Feminicidio en una sociedad enferma
Luis Miguel Rionda

Guanajuato.- La violencia social que está viviendo nuestro país desde hace tres lustros es una consecuencia inevitable de las tormentas económicas que experimentamos en las décadas perdidas de los ochenta y noventa. Dos generaciones de mexicanos no han conocido la noción de progreso intergeneracional que sí experimentamos los que nacimos durante el periodo del “desarrollo estabilizador” (1952-1976).

Siempre ha existido la violencia social en nuestro país, pero nunca con los niveles de intensidad y crueldad con que la hemos experimentado desde 2007. En la naturaleza cruel de esa violencia reside la angustia social. Se une a ello la sensación de desprotección y ausencia de los mecanismos de salvaguardia que debería proporcionar el estado. La experiencia social confirma la impunidad de los perpetradores, auspiciada por la profunda corrupción del sistema de procuración y administración de justicia, la ineptitud de las corporaciones policiacas y la enorme capacidad de cooptación que tiene el crimen organizado en un escenario de falta de oportunidades económicas para los jóvenes.

Dentro de este escenario de desamparo social, cobra una especial relevancia la violencia que se ejerce contra los sectores tradicionalmente más vulnerables de la sociedad, como son los pobres, los indígenas, los ancianos, los niños, y por supuesto, las mujeres. La violencia y el asesinato se ejercen sistemáticamente contra esos grupos, que por razones sociales o naturales se ven en desventaja ante los delincuentes.

Éstos últimos suelen ser hombres jóvenes, con pocos valores morales y mucha ambición por satisfacer los deseos más elementales de nuestra naturaleza animal, como lo es la búsqueda de placer mediante el sexo sin consentimiento, el abuso sobre el débil, el ejercicio de un poder arbitrario y opresivo, y al acceso a un prestigio social basado en el exhibicionismo de las riquezas mal habidas y el despliegue del mal gusto del nuevo rico.

Violar, golpear, asaltar o matar proporcionan una falsa sensación de seguridad al perpetrador. Los complejos de inferioridad freudianos son resueltos mediante el ataque sexual a la mujer indefensa, o al menor de edad, a la sexoservidora sin padrote, al homosexual ingenuo o incluso contra el cómplice desprevenido. La violencia sexual implica el abuso del fuerte contra el débil, del poseedor de un arma frente al desarmado, o bien del que toma ventaja de su posición de poder institucional sobre la empleada o la trabajadora.  El acoso, tan frecuente en nuestras empresas o instituciones, es otra forma de violencia social.

El feminicidio no es cualquier homicidio. Implica una relación desigual entre el victimario y la víctima que se fundamenta en el dominio físico o social de un género sobre el otro. Cuando el ataque mortal sobre la mujer tiene motivaciones sexuales, o bien es producto de la relación desigual de los géneros, como con frecuencia sucede en la pareja matrimonial o en el noviazgo, estaremos hablando de un feminicidio. Cuando una mujer es víctima de una muerte provocada por otra persona, pero en ello no existen motivaciones relacionadas con su pertenencia al género femenino, entonces estaríamos hablando de un asesinato ordinario.

En Guanajuato apenas en junio de 2011 se aprobó una reforma al código penal local que tipificó el feminicidio como delito grave, con un castigo que va desde los 25 hasta los 35 años de cárcel. Se dicta en el artículo 153-a que: “Habrá feminicidio cuando la víctima sea mujer y se le mutile, se le denigre, se le aísle o se le violente sexualmente, antes de privarle de la vida”. Sin embargo no ha sido suficiente, como lo evidencian las cifras que exhiben las organizaciones de la sociedad civil, y el debate ha regresado al Congreso local, donde se discute ampliar las causales de feminicidio de las cuatro enlistadas en el artículo citado, a ocho.

El concepto es nuevo, y refleja la angustia social por la especial incidencia y crueldad que adoptan las agresiones mortales contra las mujeres. Desde los años noventa hemos venido padeciendo la agresión sistemática contra las mujeres trabajadoras de Ciudad Juárez y de otros lugares del país. En Guanajuato se denunció a fines de esa década la existencia de “las muertas de León”, por el hallazgo creciente de cuerpos de mujeres abandonados con evidencia clara de haber sufrido tortura y violación antes de ser asesinadas.

Nunca se trató de mujeres de las clases pudientes; siempre fueron humildes trabajadoras de las empresas locales, que fueron agredidas por hombres desquiciados, sociópatas que de seguro eran a su vez víctimas de la desesperanza de un país en crisis permanente. Los medios y las OSC intentaron llevar la contabilidad de esos feminicidios, pero no así las autoridades, que se tardaron más de una década en reconocer la necesidad de llevar un seguimiento aparte de esos sucesos, que no tienen equivalente en los asesinatos de varones. Los hombres pueden ser asesinados cruelmente, pero en raras ocasiones son víctimas de violación o vejaciones por su género antes de verse privados de la vida.

Porque resulta que hasta en la muerte hay desigualdad.

Antropólogo social.
Profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net
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@riondal