Pacto por la salud de los ciudadanos
Joan del Alcázar

Valencia.- A principios de la década de los noventa del siglo pasado estaba de viaje profesional en un país de América Latina que surgía de la dictadura, y tuve un pequeño problema de salud. Fue un accidente.

Mientras visitaba una pequeña ciudad minera, afectada por una crisis brutal, un compañero cerró la puerta del automóvil con el que habíamos viajado y mi dedo índice de la mano izquierda se quedó dentro. El dolor era insoportable y yo berreaba. Durante unos segundos eternos los amigos no sabían qué me pasaba, no me entendían, y es que yo gritaba: “la porta, obriu la porta, per favor”. Yo imploraba a gritos, pero en mi lengua [el catalán de Valencia], que abrieran la puerta del maldito coche. Pasada una eternidad, alguien me entendió, se lanzó dentro del vehículo y abrió la puerta desde dentro. Yo recuperé mi dedo que, para sorpresa de todos, ni estaba roto ni tenía ninguna herida. En la primera falange, eso sí, el dedo había quedado reducido a su mínima expresión, la del hueso que −como un milagro que todavía hoy me asusta−, estaba entero. El resto del dedo era una especie de morcilla de sangre. El dolor era tan intenso que me mareé y los amigos me llevaron a una especie de ambulatorio de la red pública de la ciudad. Al llegar, al ver el tipo de local y después de hacer alguna pregunta sobre la clase de asistencia que recibiría, dije a mis amigos que no quería entrar y que el dolor ya estaba menguando. Tomé analgésicos y antiinflamatorios a discreción durante días, y tardé casi dos años en recuperar la sensibilidad de la pulpa del dedo.

Desde entonces, cuando alguien me habla de las bondades del sistema de capitalización individual como alternativa a nuestro Servicio Público de Salud recuerdo la crudeza de la anécdota de aquel viaje. Lo que había en aquella pequeña ciudad en crisis era un establecimiento de beneficencia para los pobres.

Ideológicamente estoy en contra de que la sanidad [como la educación] sea una  mercancía empresarial; además, haber viajado por varios países en los cuales la sanidad de una cierta calidad es sólo privada y está restringida exclusivamente a los que pueden pagarla, no ha hecho sino reforzar mi posicionamiento de siempre.

Ahora se acercan elecciones y, por lo tanto, es la hora de hablar de los programas de los partidos respecto de una cosa tan importante como qué piensan hacer con la sanidad pública.

La situación por la que atravesamos es preocupante. Entre 2009 y 2013, la inversión española en sanidad ha bajado más de un 16 por ciento, es decir que de 73 mil millones en 2009, se ha pasado a 63 mil en 2013; y en 2014 ha continuado reduciéndose. Además, la crisis ha incrementado los índices de pobreza, de forma que a futuro tendremos más ciudadanos con problemas de salud. El Ministerio de Sanidad, con la casi totalidad de competencias transferidas a las comunidades autónomas, explica que las reducciones presupuestarias hay que conectarlas no sólo a recortes, sino a la reducción de costes por uso de fármacos genéricos y a racionalizaciones diversas –como por ejemplo la menor duración de la hospitalización media−. Aún así, me temo que una parte de la bajada venga motivada por la reducción de las plantillas y por otras decisiones estrictamente económicas y no médicas. Efectivamente, el Servicio Nacional de Salud de España ha perdido 5 mil profesionales –personal médico y de enfermería− entre 2010 y 2013, y esto ha sido así por no cubrir bajas temporales y por amortizar las plazas de quienes han ido jubilándose [con graves efectos de futuro por la no renovación y la entrada de profesionales jóvenes a las plantillas asistenciales consolidadas]. Además, claro está, de una reducción del número de camas hospitalarias efectivas, un 5 por ciento entre 2010 y 2013, pasando de 115 mil a 109 mil.

A pesar de todo, la ciudadanía todavía continúa valorando muy positivamente la sanidad pública, tal y como lo acreditan las encuestas internas de los organismos públicos sanitarios y el propio Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuidado, no obstante. Lo que sí que se detecta entre los encuestados es una percepción de deterioro del servicio, tanto del hospitalario como del de atención primaria. Un dato significativo: los pacientes de las listas de espera quirúrgica con demora superior a los seis meses  eran el 5 por ciento en 2009, mientras que en 2013  eran casi el 14 por ciento.

La tarea de demolición de la Sanidad Pública que el Partido Popular ha desarrollado durante los tres años que llevamos de legislatura ha sido hecha a conciencia: externalización de servicios de apoyo, conciertos favorecedores de las empresas sanitarias, impulso a la gestión privada de establecimientos sanitarios creados con fondos públicos, privatización de hospitales de la red pública, reducción de plantillas, restricciones en los tratamientos médicos por razones de ahorro presupuestario, retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, etcétera. 

Es necesario revertir esa situación. Como en otros sectores particularmente sensibles, se tiene que hacer un giro de 180 grados en cuanto a la política del Gobierno Rajoy. Hace falta un gran pacto de los partidos progresistas que −tal y como se han comprometido en cuanto a la política educativa del PP−, tienen que desmontar la sanitaria. Hay que implementar reformas en el diseño y la gestión de la salud pública, eso es cierto, pero el objetivo no puede ser sino la mejora del servicio a los ciudadanos. Los intereses empresariales privados pueden tener un espacio de mercado para aquellos que quieran y puedan pagárselos, pero no pueden ser parasitarios de la sanidad pública, ni pueden maximizar beneficios a expensas de prebendas y concesiones otorgadas desde los poderes públicos. Es mucha la experiencia acumulada de aquello que se conoce como la puerta giratoria que tanto ha practicado el PP: cargos públicos que han favorecido a las empresas del sector sobre el cual tenían jurisdicción, y en las cuales se han injertado nada más dejar el cargo.

También en la sanidad hay que deshacer el camino recorrido por el PP. Se trata de invertir el rumbo, de avanzar en la dirección contraria: hay que impedir que la salud de la ciudadanía sea una mercancía más, una mercancía de lujo que sólo una parte de la sociedad podrá pagar.  Para los sectores de menores ingresos, para los jóvenes sin un trabajo digno, para los parados, para los inmigrantes regularizados, aquello que el PP reserva es un tipo de nueva beneficencia. No un derecho a una salud integral atendida desde una potente red sanitaria pública, sino un tipo de caritativa concesión. La que querría sustentar en establecimientos del tipo del de aquella pequeña ciudad al que no me atreví a entrar hace más de dos décadas, una vez que conseguí sacar mi pobre dedo del maldito coche.