ANÁLISIS A FONDO
Los sospechosos “anarquistas”
Francisco Gómez Maza

Ciudad de México.- La puerta central de Palacio Nacional, que autodenominados “anarquistas” –¿mandados y pagados por quién?– no pudieron quemar, aunque sí maltratar, la noche del sábado 8 de noviembre, porque está tratada contra incendios, es un ícono sagrado de la liturgia de la clase política mexicana.

Ese ataque –y es pregunta inocente– ¿podría significar el endurecimiento en contra de quienes se manifiestan porque los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, secuestrados en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, sean liberados de cualquier mazmorra donde se encuentren y sean entregados a sus padres?

Destaca la tal puerta por su simbolismo: en lo alto está la campana de Dolores, uno de los objetos históricos de mayor relevancia para la historia patria.

Según la tradición, fue la campana que hizo tañer el cura Miguel Hidalgo y Costilla para levantar a los campesinos del Bajío en 1810 y comenzar una de las grandes proezas de la historia mexicana: la lucha por la independencia.

Debajo de la campana y arriba de la puerta se alza el Balcón Presidencial, sitio que ocupa un lugar singular en la memoria de los mexicanos: cada noche del 15 de septiembre sus puertas se abren al Presidente y a su familia, para celebrar con vítores y repiques de campana la independencia nacional, ante una multitud reunida en la Plaza de la Constitución.

Punto y aparte, las marchas multitudinarias escenificadas en los últimos días, no sólo en ciudad de México, sino en otras ciudades del interior del país, y que en Guerrero han sido extremadamente violentas, también por la infiltración de grupos de “anarquistas”, han sido una reacción de indignación ante la evidente intención del gobierno federal de dar carpetazo al caso Ayotzinapa.

El intento del procurador general, Jesús Murillo Karam, para convencer a los padres de los estudiantes desaparecidos de que "todo pareciera indicar"  que fueron asesinados, quemados y embolsados, sin aportar una sola prueba técnica ni científica, enardeció el ánimo de amplios sectores de la población mexicana. Y aquí volvieron a aparecer los sospechosos “anarcos”.

El anuncio del procurador coincidió con la decisión tomada por el presidente Peña Nieto de realizar un viaje oficial al Extremo Oriente, decisión que había sido postergada varias semanas, y que ha sido muy cuestionada porque el mandatario abandona el país en momentos cruciales, cuando hierve la sangre de muchos por el profundo malestar social y político detonado por la desaparición de los normalistas, el hecho más vergonzoso en la historia de México después de la fatal represión del 2 de octubre de 1968. Y más por la versión mañosa del Procurador General, que prácticamente dio por muertos a los estudiantes normalistas.

Pero independientemente de la acción de los “anarquistas” –no es de tragarse que estos actúen solos; hay quienes aseguran que son policías disfrazados puestos para pretextar una criminalización de la protesta pacífica–, la realidad es que el equipo de Peña Nieto no ha tenido la capacidad política para enfrentar la realidad: No ha podido con el narcotráfico y el crimen organizado, ni siquiera en su emblemático proyecto Michoacán. No ha podido con la economía ni con sus compromisos de abatir los niveles de pobreza y hambre.

Y menos, ahora, ante el caso Ayotzinapa: El asunto es una mezcolanza amorfa de interpretaciones. Lo único real, comprobable, es que los 43 estudiantes, ejerciendo su libertad de expresión. fueron secuestrados en grupo. Pero no queda nada claro quiénes fueron los secuestradores. El ex presidente municipal podría resultar en chivo expiatorio. Y que no aparecen. Que el gobierno prácticamente los da por muertos. Y si ya los da por muertos, eso significa en la práctica un caso cerrado.

Pero queda la incógnita, que es muy posible que nunca sea despejada; si los estudiantes fueron asesinados, los cuerpos quemados y embolsados, quiénes en verdad fueron los asesinos, materiales e intelectuales.

La versión de que fueron los criminales del grupo Guerreros Unidos, en connivencia con policías municipales de Iguala o de Cocula, es inverosímil, increíble, choca con los usos y costumbres de los grupos criminales de narcotraficantes. Qué necesidad tenían de secuestrarlos y asesinarlos, si no representaban ninguna ventaja para su negocio.

En fin, lo único claro de todo este asunto es que, como se ha asentado en este espacio, Ayotzinapa seguirá siendo un expediente abierto per saecula saeculorum.

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