En los detalles está el diablo
Víctor Orozco

Chihuahua.- El pasado cuatro de junio se constituyó el capítulo Chihuahua del Frente por la Comunicación Democrática. Convocado originalmente por Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Javier Corral, ha concitado la adhesión de miles de ciudadanos con distintas orientaciones ideológicas y políticas. El común denominador es la defensa del derecho que tenemos los habitantes del país a medios de comunicación abiertos, con información sin sesgos, ni tabúes u ocultamientos.

El motivo de la formación del frente es el retroceso contenido en la iniciativa de ley enviada por el ejecutivo federal al senado de la República para regular una amplia gama de materias en el área de las comunicaciones, en las que se comprenden la televisión, la radio y las agrupadas genéricamente en el internet.

En estos días, el senado discutirá el proyecto de la ley que reglamentará varios artículos de la constitución general de la República en cuyas reformas ejecutadas el año pasado se consignaron avances puntuales para garantizar derechos colectivos e individuales. Tales fueron una protección ampliada del derecho a la información y el otorgamiento de mayores facultades al organismo autónomo encargado de hacer efectivo el cumplimiento de la norma en aspectos fundamentales como lo es el otorgamiento de concesiones. La avanzada reforma fue producto de una persistente y antigua demanda social para limitar los poderes de las dos gigantes empresas televisivas y de otras que hegemonizan de manera absoluta el uso del espacio radio-eléctrico perteneciente a la nación, pero utilizado para fines privados y de lucro.

El nuevo texto constitucional fue aplaudido casi por unanimidad, en tanto respondía a estas exigencias. Sin embargo, falta transitar por su reglamentación. En este paso, sabemos cómo se han perdido, en diversas ocasiones y tópicos, conquistas torales para la sociedad en general o para amplios sectores de la misma. La ley básica puede proclamar el más bello catálogo de derechos y reivindicaciones, que ya se encargarán de borrar o hacer nugatorio las leyes secundarias, así como sus ejecutores y sus intérpretes. Si la reforma aprobada en junio de 2013 lima las uñas a las dos televisoras, la iniciativa de Peña Nieto se encarga de afilárselas de nuevo, entregándoles otra vez canonjías y ventajas. Si la Constitución reserva las principales facultades para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la iniciativa hace regresar a la secretaría de Gobernación y a la de Comunicaciones y Transportes funciones de intervención que dan al traste con las libertades.

La trampa legislativa es antigua. En sustancia, es la misma que se aplica en las relaciones laborales. Mientras que en el artículo 123 de la Constitución se declaran preciosos derechos de los trabajadores, la sección de la Ley Federal del Trabajo que regula los procedimientos los convierte en puras ilusiones. Ello, porque en la maraña de disposiciones, prácticas, complicidades de abogados y autoridades laborales, jamás puede un trabajador acceder al pago íntegro de sus prestaciones, reducidas al final a una magra limosna.

No en balde, dice un dicho ingenioso y sabio que el diablo… está en los detalles.

En el fondo de la cuestión se localizan antiguas disputas relacionadas con el ejercicio de los derechos ciudadanos. El poder, concentrado en el gobierno, tiende siempre a incrementarse, de tal suerte que entre los grupos cupulares (clero, grandes empresarios y altos burócratas) y el resto de la sociedad se va abriendo una brecha abismal, que coloca a los primeros en el polo de aquellos que deciden por todos y privilegian sus propios intereses. Para que ello suceda, es menester la existencia de una sociedad ignorante o mal informada. El control de las comunicaciones se convierte así en una de las llaves maestras para los poderes fácticos. Y la democratización de aquéllas, a su vez, en un objetivo estratégico para la causa general de emancipación social.  

El nuevo Frente por la Comunicación Democrática, incide así y de manera directa en lo que puede considerarse una disputa por el dominio de las conciencias o por su liberación. Para destacar la relevancia del asunto, pensemos en unos cuantos aspectos:

La anhelada transparencia en el uso de los recursos públicos. Es pura fantasía si son los magnates de la TV y de la radio los que deciden cuándo, sobre quién y qué informar. 

La lucha contra la corrupción. Si los medios son comprados con dinero público para tapar los robos y fraudes al erario, los ciudadanos nunca se enterarán del manejo de presupuestos. Pueden así los altos funcionarios hacer aquello que les pegue en gana para cubrir aviadurías, cotizaciones infladas en las obras públicas y todo lo que usted pueda imaginar para enriquecerse ellos y sus agentes.

Igual sucede cuando los medios se convierten en encubridores de actos ominosos perpetrados por miembros de cuerpos poderosos como la iglesia o el ejército.

La mejora en las prácticas democráticas, es imposible con medios monopolizados y copados por el gran capital coludido con la élite de los partidos políticos y del estado. Una campaña propagandística aceitada con los cheque de las tesorerías oficiales, es capaz de construir e imponer candidaturas o bien desprestigiar, mantener en el ostracismo o derrumbar a otras dsagradables a quien paga.

La apertura a las nuevas ideas, a causas generosas, es obstaculizada y evitada por los dueños, en colusión con los censores del estado o de las iglesias organizadas.

Muy poco o nada sirven los medios subordinados a intereses y caprichos de los dueños para elevar el nivel cultural, de conocimientos o el disfrute de las bellas artes. Tales funciones se olvidan o se pierden a favor de las operaciones enajenantes y manipuladoras en los deportes o espectáculos frívolos.

Son éstas algunas de las problemáticas de tanta notabilidad y que conforman otras tantas bifurcaciones de caminos en el tema de los medios de comunicación. Si México toma la senda de las imposiciones, las censuras y autocensuras, las complicidades entre dueños y funcionarios, la privatización de bienes pertenecientes a la colectividad, el control de las conciencias vía la propaganda, la negación de información veraz y oportuna, la falta de pluralidad y de opciones varias; ya está: tendremos una sociedad paralizada, inerme ante sus expoliadores e incapaz de modificar el estatus quo opresor.

Si triunfa la causa defendida por el Frente por la Comunicación Democrática, se abrirán anchas posibilidades de mejoras en todos los ámbitos de la vida social. Tendremos instrumentos valiosos para buscar mejores condiciones de vida, para renovar nuestras desprestigiadas instituciones, para introducir en ellas la honestidad y la cultura de la legalidad, para evitar que la opacidad y los ocultamientos velen malas conductas e impidan correcciones y sanciones. También para generar saludables revueltas ciudadanas, como ha sucedido en distintas latitudes por medio del uso de las redes sociales, a las que hoy algunos también buscan poner mordazas.

Cierto, algunas de las medidas propuestas por el Frente, como “poner marcaje” personal a los senadores de cada estado y a los de representación proporcional, para exigirles que voten contra las restricciones de la iniciativa de ley, en la mayoría de los casos es como pedir peras al olmo; de cualquier manera, estas herramientas ciudadanas tienden a extenderse y a formar oleadas que hacen retroceder a los ocupantes del poder y a su avidez por acrecentarlo. De esta suerte, demos la bienvenida a la difusión de esta protesta social en redes de toda índole, el impulso a foros, talleres y conferencias, volanteos y demás recursos propuestos.

De conformación pluripartidista y con integrantes de distintos perfiles ideológicos, el común denominador que orienta al Frente, dividirá a partidos y agrupamientos, pero estará en condiciones de encabezar una movilización ciudadana auténtica.