Legisladores buscan enjaular colonias
David Carrizales
Monterrey.- Contra la opinión de expertos, el Congreso local pretende aprobar que residentes de la zona metropolitana, cierren calles o colonias por razones de seguridad. La pretensión de los diputados, causó malestar entre vecinos, que sólo ven en estas acciones “armas” para el negocio de unos cuantos, que de paso violan la garantía constitucional de libre tránsito.
Los integrantes de Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales aprobaron el miércoles por mayoría, la creación de la Ley de Juntas Vecinales del Estado de Nuevo León, para regular la organización de los habitantes de colonias y permitir la restricción temporal de calles.
De ser aprobada por el pleno la nueva normatividad, el Municipio podría reconocer la creación de Juntas Vecinales sin que los residentes tuvieran que recurrir a una Notaría Pública para registrarse como asociación. Asimismo, para el cierre temporal de calles, el proyecto de ley establece como condición que la restricción sea aceptada cuando menos por el 75 por ciento de los vecinos.
El panista Enrique Barrios, promotor de la iniciativa, expuso que “el tema más importante es que (los vecinos) puedan solicitar a la autoridad municipal la restricción de acceso a alguna calle o zona o a la colonia; entonces esta herramienta les da la posibilidad a los vecinos de hacer un poco más por su propia seguridad, ya sea poniendo una pluma en su calle o una caseta para que un guardia vigile”.
Además esta nueva ley contempla que las Juntas Vecinales no podrán tener fines de lucro, pero mediante estatutos “podrán fijarse aportaciones económicas en mejoras de la colonia”. La restricción temporal de calles será autorizada por el Alcalde, aunque esa facultad podrá ser delegable; será por un plazo de tres años y se puede prorrogar.
La propuesta de Barrios que será llevada a la consideración del pleno legislativo, es contraria a la recomendación de la arquitecta chilena Macarena Rau Vargas, quien el 13 de julio de 2012, durante un foro al que acudieron el gobernador Rodrigo Medina y representantes de las secretarías federales de Gobernación, Seguridad Pública y de la Defensa Nacional, expresó que cuando los habitantes de las ciudades tienden a encerrarse en sus casas y construir bardas enormes, logran un efecto contrario al que buscan, pues le dejan los espacios públicos a la delincuencia.
Macarena Rau sostiene que la violencia es el síntoma de una enfermedad que debe combatirse de raíz y afirma que las grandes urbes mexicanas son inseguras porque existen serios problemas de concertación y falta de cohesión.
“El tejido social se ha debilitado a causa de la impunidad y de inadecuadas políticas de urbanismo y desarrollo, señala la arquitecta chilena y recomienda “construir una red social donde el ciudadano sea protagonista y no sea visto como objeto por las autoridades.”
“Para ello, antes que bardas o retenes, se requiere una sociedad civil muy fuerte que exija y vigile, que las personas se rencuentren entre sí, que vuelvan a tomar la ciudad y saquen a la delincuencia de los espacios públicos, expuso la experta en seguridad con enfoques multidisciplinarios y políticas ambientales.”
Y los hechos también desmienten los argumentos de la iniciativa de Barrios, pues en febrero de 2013, el coordinador del grupo Antirrobos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León, Gustavo Gerardo Garza Saucedo, fue ejecutado por un francotirador que le disparó con un fusil Barret 50 cuando llegaba su domicilio en la colonia privada, Hacienda del Carmen, municipio de Apodaca.
De nada sirvió al jefe policiaco vivir en una colonia que cuenta con caseta de vigilancia, a la que supuestamente sólo se puede entrar con identificación.
Juan Manuel Muñoz Soto, vecino de la colonia Torremolinos, de Ciudad Guadalupe, planteó el pasado mes de agosto a diputados locales, su inconformidad porque a pesar del rechazo de 200 de las 300 familias que residen en el sector, durante la administración de Ivonne Álvarez, el comité de vecinos cerró las calles del fraccionamiento con 14 bardas y para poder ingresar era necesario contar con una tarjeta electrónica que implica pagar 300 pesos mensuales.
Según el denunciante, dicho equipo habría sido dotado por la empresa Pemsa, de la que es socio Nicolás Alvarez, padre de la hoy senadora de la República, Ivonne Álvarez.
A raíz de la propuesta de Enrique Barrios, ya aprobada en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Muñoz Soto comentó para enfrentar la delincuencia, no se debe cometer un delito, violando la libertad de tránsito que protege la Constitución.
Mencionó que además esas medidas no funcionan, pues hace días fue detenida una banda de narcomenudistas que operaba en la colonia Torremolinos, de lo cual se deduce que las bardas no impiden que ingresen los delincuentes.
