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1413 25 Septiembre 2013

 

Fondo de desastres
Lupita Rodríguez Martínez

Monterrey.- En materia de protección civil podemos decir que las leyes que hoy nos rigen y las políticas públicas vigentes, en gran medida, son producto de los desastres naturales que nuestro país ha enfrentado, con grandes costos en vidas humanas y pérdidas materiales.

Basta señalar que por el terremoto que sacudió la Ciudad de México en 1985, se creó en Nuevo León el Comité Estatal de Prevención de Seguridad Civil, mediante el cual se abrogó la Ley sobre Protecciones a la Seguridad y Tranquilidad de la Sociedad, de 1939. Sin embargo, el huracán Gilberto, en 1988, evidenció las limitaciones del Comité Estatal de Prevención, ya que dicho fenómeno natural, junto con otra serie de emergencias y desastres, trajo como consecuencia la promulgación de la Ley de Protección Civil, en 1997.

Ahora, tras 28 años del terremoto y 25 del huracán Gilberto, la cultura de prevención establecida por los cuerpos de Protección Civil se ha arraigado poco a poco entre la población, tras desarrollar acciones de educación y capacitación dirigidas a la ciudadanía, y sobre todo, al coordinar a las autoridades de gobierno para prevenir los agentes destructivos de los fenómenos de carácter geológico, hidro-meteorológico, químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativo.

Ante los riesgos, emergencias o desastres, la prevención debe ser la principal estrategia a nivel federal, estatal y municipal.

La Ley obliga a todas las autoridades a trabajar en las acciones, principios, normas, políticas y procedimientos tendientes a disminuir riesgos o eliminar altos riesgos, así como evitar desastres y mitigar su impacto destructivo sobre la vida, la salud, los bienes de las personas, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente.

Para lograr tal objetivo, en nuestra Estado se reprodujo el esquema del sistema nacional de protección civil, integrado por un consejo, un centro de operaciones, una dirección general, grupos de voluntarios, planes de contingencias y unidades internas de respuesta, así como programas de prevención, de auxilio, de inspección, de control, de vigilancia y además, un atlas de riesgos y un fondo de desastres.

Por ello, a similitud del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en Nuevo León se deben crear los Fondos de Desastres Estatal o Municipal para prevenir las contingencias y atender la reconstrucción.

Es responsabilidad del gobernador y de cada presidente municipal crear los fondos y sobre todo, asignar recursos para aplicarlos en las contingencias que ocurran en su ámbito territorial.

Incluso, se estipuló que en la Ley de Egresos del Estado y en los presupuestos de los municipios se deben contemplar las partidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las acciones que establece la Ley de Protección Civil, “las cuales no podrán ser reducidas en ningún caso y por ningún motivo, en el período para el que fueron asignadas”.

En la Ley de Protección Civil está prevista la prevención económica y financiera como la mejor estrategia para prevenir y atender contingencias.

Empero, la realidad es otra y muy distinta.

Resulta que tras los estragos de la tormenta tropical “Ingrid”, la cual afectó el patrimonio de miles de familias y la infraestructura pública, con un saldo rojo de sólo dos muertos, gracias a los sistemas de alerta y a las medidas de protección civil, ninguno de los ocho municipios más afectados cuenta con su propio Fondo Municipal de Desastres, y por lo tanto, no tienen los recursos para empezar a aliviar los daños causados por “Ingrid”.

Para empeorar la situación, la nueva fórmula de las Reglas de Operación del Fonden dispone que los bienes públicos deben estar asegurados para recibir el 50 por ciento de los recursos de apoyo la Federación y, por su parte, el Estado y los municipios deben aportar el otro 50 por ciento, a través de la aseguradora contratada para efecto de asegurar su infraestructura pública.

Lo grave es que este año, debido a negociaciones para adquirir una nueva póliza, el Estado no renovó la póliza del seguro contra desastres naturales, requisito indispensable para acceder a los recursos del Fonden.

¿Hasta cuándo aprenderemos realmente a prevenir los desastres?

 

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