LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
¿En qué consiste la reforma educativa?
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- El debate público sobre las iniciativas de ley se establece con frecuencia con información y argumentos que no provienen o derivan del texto que se analiza en el Congreso. En el proceso legislativo es válido discutir los motivos o intenciones que pueden estar detrás de cualquier iniciativa. En el caso de la reforma educativa está sucediendo algo similar a pesar de que ya existe un texto definitivo y aprobado.
¿Qué dice el texto del decreto de la reforma educativa?
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria: con materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos.
La educación será nacional…contribuirá a la mejor convivencia …y será de calidad.
El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, proceso en el que considerará la opinión de todos los interesados (Aquí llama la atención que no se menciona la educación media superior; en el gobierno de Calderón se avanzó en la creación de un sistema nacional de bachillerato pero abortó, como otros proyectos educativos).
El ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión, en la educación básica y en la media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición. (Se deja de lado el escalafón y la casi automaticidad llegada la antigüedad requerida; con lo cual los nombramientos respectivos serán emitidos por el gobierno de manera unilateral; para Gilberto Guevara Niebla lo indicado sería conceder calidad de empleado de confianza a directores y supervisores).
La ley reglamentaria fijará criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el “servicio profesional docente” con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. (Sobre este punto en particular la maestra Elba Esther Gordillo se pronunció en su momento, aceptando la evaluación pero no que los resultados de la evaluación decidan sobre “la permanencia”).
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad de gobernarse a si mismas.
Se crea el sistema nacional de evaluación educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo de un Instituto Nacional, el cual funcionará con autonomía del gobierno. Corresponderá al instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y (aquí si ) media superior, (la referencia es hacia una evaluación sistémica o sea de conjunto). El Instituto expedirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les correspondan.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios y a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público. (Se reconoce condición de servicio público a la educación)
Se establece el Servicio Profesional Docente en los términos del artículo 3º de la Constitución.
Hasta aquí lo que dice el texto del Decreto.
A lo largo de la semana pasada en La Jornada en línea se publicaron por lo menos dos artículos en los que la tesis principal es la de que con la reforma educativa se privatiza la enseñanza.
En su postura de oposición a la reforma, Luis Hernández Navarro (16 de abril 2013) afirma que : la reforma educativa privatiza la enseñanza porque abre las puertas a que se delegue en los padres de familia la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas…
Punto clave –argumenta Hernández- en la privatización es el otorgamiento de la autonomía de gestión de las escuelas… la legislación abre paso a que, en nombre de esa “autonomía” y con el pretexto de involucrar a los padres de familia en la gestión y el mantenimiento de las escuelas, se legalicen de facto las cuotas o aportaciones como si fueran colegiaturas y se permita la entrada a los centros escolares de empresas que proveen recursos… Lo que se facilita en realidad –afirma Luis Hernández- es que se cuelen a las aulas gestores privados que puedan comerciar con las necesidades escolares… Se pone a cada escuela a rascarse con sus propias uñas. (Los convenios que Josefina Vázquez Mota firmó con las empresas refresqueras internacionales para combatir la comida chatarra en las escuelas podrían ubicarse en la tendencia que señala Hernández).
Continúa Hernández afirmando que: “Con la reforma se crean las condiciones para avanzar en la introducción del modelo de escuelas charter, financiadas con dinero público, pero administradas como instituciones privadas, que en Estados Unidos han resultado un fracaso”.
Una cara más de la privatización –según Hernández- es la creciente influencia de la lógica del libre mercado asociada con la rendición de cuentas basada en la realización de exámenes estandarizados. (Hernández no lo menciona, pero en la actualidad en los Estados Unidos hay un movimiento de insurgencia entre maestros y directivos en contra de la aplicación de lo que llaman pruebas estandarizadas, parte de un esquema de evaluación a nivel nacional que se inició hace más de diez años, impulsado por George Bush hijo cuando era gobernador de Texas)
Una forma de privatización, señala Hernández, es la subrogación y contratación de los servicios educativos, similar a la que el IMSS prohijó a través de las guarderías patito.
Menciona también que: Investigadores de la UPN documentaron el involucramiento y participación en asuntos de la enseñanza pública a escala nacional de entidades civiles como Transparencia mexicana, Fundación IDEA, Fundación Empresarios por la Educación Básica, Fundación Televisa y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativa S.C. (Diríamos que esa fue la línea que impulsó Calderón para hacer propaganda en contra de la educación pública).
Otro rasgo de la privatización-dice Hernández- es la tendencia creciente del gobierno federal a subsidiar al sector privado; por ejemplo: el decreto de Felipe Calderón para deducir con cargo a impuestos hasta ciertos montos en las cuotas pagadas en escuelas privadas.
Las tendencias que observa Hernández han sido impulsadas desde los años noventa sobre todo por el Banco Mundial como parte del Consenso de Washington. Casi todas esas iniciativas han fracasado en términos de que no resuelven los problemas del bajo nivel educativo; a toda fuerza se proponen impulsar mecanismos de mercado en los servicios educativos, sobre todo en la educación superior.
Sin embargo, en el texto del Decreto de la Reforma Educativa no aparece ninguna línea que se refiera a otorgarles autonomía a los planteles escolares, supuesto sobre el que se sostiene la argumentación de Hernández.
