calderón fue, desde un principio, el combate al narcotráfico. A pesar de las recomendaciones de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, así como de muchas voces al interior del país, Calderón realizó la incorporación masiva de miembros del ejército en tareas del combate frontal al narcotráfico. El 13 de diciembre de 2006 se anunció la incorporación de 10 mil militares y marinos a la Policía Federal Preventiva (PFP) e iniciaron una serie de operativos militares en varios estados del país.
Desplegó, simultáneamente, una intensa campaña en medios de comunicación, en la cual alentaba la idea de que las medidas de mano dura eran las mejores y que quienes se oponían a ellas, como es el caso de las organizaciones de derechos humanos, eran enemigos de la ciudadanía.
Ahora, quisiéramos creer que el estado de cosas ha cambiado. Que el gobierno de Enrique Peña Nieto será un fiel guardián del respeto a los derechos humanos tanto de individuos como de colectividades. Que los informes de las comisiones de derechos humanos institucionales e independientes, y las de organismos civiles extranjeros como Amnistía Internacional, por ejemplo, no gastarán miles de millones de bites para documentar nuevas violaciones a los derechos humanos ejecutadas, consentidas, solapadas por las autoridades gubernamentales.
Ayer, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue tajante. Habló alto y claro ante un grupo de defensores de derechos humanos institucionales, que se reunieron con él en el palacio de Covián, sede de la dependencia encargada de la política y seguridad interiores.
“Asumimos el compromiso de construir una política de estado que atienda las necesidades reales de las personas en el goce de sus libertades y el ejercicio de sus derechos”. Esto afirmó Osorio Chong, ayer. El presidente Peña Nieto lo asumió desde su toma de protesta el primero de diciembre de 2012. Y esta es, en la forma, la diferencia entre Peña Nieto y los dos presidentes del PAN que le antecedieron.
Nadie espera que las palabras, al final del día, sean un bumerang para el gobierno priista. Y que al final del sexenio, las organizaciones defensoras de los derechos humanos informen sólo de que el gobierno cumplió su palabra.
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