TRANSICIONES
Seis décadas
Víctor Alejandro Espinoza

Tijuana.- El pasado jueves 17 de octubre se conmemoraron 60 años de la extensión de derechos políticos a las mujeres; la posibilidad de votar y ser votadas apenas cumple 6 décadas de vida en México: poco tiempo en términos sociales. No fue ni ha sido fácil para las mujeres lograr cambios importantes en algunas dimensiones de la vida pública mexicana. Han sido años de una lucha acumulativa que apenas comienza a rendir frutos.

Incluso en la promulgación del decreto del 17 de octubre de 1953, se consideraba que para ser reconocidos como ciudadanos, al cumplir los 18 años deberían estar “casados” y demostrar un “modo honesto de vivir”. Obviamente, la dedicatoria era muy clara para las mujeres.

Invitado por el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California y La Universidad de las Californias Internacional, participé en el evento que tuvo como sede a dicha universidad. Mi charla giró en torno al proceso de participación de las mujeres en la vida política. Hice notar que la extensión de los derechos políticos formales tiene que extenderse a otros ámbitos para hacerse realidad: la desigualdad no sólo se circunscribe al terreno político sino al económico, social y cultural. De poco sirve la garantía legal si no existen condiciones para que dichos derechos puedan ser ejercidos plenamente.

Las políticas de acción afirmativa han permitido acortar la brecha de la desigualdad entre grupos sociales. Las llamadas cuotas de género en la postulación a cargos de representación política se instituyeron en 1997, poniendo un límite de 70 por ciento en las postulaciones de un mismo sexo; posteriormente y como producto de la reforma política de 2008, el límite máximo se redujo al 60 por ciento, porcentaje que podía evitarse si el proceso de designación de candidaturas procedía de un “método democrático”.

En medio del proceso electoral federal de 2012, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante el reclamo de mujeres de distintos partidos políticos, emitió una sentencia histórica: no importaba el método de designación, siempre se tendrá que cumplir la cuota de 60-40 por ciento y los suplentes deberán ser del mismo sexo, para evitar las diputadas “juanitas”. En Baja California, durante 2013 se ratificó esta trascendental sentencia para el caso de candidatos a diputados y regidurías.

Aunque mucho se ha ganado, es poco en realidad. Sobre todo porque no hay correspondencia respecto al crecimiento natural de la población y su distribución por sexo que se refleja claramente en la composición de la lista nominal nacional. El 51.75 por ciento de la misma está integrada por mujeres, mientras que los hombres alcanzan un 50.24 por ciento. Existe muy poca información acerca de cómo participamos electoralmente los mexicanos; sobre todo por la secrecía de la información.

Entre los pocos estudios que se conocen, destaco que en octubre de 2011 Consulta Mitofsky difundió los resultados de un sondeo sobre el voto diferenciado, basado en dos elecciones federales intermedias. En 2003, las mujeres votaron más que los hombres (53.8 y 46.2 por ciento, respectivamente): la diferencia fue de 7.6 por ciento. Pero para 2009, dicha diferencia se incrementó, al alcanzar un 11.4 por ciento, pues del total de votos, 55.7 provino de las mujeres y el 44.3 por ciento de los hombres. Es decir, las mujeres están votando más que los hombres.

Sin embargo, en términos de representación no hay correspondencia numérica: ha habido un total de seis gobernadoras, pero en la actualidad no hay ninguna (las dos últimas fueron Ivonne Ortega Pacheco y Amalia García Medina –Yucatán y Zacatecas-) y apenas 132 de 2547, son alcaldesas: sólo un 5 por ciento.

La XXI legislatura de Baja California que inició el pasado 1 de octubre reporta 8 diputadas de un total de 25, dato importante: una más que en la pasada legislatura; sin embargo el gobierno que termina funciones el 31 de octubre no incluye a ninguna mujer en el gabinete.

Insisto, pese a los avances, todavía una parte importante de la sociedad mexicana se resiste a los cambios. Otro estudio de la empresa Consulta Mitofsky arrojó que un 5.4 por ciento de los mexicanos considera que la decisión de extender el derecho al voto a las mujeres fue una “mala decisión” y un 24.9 por ciento dice que no es “ni buena ni mala”.

El camino todavía es cuesta arriba.