ANÁLISIS A FONDO
Todo listo para enriquecer a los mexicas
Francisco Gómez Maza

Habrá periodo extra el viernes y sábado
Las secundarias para comienzos de julio

Ciudad de México.- Esta semana será quizá crucial para que el Congreso concluya, de una vez por todas, con la aprobación de las leyes secundarias, la letra chiquita, de las reformas en materia de telecomunicaciones y petróleo y energía eléctrica, si es que los senadores se apuran en dictaminarlas.

Pero antes, mientras las comisiones senatoriales terminan de afinar los respectivos dictámenes, la Comisión Permanente tendrá que convocar a periodo extraordinario –los próximos jueves y viernes (19 y 20)– para que los diputados concluyan con los ajustes a la reforma político electoral, mocha en varios puntos.

El mensajero presidencial, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la mayoría priista en San Lázaro, informó que los diputados tendrán que hacer ajustes, antes de cualquier otra cosa relativa a las teles y al petróleo, al paquete político electoral:

Aún está pendiente la solución legal y definitiva al controvertido asunto del haber de retiro para los magistrados electorales, el castigo al uso indebido de recursos públicos en propaganda electoral y el ajuste de las leyes electorales del Distrito Federal a la reforma, entre otros.

Los diputados habrán de derogar el haber de retiro de los magistrados electorales como una solución de fondo y definitiva a la controversia púbica que generó este tema.

Realizarán también ajustes a la Ley General de Partidos Políticos para que los votos emitidos a favor de las coaliciones electorales se distribuyan de manera igualitaria entre los partidos que las integran y esto se considere en la asignación de los candidatos propuestos por la fórmula de representación proporcional.

Plantearán así mismo adecuaciones a la Ley general en materia de delitos electorales, para castigar el uso indebido de los recursos públicos en tiempos electorales.

Y modificarán el Estatuto de Gobierno del D.F. para facultar a la Asamblea Legislativa a que legisle y adapte al ámbito local las leyes en materia político electoral, como ya lo hacen los congresos de las entidades federativas.

Concluido con el tema electoral, los diputados estarían ya libres para retomando la dinámica de las reformas a las leyes reglamentarias en materia de energía. Manlio Fabio calcula que  estas reformas quedarían listas al comenzar el mes de julio.

El presidente de la Mesa Directiva de los diputados, José González Morfín, por su parte, advirtió que, a partir de este lunes quedarán solo dos semanas para que los Congresos locales armonicen sus leyes en materia político electoral y las hagan acordes a las reformas en leyes secundarias avaladas en la Cámara de Diputados, el pasado 15 de mayo. De lo contrario, todo el esfuerzo hecho por actualizar el marco jurídico electoral estaría en riesgo. 

Son 17 entidades las que tendrán comicios el próximo año y la ley marca que no pueden hacerse ajustes 90 días antes de que dé inicio el año electoral. Ya seis han asumido el compromiso y han hecho las adecuaciones correspondientes: Tabasco, Colima, San Luis Potosí, Sonora, Morelos y Guanajuato. 

La armonización de todas las legislaciones estatales debe quedar antes del 30 de junio. Los procesos electorales se inician en octubre para concluir con las elecciones de julio del año venidero.

Mientras tanto, los perredistas insisten en sus preocupaciones de cara a la reforma petrolera. el vice coordinador de esa bancada, Miguel Alonso Raya, advirtió que la defensa que el gobierno hace de la reforma energética está plagada de mentiras. La reforma por sí misma no bajará los precios de la energía eléctrica, del gas y de la gasolina, y eso el gobierno no se lo dice a los mexicanos, comentó. Todas las evidencias indican que el gobierno, junto con el PRI y el PAN, impondrá las leyes reglamentarias energéticas sin atender argumentos en contra.

Por ejemplo, denunció Alonso Raya, el despojo de tierras en ejidos y comunidades, que permitirá la reforma energética para priorizar la explotación de los hidrocarburos por parte de las trasnacionales, puede  despertar el México bronco y provocar un estallido social de dimensiones incalculables.

En el artículo Octavo transitorio de la reforma petrolera, que define como de interés social y orden público a la exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, por lo que estas actividades tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, es la parte más agresiva no sólo contra las tierras y territorios indígenas sino para todas las tierras sean ejidales, comunales, pequeña propiedad, federales o latifundios. 

Bajo estas condiciones, puntualizó, “cualquier actividad agrícola, forestal, ganadera, ecoturística u otras, serán desplazadas toda vez que la exploración y extracción del petróleo y la transmisión, y distribución de energía eléctrica están por encima de las propias comunidades o pueblos sean indígenas, campesinas o rurales, esto no será impedimento para hacer la exploración y explotación de los recursos llamados estratégicos”, apuntó.

El gobierno del presidente Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda, insistió este domingo en que el Gobierno de la República estableció dentro de los objetivos del PND: abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de toda la cadena productiva. Y para ello se deberá aumentar la capacidad del Estado para asegurar la provisión de petróleo crudo, gas natural y gasolinas que demanda el país; fortalecer el abastecimiento racional de energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas. "A través de la Reforma Energética se crearán las condiciones para lograr este objetivo."

Peña Nieto insiste: "Hoy, México tiene la oportunidad histórica de transformar a su sector energético en uno moderno, productivo y competitivo. Esto permitirá atraer inversiones productivas, mejorar la competitividad de las empresas, crear más empleos mejor remunerados y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas."

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