La corrupción política, desafío democrático
Ernesto Hernández Norzagaray

Mazatlán.- La corrupción podríamos decir es casi inherente a la política y está es mayor en sociedades como la nuestra, donde es una práctica que nace con las primeras instituciones coloniales.

Es lo que han llamado la herencia colonial, sociólogos como Pablo González Casanova e historiadores como Stanley J. y Barbará Stein, para designar el singular proceso de construcción institucional donde las élites locales las han hecho a imagen y semejanza de sus intereses. Primando frecuentemente lo privado sobre lo público. No olvidemos que venimos de un proceso de colonización bárbara y depredadora. Los más ambiciosos fueron los que ganaron en la colonia y expulsaron a los que les estorbaban, como fue el caso de los jesuitas, a mediados del siglo XVIII, dejando un ambiente de desolación en muchas comunidades.

Raíces
Y esto no cambió con el proceso de Independencia, sino que se afirmó con la lucha fratricida entre conservadores y liberales. En ese momento fundacional la constitución de los estados no fue otra que el arreglo y el reparto entre las elites regionales. Ahí, está, para la memoria colectiva, Luis Terrazas en Chihuahua, o los de la Vega y los Iriarte en Sinaloa. Surgen por iniciativa de ellos los primeros partidos o clubes políticos que buscaban legitimar su poder económico a través de las nacientes instituciones de gobierno.

Así, las convulsiones sociales del siglo XIX y XX, no fueron más que aquellas que confrontaron nacional y regionalmente a las elites regionales. Pero, cuando esto ocurrió en la revolución de 1910, el veneno social de la corrupción ya estaba inoculado. La literatura y el cine han dado cuenta antes que los sociólogos e historiadores de lo extendido que estaba la corrupción.

Así, cuando los campesinos tomaron las armas lo primero que hicieron fue asaltar las haciendas donde no hacía mucho tiempo eran peones sujetos a la tienda de raya. Humillaron a los antiguos patrones, violaron a sus hijas y esposas, asesinaron a muchos de ellos. Era una suerte de redención y venganza del México profundo. El de los agravios centenarios. Un sui generis, ¡Nunca más!

Y de ese lodo histórico surgieron las instituciones que habrían de modernizar al país. Una Constitución que fue resultado de un gran pacto revolucionario pero que terminó en una serie de crímenes políticos. De Emiliano Zapata a Francisco Villa; de Francisco Serrano a Ángel Flores y Álvaro Obregón. Nada bueno podía salir de ahí. O, mejor dicho, lo que saliera estaría sujeto a los equilibrios de un país balcanizado. Había que hacer un gran esfuerzo de reunificación de la llamada “familia revolucionaria”, y para ello se tendría que crear un instrumento político que fue la tríada PNR-PRM-PRI, la gran idea de Plutarco Elías Calles de pasar del México de los caudillos, al México de las instituciones. Claro, donde el eje sería el propio Elías Calles, y el mejor ejemplo es el Maximato.  

Corrupción y regiones
Y ese engranaje, solo podía funcionar distribuyendo cotos de poder entre caciques y jefes revolucionarios dejándolos hacer y deshacer en sus regiones. Quizá, por eso, siempre las instituciones necesitaron la figura fuerte pero efímera del Presidente de la Republica o de gobernadores de horca y cuchillo.  Sinaloa los tuvo entre los generales que se sucedieron en los treinta y cuarenta del siglo pasado pero también gobernadores civiles duros como Sánchez Celis y Toledo Corro.  

Ello explica mucho nuestra singular indiferencia de lo público. Dejar que otro decida los asuntos de la comunidad. Pues, hay cosas más importantes, en el mundo de lo privado. Y eso ha provocado un caldo de cultivo conservador que raya en los límites de la intolerancia. Donde muchos sinaloenses todavía asumen como cierto, lo que dicen los medios de comunicación.

Entonces, las historias regionales de esa matriz de Presidencialismo y corrupción, sólo habría encontrado oposición en personajes y movimientos aislados. Dos de ellos fueron José Vasconcelos y Manuel Gómez Morín, quienes desde distintas trincheras, estaban asombrados de las rutinas bárbaras posrevolucionarios.

Vasconcelos buscó, por ejemplo, darle un giro como Secretario de Educación mediante el combate de la ignorancia con un vasto programa educativo. Gómez Morín buscó algo más duradero, organizar en un partido a los disidentes de los gobiernos de la revolución, lo que dio como resultado al PAN en el ocaso de los años treinta.

Luego vendrían los ciclos liberalizadores del régimen político, como son el reconocimiento de los derechos políticos a las mujeres en 1953, los diputados de partido en 1963 y la mayoría de edad de los 18 años en 1970, con lo que podrían votar y tres años poder ser votados.

La corrupción somos…
Más aún, ante la crisis manifiesta en las elecciones presidenciales de 1976, el mismo gobierno impulsa la reforma política que abriría espacio para la representación de otras sensibilidades políticas.

Incluso, es cuando ocurre aquella parodia de que  “La corrupción somos todos”, en clara referencia al lema de campaña de José López Portillo que había llegado a la Presidencia de la República, afirmando la “Solución somos todos”.

Sin embargo, la lucha contra la corrupción no ha tenido muchos defensores en el gobierno, es parte de un engranaje sistémico. Con hondas raíces históricas. Y, por supuesto, con un alto costo para las finanzas nacionales y estatales. Hoy se dice que alcanza el 8% del PIB y seguramente en algunos de los estados este porcentaje ha sido rebasado con creces. Ejemplo, Coahuila, que tiene una deuda pública para al menos una generación.

A su amparo se han creado grandes fortunas y es también  el lubricante del sistema político. Las campañas electorales sin los fluidos ilegales serían otra cosa. Así la expresión de Carlos Hank González: Político pobre, pobre político; sin la corrupción institucionalizada no pasaría de ser un chascarrillo o una buena frase hueca, pero sintetiza la percepción y acción que domina a la mayoría de los políticos de distintos partidos.

Como descargo de la corrupción de los políticos muchos se atreven a preguntar cómo puede una sociedad corrupta producir otro tipo de políticos. O como afirmó Peña Nieto, es una cuestión “cultural” que nos alcanza a todos. Suena sugerente esta tesis para una sobremesa; sin embargo, que la sostenga el Jefe de estado y de Gobierno es una barbaridad. Sería como asumir que esta alcanza a todos y todas. Lo cual es un exceso. No todos tienen prácticas corruptas. Hay franjas de la sociedad que no la comparten y luchan contra ella.   

Incluso, el debate público en torno al tema, ha tenido distintos alcances propiciando leyes de transparencia y rendición de cuentas como mecanismos para evitar la corrupción. Y se ha instalado la idea de que a nivel federal hay mayores controles para combatirla. El IFAI y la Secretaría de la Función Pública son dos de las instituciones que han tenido logros. Y es necesario reforzarlas para evitar que la corrupción evidente en el poder político termine en impunidad.

Sin embargo, en los estados de la federación la situación es diferente, la discrecionalidad sigue siendo una constante. Los grandes negocios en las obras de los gobiernos son una realidad que consume los recursos públicos.

En fin, un debate pendiente es el de la ley anticorrupción que el PRI, el partido más necesitado de ella, está buscando evitarla o retrasarla.

Estamos todavía mucho en el pasado.