Blindar las elecciones, sólo sí los candidatos quieren
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- Platicando con un ex alto funcionario público sobre cómo era la relación entre los gobernantes y las mafias, esto es, cómo se daba el diálogo entre ambos, la respuesta no fue sorprendente.

Salvo por la confirmación de lo sabido, a saber, el contacto entre las mafias y el Gobierno suele ser un empresario, con fama de ser el hombre (o mujer) exitoso(a) del momento, que normalmente se hace presente desde la campaña y es quien lleva los recados. 

A ese empresario por lo general lo acerca con el candidato y luego funcionario público un político, que es el que insiste en la importancia de darle cita y tratarlo bien. Dicho de otra manera, la mafia está siempre vinculada con la parte poderosa de la sociedad, políticos y empresarios, y brota por donde menos parece –lo anterior lo describe el periodista y escritor Diego Petersen Farah, en un artículo publicado el 27 de octubre en El Informador de Guadalajara–.

Intermediación
Este perfil de intermediación entre los políticos y las mafias, creo que por el grado de sofisticación está dirigido a las elites que aspiran y tienen posibilidades reales para alcanzar la Presidencia de la República, a una gubernatura o a Presidencias Municipales estratégicas para el llamado poder paralelo, pero no en todas las elecciones. 

Así dejaría fuera esa experiencia trágica dada a conocer por candidatos de diversos partidos y que tendría que ver con la intimidación a una candidatura mediante amenazas contra él y su familia; también quedaría fuera las historias de los medios de comunicación, donde se da a conocer cómo estos grupos hacen campaña contra un partido o candidato o hasta, en el caso extremo, el asesinato de un candidato a cargo de gobierno.

Están además los políticos que no solo sucumbe a los ofrecimientos generosos de ese empresario político, que dicho de paso la sociología inglesa y española ha explorado este tipo de intermediación para el caso de organizaciones políticas antisistema, y puede ser válido como principio metodológico para explorar las relaciones entre políticos y las organizaciones criminales; o están también, quienes sin necesidad de sucumbir al canto de las sirenas buscan ese contacto, pues podría ser la única posibilidad de acceder a un espacio de poder.

Son los Abarca que, con sus esposas ambiciosas, controlan más de lo que como ciudadanos nos imaginamos y determinan la vida de los muchos estados y municipios del país.

Plata o plomo
La disyuntiva provocadora y amenazante de “Plata o Plomo” se manifiesta entonces bajo formas tan sutiles que hasta podríamos decir que son diplomáticas y que se realizan no en un callejón oscuro, sino en un buen restaurant, donde se comparte el vino y la sal, pero también llegan a ser coercitivas destinada a negar la promoción de una candidatura.

La historia de los últimos años da cuenta de ellas. Se han construido con ese material tóxico triunfos pero anticipadamente también derrotas, ante la impavidez, impotencia o indiferencia de las autoridades electorales.

Y como un ritual de expiación de culpas, cada vez que está en puerta una elección constitucional, gobernantes, autoridades y líderes políticos salen a declarar lo de siempre, a sabiendas que no habrá de ocurrir nada contra las fuerzas de la oscuridad o las luces mortecinas de un restaurant de lujo. Que nadie lo cree y menos todavía genera la confianza esperada.

Incluso, por ese juego de máscaras y luces, la mayoría de la gente va a votar por un ritual periódico de refrendo de una identidad desteñida o de plano no lo hace, como estamos viéndolo en varios estados, cuando los ciudadanos se alejan de las urnas, por considerar que están lejos de sus necesidades comunitarias.

Blindaje
Entonces, hablar de blindaje electoral más allá de actos rituales e insulsos, que algunos medios, reporteros y analistas los asumen como muestras de civilidad política que distan mucho de serlo. No determinan nada sobre lo sustantivo.
Acaso, usted lector, ¿sabe de algún caso que por presuntos nexos de un candidato con alguna figura del crimen organizado no haya llegado a la competencia?  Ninguno, seguramente.

En todo caso, por lo arriba descrito por Petersen Farah, son estas organizaciones las que con sus testaferros establecen contacto con quien puede servir a sus intereses. Con ellos se esmeran con la plata y ofrecen servicios que pueden ir mucho más allá del simple flujo de dinero.

Y en tanto esto sucede, como hoy lo argumentan algunos funcionarios partidistas y electorales, se impone el principio constitucional de “votar y ser votado”.

Y es que, apego a una legalidad que protege la ilegalidad, “nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contrario”.

Salidas
Frente a esto habría tres salidas que harían factible el blindaje de las elecciones constitucionales: una, que los candidatos se sujeten a los topes de campaña establecidos en la ley y mantengan distancia de quienes, siguiendo el símil muy ilustrativo de Petersen Farah, “los patos son patos y graznan como patos, caminan como patos, vuelan como patos. Es posible que haya empresarios que parezcan patos y no lo sean…pero digamos que casi todos los que parecen son y algunos de los que no también”; y, dos, las instituciones electorales que ahora tienen más competencias, deben hacer valer en beneficio colectivo. Para ello deben ser capaces de intervenir cuando un candidato ha superado el gasto oficial de campaña. No puede haber silencio de la autoridad cuando se trata de los gastos de campaña, las campañas y los informes de éstas. Es un espacio que hasta ahora la política institucional no ha llenado y en política los vacíos se llenan. En este caso por los tentáculos de los testaferros criminales.

Tres, aunado a esto, y más específicamente a las instituciones electorales en las llamadas precampañas o las promociones de imagen, vemos con mucha frecuencia cómo políticos en campañas de posicionamiento, o en funciones de gobierno, periódicamente cubren espacios públicos con espectaculares. Esos espectaculares llegan a costar cada uno hasta 40 mil pesos al mes y se instalan por decenas en las grandes ciudades. Además de su ilegalidad tienen un costo que no se puede obviar y obligaría a revisar de dónde sale ese dinero. Pero, frecuentemente no se hace pues se le ve extrañamente como un asunto de audacia y/o rendición de cuentas.

Limitar todo esto derivaría en una resta al poder del dinero; la pregunta obligada es si las autoridades electorales y candidatos están dispuestos a hacerlo en beneficio del restablecimiento de la decencia en la política y la credibilidad en la política.

En definitiva, los únicos que pueden blindar las elecciones son los candidatos, son ellos los que deciden si aceptan o no, dinero de fuera de los circuitos establecidos en la ley.

Que tiene sus riesgos, claro que sí. Pero, el político profesional, siempre corre riesgos. Y ahí radica la posibilidad de blindar verdaderamente las elecciones.