Autodefensas colombianas, el huevo de la serpiente
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- Si tuviéramos que cerrar el título de este ensayo quizá habría que agregar que cualquier semejanza con México es mera coincidencia. Y no porque nuestro país haya ya recorrido cada una de las etapas el fenómeno colombiano, sino porque de seguir las cosas como van, el desenlace pudiera ser tan brutal o mayor a los saldos institucionales que dejó la llamada “guerra contra el narco” de Felipe Calderón.

Me explico. El surgimiento de los grupos de autodefensa en Colombia, al igual que en México, aparece como resultado de la incapacidad del Estado para tener control sobre el territorio y garantizar seguridad a los ciudadanos.
Esta debilidad institucional, ya sea por la auto-organización, o bien por la promoción de agentes económicos, o ambos, propició el surgimiento de estos grupos de autodefensa que buscan llenar el vacío de política pública.

Luego el problema se complejizaría en una red de intereses económicos, políticos y sociales. Algo que empezamos a ver en Michoacán y eso podría ser sólo la punta de iceberg de un problema mayor.

Sin embargo, el tema los grandes momentos de las autodefensas colombianas, su evolución y complejización, sus vínculos con el poder político, económico y militar, su derrota, que deja enseñanzas para México, cuando la situación está tornándose en un problema mayor serio para el gobierno, cuando están apareciendo nombres e imágenes de políticos de los partidos principales.

El huevo de la serpiente
Corrían los años ochenta cuando Colombia vivía uno de los peores momentos de su historia de violencia. Las guerrillas de las FARC, las ELN y las EPL, los cárteles de Medellín y Cali y la contaminación en las altas esferas del gobierno producían un coctel explosivo con su estela de violencia que se irradiaba por buena parte del territorio.

En ese vértice, las autodefensas pasan de la simple protección de sus bienes para transformarse en un brazo armado parapolítico y militar contra los grupos insurgentes marxistas.

Luego esas expresiones aisladas se transformarían en las Autodefensas Unidas de Colombia y en 1992 cuando fracasaron los Diálogos de Paz de Tlaxcala,  donde el gobierno del Presidente César Gaviria y las delegaciones de la triada guerrillera FARC-ELN-EPL, se refuerza con la aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, comandadas por Carlos Castaño, un joven de una familia ligada al narcotráfico, que da un giro cuando se pone al servicio especialmente con la organización criminal de Pablo Escobar.

No obstante este giro con el “principal enemigo del Estado colombiano”, no significó una posición más firme del gobierno, sino por el contrario se reforzó la red intrincada de intereses económicos y políticos y terminó en un escándalo político y judicial denominado genéricamente “Parapolítica”.

Está connivencia quedó evidenciada en el llamado Pacto de Ralito, donde algunos líderes de las autodefensas, acuerdan con parlamentarios, ex parlamentarios, alcaldes, gobernadores y otros funcionarios públicos la “defensa de la patria”.

¿Qué es la Parapolítica?
Nos dice una definición que es “el nombre con el que se conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006, por la revelación de los vínculos de  políticos con paramilitares”. Una información que sacudió de pies a cabeza a la clase política colombiana. Y es que los políticos colombianos, al brindar apoyo a estas organizaciones armadas ilegales, iban en contra de la lógica de su propia representación.

Un político institucional se debe a las leyes, no puede ni debe transgredirlas. Incluso cobraba más relevancia porque aquellos paramilitares eran culpables de múltiples matanzas donde no faltaron las muertes de destacados miembros de la clase política, entre ellos políticos de izquierda como Carlos Pizarro,  Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo.

Los primeros habían sido candidatos presidenciales de Alianza Democrática M-19 y Fuerza Patriótica, respectivamente, y por su liderazgo y posturas frente al tema del paramilitarismo se transformaron en objetivo de ellos.  
Dice Edgardo Buscaglia, especialista en los temas de narcopolítica, que la explicación de que la propia clase colombiana haya decidido ir contra sus miembros se debe fundamentalmente a que la sangre había llegado hasta ellos.
Es decir, la violencia había escalado de manera que ni los propios políticos  y sus familias estaban exentos de los ataques criminales.

La computadora de Jorge 40
La incautación de una computadora a uno de los criminales ligados a las autodefensas del bloque norte, reveló información valiosa sobre los crímenes “contra líderes sociales de la Costa Atlántica y la alianza con diferentes políticos que incluían alcaldes, gobernadores y aspirantes a congresistas, con el propósito de expandir su poder en el país, hechos que desencadenaron en diferentes masacres, asesinatos y un número aún desconocido de congresistas y otros servidores públicos”.

Las indagaciones judiciales revelaron que algunos senadores de la coalición gobernante estaban involucrados en esta red criminal de narcopolíticos. Esto llevó a que la Corte Suprema de Justicia se encargara de investigar estos nexos y crímenes.

Aunado a las investigaciones de la Corte se abrió uno de los debates más duros en el Poder legislativo de este país sudamericano. La acusación se multiplicó en contra del Presidente Álvaro Uribe, por proteger a algunos gobernadores que estaban involucrados en la trama criminal y que habían accedido a los cargos públicos gracias a los servicios electorales que les prestaban los paramilitares en sus regiones. 

Finalmente, la lógica de teoría del dominó se cumplió y así  fue como cayeron jefes de los paramilitares y con ellos políticos cómplices por lo que se les abrió procesos y decenas de políticos fueron a parar a la cárcel y empezó el proceso de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, incluidas las muertes de algunos de sus líderes, como fue el caso de Carlos Castaño y varios miembros de su grupo. 

Luego vendría un proceso de desmovilización de los paramilitares, pero esto no significó que hayan acabado. Actualmente están las llamadas Bandas Emergentes, que están al servicio del narcotráfico y son considerados descendientes directos del paramilitarismo.

Pero, sobre todo, el paramilitarismo dejó un serio problema de los desplazados internos, que alcanzaba hasta 2011, según diversas fuentes, entre 3.5 y 5 millones de colombianos, más dos millones de colombianos fuera del país.

En un país de 47 millones significa que al menos uno y medio de cada diez, ha tenido que cambiar de residencia.

En ese intervalo tenemos que el gobierno norteamericano solicitó al colombiano la extradición de algunos de estos líderes, por los vínculos que tenían los jefes del narcotráfico; luego se concedió y muchos de ellos hoy rumian su impotencia en las prisiones de alta seguridad estadounidense.

Reflexión
En definitiva, el fenómeno de las autodefensas que hoy despierta simpatías por el valor de estos michoacanos de enfrentarse a los Caballeros Templarios, resulta legítima ante la ausencia de autoridad en su región.

Sin embargo, mucho enseña la experiencia colombiana; quizá la mayor es que los grupos armados ilegales suelen transformarse en otra cosa más delicada para la estabilidad y la gobernabilidad.

El acuerdo al que llegaron Gobernación y los líderes de las autodefensas michoacanas, donde estas se legalizan es un paso a un terreno incierto en el mediano y largo plazo; el gobierno peñanietista deja la iniciativa a los autodefensas y el ejército y las policías federales tienen una presencia discreta en la recuperación paulatina del estado; esto las empodera, porque el gobierno cede su responsabilidad constitucional. Y eso nunca debe ocurrir.

Las fuerzas de seguridad del Estado no deben estar a la retaguardia, sino la garantía de que en este problema hay la decisión de recuperar las instituciones, deslindar responsabilidades y recuperar la confianza de los ciudadanos.  

Y eso, hasta ahora no está ocurriendo, las autodefensas son otro poder en sí mismo.