5 de Febrero, refundar la república
Pablo Vargas González

Pachuca.- El 5 de febrero llegamos al 97 aniversario de la Carta Magna, y aparte de los discursos oficiales no pueden pasar inadvertidas muestras de inconformidad social por las “reformas estructurales” que se hicieron en 2013, modificando drásticamente el espíritu fundacional. La impugnación más relevante fue la asamblea realizada, en el mismo día para formar un Congreso Popular, sin partidos y desde la sociedad civil.

Por siempre la Constitución Política de 1917, fue el catalogo fundamental de normas que regían a los mexicanos. Y sin embargo, en esta coyuntura las reformas que hicieron por parte de las cúpulas de los partidos (PRI, PAN y PRD) son proyectos que tienden a vulnerar el espíritu con el cual fue diseñada, puesto que están en riesgo principios básicos con los que crecimos los mexicanos.

Hay que recordar  que fue resultado de un movimiento social revolucionario que se opuso a la dictadura porfirista que duró 34 años en el poder de 1876 a 1910. Por consiguiente su legitimidad y vigencia está fuera de toda duda. En 1917 se conformó el primer congreso constituyente con diputados representativos de todo el país que dieron a la norma una “soberanía originaria, suprema y directa” que permitió el nacimiento de nuevas instituciones y poderes constituidos.

La Constitución Política mexicana fue una norma pionera en el mundo porque contiene normas de avanzada en el plano social, en las garantías individuales y en el papel que debe jugar el Estado como instrumento rector para la distribución de las riquezas, protección del territorio nacional, protección de los derechos laborales y defensa de los recursos naturales, con una clara visión de futuro para el desarrollo de los mexicanos. Esto se hizo así gracias a la integración de las demandas de amplios sectores populares encabezadas por Zapata, Villa, y Madero.

Con el pasar de las décadas, la Constitución fue paulatinamente relegada, y modificada en cientos de ocasiones con la mala idea de “modernizarla” a la actualidad que no era otra cosa que adaptarla a los intereses y conveniencias de los gobernantes en turno, que vieron en la Constitución no como el referente y guía fundamental de gobierno sino como un obstáculo al que hay superar o hacer a un lado.  De 1917 al año 2012 se le hicieron más de 500 modificaciones a la Carta magna.

Con esas enmendaduras se han dado un giro a los principios fundamentales en que fue concebida la Constitución de 1917, inclusive podemos decir que ha habido retrocesos significativos, de tal manera que se pueden catalogar como contra revolucionarios: se ha modificado la propiedad de la tierra, con la privatización del ejido que permitió el presidente Salinas de Gortari.

 La política de privatizaciones desde 1982 permitió una despiadada intervención del capital nacional e internacional sobre empresas paraestatales primero las saquearon las dejaron en “número rojos” por la corrupción desmedida y luego las ofrecieron al mejor postor, muchas de las cuales jugaban un papel central en el reparto de las riquezas, por ejemplo Conasupo; hasta en el estado de Hidalgo repercutió esa política en que se entregó a manos privadas empresas como La Compañía Real del Monte y Pachuca, todas las empresas del Combinado Industrial de Ciudad Sahún: SIDENA, DINA, Carros de Ferrocarril, y donde se recuerda se perdieron decenas de miles de empleos, tan solo en esta entidad.

Por eso resulta significativo, la convocatoria para formar un Congreso Popular, y el mismo 5 de febrero la organización de una Asamblea con la asistencia de más de dos mil personas de todo el país, el Congreso Popular (CP) aprobó un decreto por el que se deroga la reforma energética publicada el 20 de diciembre pasado y decidió efectuar acciones de resistencia civil pacífica para oponerse a la apertura de la industria petrolera y eléctrica. La primera se llevará a cabo el 18 de marzo próximo.

Esta asamblea de un congreso Popular, no convocada por partidos, es emblemática de un despertar y una reacción frente a la aprobación de reformas como la entrega de recursos naturales a empresas extranjeras; la reforma de telecomunicaciones que solo benefician a los monopolios empresariales, y la reelección de diputados, senadores y alcaldes por doce años. Un asalto en despoblado. Es pertinente que la oposición crezca con el pasar de los días y meses.