ESTADO DE LOS ESTADOS
Violencia imparable
Lilia Arellano

Cancún.- Mientras organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) demandan una mejor coordinación entre las fuerzas federales y locales en su lucha contra la delincuencia, y un trabajo más eficiente en el combate financiero a los grupos del crimen organizado para frenar la ola de violencia en el país, en la que se cometen alrededor de 70 homicidios diarios, el gobierno federal, por medio del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, insiste en sostener la estrategia que se sigue porque, según él, “esta funcionando”.

Sin que a la fecha se registre ningún cambio en las estrategias, se revelan 121 mil 683 ejecuciones reconocidas oficialmente. La tasa de criminalidad subió 150 por ciento, toda vez que en 2006 al arrancar la gestión del michoacano se cometieron 10 mil 452 homicidios y al cerrar el 2012 se perpetraron 26 mil 37 asesinatos, la segunda cifra más alta registrada en el país, tan sólo ubicada por debajo de la que se registró en 2011, que fue de 27 mil 213 homicidios.

A pesar de lo que declara el hidalguense, no se ve mejoría en el combate a la delincuencia y las tasas de violencia se mantienen y seguirán en los mismos niveles, al no haber una modificación a la estrategia impuesta desde el Departamento de Estado de Estados Unidos a México.

Para los empresarios, quienes exigen “una policía con mando unificado y un trabajo más eficiente en el combate financiero a los grupos del crimen organizado”, el gobierno federal debe implementar una estrategia de desarrollo integral, en las que las condiciones y oportunidades sean iguales para todos los mexicanos. Además, según la Coparmex, de la mano se debe desarrollar una perspectiva de seguridad pública, “la paz y seguridad deberá ser la misma para todos los habitantes del país sin importar el estado donde habiten”.

El organismo empresarial acusa que omisión, impunidad, corrupción y colusión con el crimen, son algunas de las causas del clima de violencia que se vive en algunas de las regiones del país.

La Coparmex consideró en un mensaje denominado “retos en materia de seguridad”, que sólo a través de la generación de riqueza es como se podrá combatir la pobreza y los males que vienen con ella, como la desigualdad social, el hambre, la marginación, el crimen y la inseguridad.

Pero el gobierno federal no cede. En una entrevista radiofónica, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, insistió en que la estrategia “debe sostenerse”, y se empeñó en señalar que “hay muchos datos de la eficiencia de esa estrategia, primero con la recuperación del control territorial de Michoacán (lo cual no se ve por ningún lado); en el hecho mismo de que tengamos detenidos prácticamente inmediatamente; tercero, la cuestión de que el Ejército está ahí, la Marina está ahí, están sin duda alguna”.

Murillo Karam subrayó que “todo esto implica que la estrategia está funcionando. Lo que creo que sería un grave error sería interrumpirla antes de terminar sus efectos, pero también tengo que ser muy claro, ninguna estrategia, ninguna va a funcionar tan rápidamente, no se hacen milagros, se tiene que ir a fondo, se tiene que destruir una estructura que tiene años de integración y de organización”.

Sin embargo, expertos en seguridad no comparten el optimismo del procurador general de la República. El general de división en retiro, Luis Garfias Magaña y el especialista en temas de seguridad nacional, Erubiel Tirado, cuestionan a los mandos castrenses y destacan que el asesinato del vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonte es un llamado de atención para que el Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México apliquen protocolos de seguridad para su altos mandos, porque, señalan, es inexplicable que quien fuera comandante de la Octava Zona Naval viajara en un vehículo que no estaba blindado, y que además no contara con una escolta suficiente para un viaje por carretera por un estado tan violento como es el de Michoacán.

Los especialistas cuestionan también a los mandos castrenses que después de más de siete años de violencia por el combate al crimen organizado, los elementos de las fuerzas armadas no apliquen protocolos para salvaguardar a sus propios mandos. Consideraron que quizá “por inercia institucional”, los mandos militares y navales descuidaron su propia seguridad, en aras de apoyar al gobierno federal en funciones de seguridad pública.