10 mitos sobre la Reforma Político-Electoral
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- El sábado 31 de enero fui invitado por el dinámico Colegio de Abogados mazatlecos “Marco Antonio Arroyo Cambero”, que dirige nuestro amigo Óscar Carvajal, para disertar sobre las reformas constitucionales en materia político-electoral que un día antes había promulgado el Presidente Peña Nieto.

Entonces, como bien lo dijo uno de mis anfitriones, era un tema “calientito”, que merecía conocerse y discutirse en beneficio de los miembros de ese colegio profesional y la circulación de ideas para una sociedad más informada.

Sin embargo, hay que decir que dado el alud de reformas que fueron aprobadas, frecuentemente no terminamos de digerirlas y mucho menos comprender su alcance en la vida nacional; luego tenemos que hay leyendas  y mitos urbanos, que es bueno destruir para tratar de verlas tal cual. Sin el oropel mediático.

1. Es la mayor reforma que haya habido desde que se vivió el proceso de cambio. Es una reforma importante pero no es la gran reforma que haya habido desde que termino el largo ciclo del PRI hegemónico sin oposición. Las reformas electorales de 1977, 1996 y 2007 quizá son de mayor calado porque en ellas se lograron grandes acuerdos sobre un nuevo sistema de partidos, la autonomía y la plena ciudadanización del IFE, además, la cancelación de la contratación de tiempos y espacios privados en los medios de comunicación.

1. Es producto del consenso de todas las fuerzas políticas. En realidad si bien podría decirse que es resultado del  consenso interpartidario que representó el llamado Pacto por México, al final terminó siendo avalado sólo por el PRI, PAN, PVEM y PANAL, auto marginándose la izquierda electoral representada por el PRD, PT y MC, que una vez más en la historia electoral no logró poner su sello pese a que fue uno de los promotores. Al final el PRD, hoy sufre incertidumbre y congoja por los posibles efectos que tendrá a partir de los comicios de 2015, que serán especialmente competitivos en una izquierda fragmentada.

1. Sale fortalecido el PRI. No, el que sale más fortalecido es el PAN, porque la mayoría de sus propuestas en materia electoral fueron aprobadas, restando fuerzas al presidencialismo, a través de la autonomía que se alcanza en el CONEVAL, la PGR y los MP, como también la ratificación de los Secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, respectivamente. No es casual que Gustavo Madero después de aprobarse las reformas haya afirmado que es un “triunfo cultural” de su partido.

 

Es bueno que el Congreso de la Unión apruebe el Plan Nacional de Desarrollo. Aunque tampoco es malo, el anterior diseño institucional que establece que el Presidente siga presentando su ruta de navegación y el Congreso vigile su cumplimiento en un marco de la separación de poderes.  Lograr este aval hará que el PND sea a la medida del Congreso de la Unión y afectará seguramente, la llamada accountability, es decir, la reciprocidad entre lo que se ofrece en campaña y la ruta de navegación que deberían ser temas de responsabilidad política e institucional del partido que ganó la elección presidencial.

1. El gobierno de coalición es la panacea a los problemas de falta de mayorías absolutas, incluso los de ausencia de mayorías calificadas. Como viene la ley, es discrecional la formación de gobierno de coalición, cuando debiera ser continuación de las coaliciones electorales. En democracia no debiera haber coaliciones electorales que no terminen siendo coaliciones de gobierno, porque se distorsiona el sentido del mandato mayoritario. Más aún, esta idea extraída del ideario del parlamentarismo no tiene una salida en el supuesto  que se rompa esa coalición de gobierno, como en aquellos países donde existe la posibilidad que se disuelva el parlamento y se convoque a nuevas elecciones para generar una nueva mayoría.

1. La reelección es la vía para la profesionalización de los políticos en los cargos de representación. Con nuestra estructura y cultura política es más alta la probabilidad de que con la reelección se fortalezcan los cacicazgos y el clientelismo político, que en el mediano plazo fortalezcamos las carreras político-administrativas. No obstante, hay un asomo de optimismo si consideramos el castigo electoral que vienen dando los ciudadanos a partidos con gobiernos de bajo rendimiento y proclives a la opacidad y corrupción.

 

1. El incremento del umbral electoral reducirá sensiblemente el sistema de partidos en 2015. En efecto, en las elecciones de 2015 es muy probable que saque algunos de ellos –especialmente peligran MC, PT como también los que podrían transformarse en nuevos partidos: Encuentro Social y  Partido Humanista– un poco menos el PVEM y PANAL. Las series de comportamiento electoral así lo demuestra, pues en la hipótesis de que participe el 80% de la lista nominal, esto significaría aproximadamente 1 millón 200 mil votos. Pero, donde se encuentra el mayor riesgo es en los partidos de izquierda, que ahora tendrán que competir contra la irritación social y su bombero estrella: López Obrador, quien seguramente con el registro de Morena atraerá a segmentos importantes de votantes irritados y de izquierda.

1. La creación del Instituto Nacional Electoral atenta contra el federalismo y la soberanía de los estados. Falso, los organismos electorales estatales continuarán, sólo que ahora compartían tareas con el INE y ahora la designación de los siete consejeros electorales estatales, incluido su Presidente, saldrá de las transacciones políticas de los estados para ser una responsabilidad exclusiva de los once consejeros electorales que integraran el INE, quienes a su vez deberán ser resultado de un proceso riguroso donde deberá combinarse idoneidad profesional, consenso legislativo y en última instancia, si no hay acuerdo, insaculación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

1. Las reformas contribuyen a elevar la calidad democrática del país. Si bien no son despreciables los alcances de las reformas constitucionales, habría que decir que al menos dos de los cuatro indicadores más socorridos en la ciencia política no manifiestan un avance: la transparencia y la rendición de cuentas. Ningún artículo o modificación constitucional indica que los partidos y políticos en funciones estén obligados a ser más transparentes en el manejo de recursos públicos y rendir cuentas de sus actos. La opacidad seguirá siendo un antivalor y eso no permite subir de nivel en los estándares de calidad.

1. Finalmente, las llamadas “candidaturas ciudadanas”, incorporadas a la Constitución en 2012, serán un contrapeso a la omnipotencia de la partidocracia. La ausencia de una legislación federal que pudiera servir de guía a los estados está dejando ver que los partidos aceptaron su diseño pero no están dispuestos a renunciar al monopolio de la representación y es por eso, hasta ahora en Zacatecas, han aprobado un despropósito legal con requisitos mayores a los exigidos a los partidos. Pese a esto, las nuevas reformas constitucionales sitúan en materia de financiamiento público en un plano de igualdad al menos en un aspecto, aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley y compitan deben recibir la parte proporcional del 30% igualitaria para todos partidos.

 

En definitiva, la llamada “transición votada” no termina por concluir y ser antídoto a la gran conflictividad social en algunas regiones del país. Pero ese es otro tema digno de abordarse en otra entrega.