Innovación y democracia al Poder Judicial, ya
Efrén Vázquez Esquivel

Monterrey.- Con base a reglas escritas y no escritas que nada tienen que ver con la democracia, el día de hoy en el Poder Judicial del Estado (PJE) se elegirá a la persona que habrá de sustituir en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan. Y como sólo en la democracia es posible disfrutar del sabor de la sorpresa, en esta elección desde hace unos días ya se sabe quién habrá de ser el ganador: se llama Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez.

De acuerdo a la ley, el titular del Ejecutivo no interviene en la elección del presidente del TSJ. El artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nuevo León, dice que éste debe ser electo por sus pares, constituidos en pleno; pero como en México la tradición en materia de distribución racional del poder es más fuerte que las leyes, el gran elector de dicho funcionario judicial ha sido el titular del Ejecutivo. Así ha sido siempre, con excepción de la elección de Buchanan, hace dos años, en la que la mayoría del pleno del TSJ desobedeció la señal dada desde Palacio de Gobierno.

Los dos años de Buchanan no fueron mejores que los de los expresidentes, impuestos por los gobernadores en turno. Aunque su informe de hoy de seguro será grandilocuente, sus dos años al frente del TSJ pasaron sin innovaciones en la impartición de justicia,  sin producción de actos axiogénicos en el PJE, igual que los períodos de sus predecesores; pero por lo menos, en su elección hubo un buen aprendizaje para los 16 magistrados integrantes del TSJ del Estado y para los gobernados en general: probaron que es posible elegir al presidente dignamente, es decir, sin tener que votar por el candidato del gobernador. Ahí si se realizó un acto axiogénico por los nueve magistrados que votaron por Buchanan, fue el único.

Aun con la experiencia de Buchanan, hoy no se la quisieron jugar los magistrados que creen en la necesidad de ser auténticos, que creen en la independencia del Poder Judicial, en que no es bueno cubrir sólo las apariencias, tal vez faltó reflexionar en lo individual y colectivamente sobre esa experiencia.

Los medios dicen que el magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz anunció, a través de su facebook, que no participaría como candidato a la presidencia del TSJ. Quiero creer que él, y los demás magistrados que quieren ser auténticos, tienen buenas razones para no confrontar con el Ejecutivo, que esa decisión fue resultado de una seria reflexión. Pues a decir verdad, los cambios que hay que hacer en el PJE para que éste sea realmente independiente en todos sus aspectos, no dependen sólo de los integrantes del PJE, ni mucho menos de los integrantes del TSJ.

Pensar en los cambios de un sistema judicial mexicano que se nutre de la corrupción, que obstruye el pensamiento meditativo que requiere el buen juez para encontrar la verdadera justicia, que esconde las patéticas verdades detrás de la burlona estadística, que impulsa la sustitución del pensamiento meditativo por el pensamiento calculador que nutre el mundo esclavizarte de la técnica, no es, desde luego, obra de un solo grupo ni mucho menos de un solo hombre, es obra de todos los mexicanos, es obra de gobernantes y gobernados, cada cual haciendo lo propio. 

Por algo que sí pueden hacer los magistrados, y no sólo los que buscan cambios en el PJE, es percibir la urgencia  de pensar en una reingeniería constitucional que acabe con la política de simulación y el centralismo político que asfixia los órganos de impartición de justicia y estimula la corrupción judicial.

Dicha reingeniería, pensada desde la perspectiva de una democracia cognoscitiva y participativa, es condición sine que non para lograr la modernización de la justicia en sus aspectos esenciales, no sólo lo que tiene que ver con el proceso de digitalización en la administración de justicia.

Puede, incluso, hasta llegar a hacerse uso en el PJE de la inteligencia artificial para apoyar el trabajo de los jueces; pero eso, por sí mismo, no constituye una verdadera innovación en la impartición de justicia.

Cuando hablo de modernización de la justicia quiero ir a lo esencial: profesionalizar, stricto sensu, la función jurisdiccional, fuera de la órbita de influencia del Poder Judicial, para evitar favoritismos.

Tendríamos justicia de calidad, de la que no se habla en los informes como el de hoy, si, el aspirante a juez, después de concluir sus estudios de licenciatura y maestría, tuviera a la vista un instituto de la judicatura dotado de autonomía y recursos propios para dotar a los aspirantes a jueces de una sólida formación deontológica y hermenéutica. Además de ser expertos en la materia en la que se desempeñarían, los nuevos jueces deseables no serían alérgicos al conocimiento de las disciplinas sociales ni de la filosofía jurídica, sin lo cual es imposible ampliar los horizontes que requiere un buen juez para emitir sentencias justas.

Para llegar a un estado deseable del Poder Judicial, habría que comenzar, por lo menos, con un cambio criterios para designar a jueces y magistrados. Es necesario, conveniente y urgente acabar con los compadrazgos, amiguismos y el pago por favores políticos, para que en el PJE, como en otras latitudes, allende nuestras fronteras, impere la meritocracia.

Sí, todo esto es un sueño, pero afortunadamente todavía no se nos prohíbe soñar. Y cuando se sueña en algo, es posible lograr aunque sea una parte de ese algo. Lamentablemente, parece ser que en el PJE ya se ha prohibido hasta soñar, pues en esta elección inauténtica, en la que es posible que haya otro candidato sólo para cubrir apariencias, se elegirá a una persona que ya ha sido presidente del TSJ en dos ocasiones.

Ahora será presidente por tercera vez, como si no hubiera otro con capacidad para ese cargo. ¡Qué lejos se encuentra la democracia del PJE!