A medias, candidaturas ciudadanas
David Carrizales
Monterrey.- El Congreso local aprobó por unanimidad y en segunda vuelta las candidaturas independientes, al modificar el artículo 36 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, aún debe reformarse el artículo 42 constitucional, que otorga a los partidos políticos el monopolio de la representación para el registro de las candidaturas.
Con la modificación se establece que el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante cualquier autoridad electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.
La reforma había sido aprobada el primero de junio del presente año también de manera unánime por todos los grupos legislativos del Congreso local.
Sin embargo, el diez de junio el Partido Nueva Alianza destacó que “por una omisión involuntaria”, no se reformó el artículo 42 de la Constitución Política del Estado, donde se establece el derecho exclusivo de los partidos políticos para registrar candidatos ante la Comisión Estatal Electoral.
El diputado del Panal, Juan Antonio Rodríguez González, comentó que la reforma al artículo 36 fracción II de la Constitución Política local, “no es suficiente para hacer realidad las candidaturas independientes, mientras no se modifique el texto del artículo 42”. Asimismo, será necesario adecuar la Ley Electoral del Estado.
La supuesta “omisión involuntaria”, hace todavía complicado el proceso para que las candidaturas independientes en Nuevo León sean una realidad en el 2015, pues la modificación al artículo 42 y a la Ley Estatal Electoral, implicarían dos periodos de sesiones distintos.
Durante la misma sesión de este lunes, fueron rechazadas las cuentas públicas del municipio de García correspondientes al año 2011, del ex alcalde priista Jaime Rodríguez Calderón, ya que se encontraron irregularidades en la aplicación de 5.9 millones de pesos provenientes de fondos federales, por lo cual se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, solicitar el fincamiento de las sanciones penales o administrativas que correspondan.
