ESTADO DE LOS ESTADOS
Corrupción endémica
Lilia Arellano

Cancún.- A pesar de que cuesta al país alrededor de 3 billones de pesos al año, es decir, el 17.3 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), no es la violencia el principal reto de México.

De hecho hay una mejora del 16% del Índice de Paz México 2015, que mide el Institute for Economics and Peace (IEP), desde 2011, aunque el año pasado prácticamente no haya habido mejora. Según éste, ha habido mejoras en los índices de tasas de homicidios, delitos con violencia y delincuencia organizada. Las estadísticas indican que entre 2012 y 2013, los homicidios disminuyeron 14%; pero los secuestros y extorsiones aumentaron 25.7% y 29.1%, respectivamente. Sin embargo, no, este no es el principal problema nacional, lo es la corrupción endémica en todos los niveles de gobierno, pues habilita el lavado de dinero y otros delitos conexos.

A México se le puede ver en un circulo vicioso de violencia y nulo crecimiento económico, pero es la corrupción su principal desafío. Combatir a organizaciones criminales trasnacionales, reformar el sistema judicial y penal, fortalecer las policías y atender el lavado de dinero, por parte de las autoridades mexicanas no es suficiente para frenar la ola de violencia en México y los altos índices de criminalidad en el país, que según las autoridades van disminuyendo. Se requiere, sobre todo, que los Estados Unidos, sociedad y gobierno, frenen su demanda doméstica de droga, y que las autoridades estadounidense inhiban el flujo de armas y dinero ilegal hacia México, tareas que no están realizando, al menos eficientemente. Los intereses económicos de la industria armamentista estadounidense se han impuesto a los de la gran mayoría de contribuyentes. El cáncer de la corrupción también corre por las venas del sistema judicial del vecino país.

Desde el 2008, cuando el gobierno estadounidense obligó a Felipe Calderón firmar la Iniciativa Mérida, se han gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses, que se invirtieron en entrenamiento, equipo y asistencia técnica a las fuerzas armadas mexicanas, por lo que esos recursos regresaron a su economía, a través de ganancias hacia empresas privadas especializadas en esa materia.  Sin embargo, los resultados buscados fueron prácticamente nulos: los datos disponibles sobre los suministros de droga al mercado estadounidense confirman que este sigue siendo un problema mayor para los Estados Unidos.

Por eso, en el Congreso estadounidense se discute en estos momentos que debe cambiar el enfoque de asistencia a México: del equipamiento masivo a las fuerzas mexicanas, al compromiso de capacitar y fortalecer a las instituciones federales, a construir las capacidades estatales  y municipales. Pero mucho tienen que hacer en el plano doméstico, además de reprobar lo que se hace en otros países.

CORRUPCIÓN ENDÉMICA
De acuerdo con la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, “la corrupción es el impulsor del lavado de dinero, y de sus delitos derivados. La corrupción es endémica en todos los niveles de la sociedad y del gobierno mexicano”. En dos reportes enviados al Congreso estadounidense, destacan que México es uno de los principales productores de drogas y tránsito de las mismas, cuyo mayor mercado es el de Estados Unidos. De hecho, las ganancias del comercio ilícito de drogas en el país vecinos es la principal fuente de fondos lavados en el sistema financiero mexicano.
La corrupción, los secuestros, la extorsión, las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, el tráfico humano y de armas, son las otras fuentes significativas de lavado de dinero en México. Los reportes a los legisladores norteamericanos advierten que “los sofisticados y bien organizados grupos de tráfico de drogas instalados en México toman ventaja de la extensa frontera México-Estados Unidos, de los importantes flujos de remesas, de la proximidad de los países centroamericanos y del alto volumen de comercio ilegal para ocultar las transferencias ilícitas a México”.

Las técnicas de lavado más usadas, según el Departamento de Estado, son el contrabando de grandes cargamentos de moneda estadounidense hacia México y la repatriación de fondos hacia Estados Unidos vía correos o vehículos blindados. Adicionalmente, los ingresos de los narcotraficantes son lavados mediante variaciones en los métodos de comercio, particularmente desde que México puso restricciones sobre depósitos en dólares estadounidenses.

VIOLENCIA COSTOSA
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) reportó que la violencia en el país costó casi 25 mil pesos en promedio a cada mexicano el año pasado y tuvo un impacto en la economía mexicana en su conjunto de 3 billones de pesos. La cifra es equivalente al 17.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

De acuerdo con un informe que evalúa los costos relacionados con la violencia y los factores socioeconómicos vinculados con la paz, los negocios más afectados son el comercio, los servicios y la industria en general, además de que las empresas destinan 4 por ciento de sus costos a la seguridad, una cifra que bien pudo traducirse en utilidades o ganancias.

Del lado de los ciudadanos, el costo económico se explica por la percepción de los consumidores sobre la violencia. Si tienen miedo, se quedan en sus casas, no gastan, explican los voceros del IEP. También destacan que una disminución de la violencia en los recientes tres años no necesariamente significa una tendencia, y aclara que la construcción de la paz “tardará en mejorar entre cinco y 10 años”.

El Índice de Paz México (IPM) ofrece una evaluación integral del nivel de paz en cada uno de los 32 estados de la República durante los últimos 12 años.  La paz en el país se ha acercado a los niveles de 2007, año en el que los homicidios y los delitos con violencia comenzaron a aumentar de forma notable. Los estados con los niveles más altos de paz son Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Campeche, Tlaxcala y Chiapas, en ese orden. Mientras que los cinco menos pacíficos son Guerrero, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.  Por regiones, el sureste de México es la más pacífica y la región norte la más violenta.

BAJAN PLAGIOS: “ALTO AL SECUETRO”.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, reportó que en el periodo que comprende entre el primero de diciembre de 2012 al 28 de febrero de este año, se tienen contabilizados 6 mil 10 casos de plagio denunciados, de los que 5 mil 444 se presentó la denuncia ante las autoridades correspondientes. Durante el mes de febrero, informó, se registraron 163 casos de este ilícito, lo que equivale, según sus datos, a un 16 por ciento menos a los que se contabilizaron en enero.
Miranda sostiene que “continuamos con cifras sumamente altas en la zona centro del país donde urge desarticular todas las bandas criminales”. Durante febrero, agregó, se contabilizaron 137 secuestros que fueron denunciados ante las autoridades, donde el Estado de México es la entidad que encabeza la lista de incidencia al reportar 30, seguido por Tamaulipas con 25, Guerrero con 20, Veracruz con 13 y el Distrito Federal con 9 casos.

“DESAPARICIÓN FORZADA” EN AYOTZINAPA
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Poder Judicial investigar los hechos violentos de Ayotzinapa como un acto de “desaparición forzada”, debido a que de esta forma los acontecimientos tendrían una relevancia internacional y serían imprescriptibles.  Ese calificativo tiene una connotación internacional e implicaciones más profundas que un simple secuestro o asesinato, explica la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago.

Los especialistas, que han centrado su trabajo en cuatro líneas: proceso de búsqueda, investigación criminal, atención a las víctimas y políticas públicas frente a la desaparición forzada, han pedido entrevistarse con personal militar del Batallón 27 de la ciudad de Iguala, que ha sido acusado por los familiares de las víctimas de corresponsabilidad en el caso, con la finalidad de recabar mayor información.

Pidieron a las autoridades mexicanas que se les entregue una copia digital completa del expediente del caso Ayotzinapa, pues hasta ahora sólo les han dado partes del mismo. También solicitaron atención médica para familiares de las víctimas, tener una segunda evaluación neurológica para el normalista Aldo Gutiérrez, quien se encuentra en estado de coma, además de resguardar toda la información relevante y continuar con las búsquedas.

Destacaron que las investigaciones han llevado a descubrir “decenas de cuerpos de personas en fosas clandestinas”, por lo que hace falta que las autoridades mexicanas elaboren un mapa de fosas actualizado que pueda llevar a nuevas búsquedas.

En efecto, en el paraje de La Joya, en Iguala, se encontraron en las últimas horas varias fosas con cuatro cuerpos, lo que suman ya 65 los descubiertos en la zona, cerca de donde fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa. Antropólogos de la PGR y familiares de “los otros desaparecidos” revisaron una de las fosas marcadas con la posibilidad de encontrar restos humanos y ahí estaban las cuatro víctimas más de la delincuencia organizada.

Esta misión de expertos de la CIDH tendrá una duración de seis meses y busca evaluar no sólo el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, sino las políticas en general en México frente a desaparición de personas.

DETENIDOS CASOS EMBLEMÁTICOS EN PGR
En la Procuraduría General de la República (PGR) están detenidas las indagatorias de casos como el de Ficrea; la solicitud de extradición contra Martín Díaz Álvarez, involucrado en el fraude cometido por Oceanografía; y las pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante la incertidumbre de la designación del equipo de trabajo de la nueva procuradora, Arely Gómez.

La averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, Guerrero, se mantiene en el estado en que la dejo la administración de Murillo Karam.
Por lo que toca a Oceanografía, está pendiente de trámite la petición de extradición de Martín Díaz  Álvarez, quien se desempeñó como presidente del consejo de administración de Caja Libertad y fungía como accionista de la empresa naviera, a quien la PGR identificó como uno de los principales artífices del fraude cometido contra Banamex, el cual fue dado a conocer en febrero de 2014.

Respecto a otros casos pendientes, la PGR no ha oficializado ni negado el inicio de una investigación en la que se involucra al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y a su hermano Miguel, por presuntamente haber recibido más de 3 millones de dólares del empresario Mario Aguirre por el otorgamiento de contratos, información que fue dada a conocer por el diario estadounidense The Wall Street Journal.

DE LOS PASILLOS
¿Deberían censurar los capitalinos que se utilice dinero de la Ciudad de México para no dañar la imagen de la actual administración del Distrito Federal en una producción cinematográfica internacional?  Sin duda que es un tema que vale la pena analizar después de que según el sitio estadounidense especializado en finanzas Tax Analiysts, la producción de “Spectre”, la nueva película del agente británico OO7, habría recibido un apoyo de 14 millones de dólares, a cambio de que el villano de la historia no fuera mexicano y el jefe de Gobierno del Distrito Federal dejara de ser la presa y, en su lugar, lo fuera un líder internacional. Todo esto se deriva de la filtración de correos de directivos de la productora Sony Pictures en noviembre pasado. Michel L. Wilson, productor de esta cinta de James Bond, explicó sobre los incentivos que “a donde quiera que vamos nos proporcionan apoyos similares, algunas veces a través de  impuestos y otros a modos de cooperación, incluso obtienes cosas gratis”.

El perredista Miguel Barbosa, presidente del Senado, justificó la decisión de otorgar a los legisladores federales un plazo de cinco meses para crear un “programa de organización administrativa”, que les permita cumplir con los nuevos mandatos legales en materia de rendición de cuentas. Sostuvo que la nueva Ley General de Transparencia obligará a las Cámaras del Congreso a homologar los criterios para informar sobre el reparto de miles de millones de pesos que hoy son gastados de manera discrecional a través de subvenciones. Rechazó que se trate de un régimen de excepción para mantener la opacidad con la que se han manejado los recursos en el Congreso. 

Alfonso Navarrete, titular de la STPS, firmó un convenio de colaboración con los sectores obrero y patronal para homologar las áreas geográficas a los salarios mínimos, con la meta de que a fin de año exista uno para todo el país. El encargado de la política laboral se reunió con representantes del sector de los trabajadores: Ramón Humberto Ojeda Silva, del Congreso del Trabajo; José Luis Carazo Preciado, de la CTM; y Carlos Díaz Chávez, de la Asociación Nacional de Pilotos Aviadores. También con los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Emilio Carrillo Gamboa; y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Rodrigo Alpízar Vallejo.

Según el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, pese al entorno volátil no hay un escenario hostil y el país está creciendo a niveles significativos, aún con las bajas de proyecciones en el crecimiento. Dijo que pese a los ajustes, se prevé que la economía mexicana alcance un dinamismo de alrededor de 3 por ciento  cuando en el mundo el crecimiento promedio es de entre 1.0 y 1.5 por ciento. Estamos, consideró, viviendo el mejor ciclo de la banca en los últimos 100 años en un entorno altamente competitivo.