ESTADO DE LOS ESTADOS
Desesperación
Lilia Arellano

 

Cancún.- Cada día las reacciones del gobierno federal son más generadoras de incredulidad que sus ya muy identificadas “cortinas de humo”.

La última de ellas arrojó que con bombo y platillos se anunciara la promulgación de la reforma que da vida del Sistema Nacional Anticorrupción con la pretensión de que se quede en el tintero el asunto de Tanhuato, todo lo que está detrás y que daña, obviamente, al círculo más íntimo de Peña Nieto. Lo dicho en cuanto a los puntos más sobresalientes de lo firmado no es sino una muestra de desesperación ya que el reconocimiento público no solo del lugar que ocupa México en las medidas de corrupción, mismo que es vergonzoso, habló de la incredulidad y de su propósito de combatirla. Nos preguntamos ¿con cuales armas? ¿con las de las mentiras sobre la situación económica, sobre la seguridad, sobre los empleos, sobre la realización de masacres que intentan ocultar?

La única forma eficiente de que en México se elimine la corrupción y se combate la impunidad es a través de una gran purga de su clase política. La podredumbre ha invadido todas las esferas de la administración pública en sus tres niveles y se ha extendido hasta el sector privado. El Estado mexicano no podrá salvarse si no se aplican estrictos programas anticorrupción que deriven verdaderamente en detenciones –y no sólo venganzas políticas- de políticos encumbrados y poderosos empresarios coludidos y hasta ligados con el crimen organizado, y se realicen procesos judiciales relevantes que pongan en el banquillo del ministerio público a los responsables de fraudes al sector público, que han permitido a pequeñas pandillas un enriquecimiento extraordinario.

Los casos de los gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina, y de Sonora, Guillermo Padrés, son ilustrativos y podrían ser los primeros procesados por el nuevo sistema, sin que ello signifique darle carpetazo a tantos ejemplos de corrupción que existen en el país, que se han registrado y de los que, incluso, se han aportado pruebas no solo proporcionadas por partidos políticos sino por ciudadanos preocupados por la situación que priva y por la forma en la que día con día van endeudando a sus respectivos Estados, con todo lo que ello implica, entre otros la paralización económica y la cancelación de obras públicas.

Simular que se combate la corrupción, aunque sea en los bueyes de mi compadre, no llevará ningún resultado relevante, solo revolverá las cosas para dejarlas exactamente iguales. Se trata de otro engaño más al pueblo de México, que observa la impunidad de sus gobernantes, aunque hayan sido exhibidos en una riqueza sólo explicable por el tráfico de influencias, el pago de diezmos y cuotas y ligas con el crimen organizado; que observa perpleja como se llevan a cabo negociaciones entre partidos y fracciones políticas en el Congreso para sacar adelante reformas y leyes que sólo benefician a pequeños grupos monopólicos. Se requieren instituciones sólidas, fiscales autónomos, investigaciones a fondo, procesamiento de casos de corrupción sin presiones políticas, detenciones, encarcelamientos, en una palabra, aplicación estricta de la ley.

Lo demás es sólo show mediático. Con toda la escenografía teatral a que nos tienen acostumbrados las últimas administraciones federales, el miércoles pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional que creará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual en teoría pretende enfrentar el flagelo de la impunidad en todos los sectores de la sociedad. En el acto casi pasa por alto que a esta promulgación sigue la elaboración y dictamen de cinco leyes que reglamenten los 14 cambios a la Constitución. El Congreso habrá de debatirlos a partir del próximo mes de septiembre, lo cual lleva a que tales medidas empiecen a aplicarse –si realmente se quiere- dentro de varios meses, hasta que se tengan listas las leyes secundarias.

Durante el acto protocolario para la televisión en la residencia oficial de Los Pinos, un actor no invitado fue la incredulidad generalizada en torno a la capacidad del Estado mexicano para combatir la corrupción, hecho que reconoció el propio mandatario. Dicha desconfianza no es gratuita, toda vez que el año pasado, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de apenas 35 en una escala de 0 a 100, la misma que hace 20 años, ubicándose en el lugar 103 entre 175 naciones. Además, tan sólo en las últimas semanas al calor de la batalla electoral, varios gobernantes han sido exhibidos en su riqueza desmesurada y de su familia, sin que pase nada, sin que sean llamados a cuentas, sin que se les toque ni con el pétalo de un citatorio judicial.

Al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún le faltan muchas piezas para quedar completo y realmente poder operar. Sólo se han delineado los ejes de su funcionamiento: “coordinará a las autoridades locales y federales; ampliará las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación (ASF); se innovará el esquema de justicia administrativa con la creación del Tribunal de Justicia Administrativa; se fortalecerá la corresponsabilidad entre los poderes públicos para combatir la corrupción, y se establece la hoja de ruta para la elaboración de la legislación reglamentaria”. Es decir, hasta ahora puros buenos deseos.

De nada sirve que se habla de más y más involucrados en la fiscalización de los recursos públicos si no se les dota de los dientes para poder presentar denuncias y éstas, como debe ser, respaldadas con todas las pruebas que, durante las revisiones se reúnen. El caso más notable es el de la propia Auditoria Superior de la Federación a la cual ahora se dice que se le faculta para que revise los fondos federales que se entregan a los municipios y a las Entidades y ¿qué?.

Los reportes que han entregado desde hace varios años y que se significan por la valentía con la que se refieren a los gastos excesivos, a los desvíos presupuestales que se ordenan desde la Presidencia o cuando se rebasan los presupuestos autorizados no han tenido hasta nuestros días ninguna repercusión, ni para los que han encabezado al Poder Ejecutivo Federal ni para los gobernadores y menos aún para otros funcionarios públicos a los cuales solo se les castiga con una exhibición mediática que dura no más de 48 horas.

EN LO ELECTORAL
Es un hecho que México no ejerce una real democracia representativa, sino una partidocracia, que sobrevive y opera gracias a la corrupción y la impunidad. En donde quedan sin castigo actos corruptos y delitos en materia electoral, que hacen de las campañas proselitistas en busca del voto popular, operativos en donde todo se vale. No existe ni la ética pública ni mucho menos la rendición de cuentas. No hay respeto a la ley, ni certeza jurídica.

Hasta el momento sólo tenemos buenas intenciones. La reforma constitucional de referencia prevé fortalecer y ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para realizar revisiones en tiempo real, es decir, cuando el ejercicio fiscal todavía esté en curso. Esperamos sentados la aplicación de estas facultades. También tendrá atribuciones para vigilar el destino final de las participaciones federales que reciben estados y municipios, y los recursos que se entregan a fideicomisos públicos y privados. Asimismo, podrá supervisar en qué se gasta la deuda pública que contratan los gobiernos locales, cuando ésta sea garantizada por la Federación.

La reforma constitucional establece la creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que tendrá atribuciones para imponer sanciones a los servidores públicos y a los particulares que cometan faltas administrativas graves. Más buenos deseos que esperamos verlos cristalizados  porque está enfocado a que prevalezca el interés general de la ciudadanía por encima de presiones, influencias o consideraciones de cualquier tipo. Destaca que se amplía de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, con lo que se dota a la justicia de un alcance transexenal.

Se crea otro mega ente burocrático toda vez que el Sistema Anticorrupción tendrá un comité  coordinador integrado por la Auditoria Superior de la Federación, la Fiscalía para el Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre otros. Esta instancia habrá de coordinarse con los sistemas locales anticorrupción que habrán de crearse en las 32 entidades federativas.

¿RODRIGO MEDINA A JUICIO?
El gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, acusado de enriquecimiento ilegal y de contar con su familia con numerosas propiedades en México y Estados Unidos, aseguran –vía las menciones que se hacen en Televisa– podría convertirse en el primer caso procesado en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. En la Cámara baja, diputados del PAN pidieron una investigación amplia y objetiva sobre el enriquecimiento del mandatario priísta.

Exigen se investiguen con todo rigor las triangulaciones de las ganancias de sus operaciones financieras a las Islas Caimán, donde aprovecha los beneficios de ese paraíso fiscal. Sostienen que existe una clara relación entre el ejercicio del gobierno y el enriquecimiento ilegal desde el poder. También están presentes las acusaciones del ex dirigente del PRI en Monterrey, Aldo Fasci, quien asegura que el valor de las propiedades de los Medina supera los 900 millones de pesos.

También la sociedad civil neoleonesa exige una investigación. La organización civil Ciudadanos contra la Corrupción, que promueve políticas públicas e iniciativas de reforma contra las irregularidades en la administración pública, llamó esta semana al gobernador Rodrigo Medina a separarse de su cargo momentáneamente para que se investiguen las acusaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. Dicha organización ha llamado a los candidatos a firmar una carta compromiso para poner en marcha medidas contra prácticas corruptas. El candidato independiente al gobierno de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, ya signó el documento.

Ante el cúmulo de acusaciones, hasta Ivonne Álvarez, candidata de la coalición “Alianza por tu seguridad”, se deslindó por completo de Rodrigo Medina. La aspirante priísta declaró la semana pasada que su gobierno no permitirá ninguna irregularidad, y que si alguien cometió un ilícito en el pasado será castigado, ya sea del propio Medina o familiares del actual mandatario. Álvarez anunció que a través de su gobierno investigará administraciones pasadas y habrá castigos en caso de detectar anomalías.  Dijo que no tolerará padres ni hermanos incómodos por lo que abrirá una investigación para detectar posibles actos de corrupción de los gobernadores anteriores.

¿GUILLERMO PADRES, OTRO CASO?
Otro sonado caso de corrupción exhibido al fragor de las campañas electorales es el del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés. La semana pasada, tanto el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Tomás Torres, como el coordinador parlamentario del PRI, Manlio Fabio Beltrones, señalaron que la Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar la veracidad de las acusaciones en contra del mandatario panista sonorense.

Destaca el hecho de que fue el diario The Wall Street Journal quien publicó que el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, es investigado por presuntos contratos millonarios otorgados a un empresario ligado a compañías que ganaron contratos de gobierno. Una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “gira en torno a por lo menos 3.3 millones de dólares en pagos que presuntamente recibió Miguel Padres –hermano del gobernador–”. El reporte del diario estadounidense establece que el gobernador y su hermano “realizaron una serie de operaciones en el Sistema Financiero Nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”. “No hay explicación sobre la raíz de los fondos de Miguel Padrés, ni de sus actividades empresariales ni sus declaraciones juradas”, según fuentes cercanas  a la investigación citadas por el rotativo neoyorkino.

En Sonora, el PRI estatal calificó como “mago de las finanzas” y “señor de los caballos” a Guillermo Padrés, quien habría invertido 156 millones de pesos en un predio y caballos pura sangre, de acuerdo con una inserción pagada por los priístas en un diario capitalino el lunes pasado, publicado en respuesta a la explicación del mandatario sonorense en el sentido de que compró el predio con la venta de una casa, que el PRI valuó en 4 millones de pesos, y un crédito de Bancomer por cinco millones  de pesos.

El PRI cuestionó que un avalúo de 2015 del predio y las caballerizas demuestran que la propiedad tiene un valor de 36 millones de pesos y que los 120 caballos pura sangre, hannoverianos y cuarto de milla, suman 120 millones. “Guillermo Padrés gastó 7 millones de dólares de los sonorenses en caballos finos para él”, aseguró el PRI estatal, que le atribuye al gobernador “tres hípicos con valor de 156 millones de pesos”.

Otro caso de corrupción del gobernador panista de Sonora es el hecho de que construyó una presa en un rancho “Pozo Nuevo” de su propiedad. Se trata de una cortina de concreto de 120 metros de largo y 80 de alto que fue construida en 2010. Mientras tanto, los habitantes de la región padecen la falta de agua, pero el gobernador goza de 4 millones de metros cúbicos de agua y con pozos por casi 3 millones de metros cúbicos al año. Padrés pidió la salida de los delegados de Conagua, Profepa y Sagarpa, por “juzgar” como ilegal la presa en su rancho. Dirigentes opositores señalan que de estar valuada en 5 millones de pesos, el rancho del gobernador valdría actualmente 432 millones de pesos.

También en esta semana, en redes sociales circuló un video en el que se revela la existencia de una playa privada, propiedad de Guillermo Padrés, gobernador de Sonora. Se trata de un terreno con playa privada en el exclusivo destino turístico de San Carlos, en Guaymas. San Carlos se ha convertido en el destino de las nuevas Inversiones de funcionarios públicos de la administración estatal del gobierno de Sonora. La Playa de Guillermo Padrés y su familia mide más de cine metros lineales de playa a la orilla del Mar de Cortés y se encuentra ubicada en el lujoso fraccionamiento Vista Real. El precio de la operación supera los 7 y medio millones de dólares, que al tipo de cambio actual alcanza unos 115 millones de pesos.

IMPUNIDAD EN OHL
Todo parece indicar que en el caso de los actos de corrupción cometidos por la empresa española Obrascón Huarte Lian (OHL) México, en el que están implicados funcionarios del gobierno del Estado de México, a cargo de Eruviel Ávila, prevalecerá la impunidad, pues las conexiones llegan hasta la residencia oficial de Los Pinos.

Por el momento, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició las auditorías a los contratos que ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con OHL, que ascienden a 23 mil 684 millones de pesos, según lo informó el titular de la SFP, Virgilio Andrade.

Cabe destacar que el funcionario aclaró que el núcleo de las operaciones de OHL que han desatado los escándalos y propiciado el desplome en el costo de sus acciones, el Viaducto Bicentenario, contratado con el gobierno del Estado de México, no corresponden a la competencia de la SFE, sino a las autoridades del Ejecutivo mexiquense.

Virgilio Andrade dijo que se prevé la contratación de auditorías externas para investigar los contratos de la empresa OHL México con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Por ahora el castigo solo se está aplicando, en el caso de México, en las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en donde las acciones de la constructora conocer de permanente derrumbe.

DE LOS PASILLOS
Los hechos ocurridos en Tanhuato, donde murieron 42 personas civiles y un solo elemento policíaco, durante un presunto enfrentamiento el pasado 22 de mayo, son investigados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que recaba todos los datos e información de diversas instancias, entre ellas de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Estado de Michoacán. Peritos médicos y criminalistas, abogados, visitadores adjuntos y personal de la oficina foránea de la CNDH en Morelia revisan los resultados de los dictámenes de necropsia. El propio visitador general encabezó la inspección del helicóptero que participó en los hechos. Los peritos médicos llevaron a cabo la revisión de seis cuerpos hallados en el Rancho Del Sol, en los límites de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, con el fin de detectar lesiones en los cadáveres…

Para el dirigente del PRI en el Distrito Federal, Mauricio López, no hay datos que vinculen el crimen de Israel Hernández Fabela, coordinador de la campaña de la candidata a diputada local por Azcapotzalco, Aida Beltrán, con asuntos electorales. También el Instituto Electoral del Distrito Federal, a través del consejero Pablo Lezama, descartó cualquier vínculo político en el homicidio de Hernández Fabela. El líder priísta condenó el homicidio ocurrido la noche del miércoles en la colonia Petrolera, delegación Azcapotzalco, y anunció que los candidatos a diputaciones locales y jefaturas delegacionales por ese partido suspenderán campañas proselitistas tras ese acontecimiento…

En la marcha nuestra de cada día en la capital del país, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Michoacán protestaron en el Senado contra la evaluación educativa.  Los manifestantes advirtieron que no permitirán la instalación de casillas en las escuelas de esa entidad, y exigieron que primero se evalúe al Presidente Enrique Peña Nieto, a senadores y diputados y después a los maestros. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció un paro indefinido de labores el próximo lunes, así como una marcha en el Distrito Federal que pretende concluir en el Zócalo capitalino. También anunciaron un boicot electoral para evitar que el próximo 7 de junio se instalen casillas de votación y el cierre y toma de vías de comunicación…

¿Qué tanto alcanzará el escándalo de la FIFA a la Federación Mexicana de Futbol? Eso es algo que está por verse, aunque bien puede anticiparse que los televisos sacarán tajada y lo más probable es que hasta lleguen a incrustar en esa organización internacional a uno o dos de sus elementos consentidos. Por otro lado la amenaza de patrocinadores de romper relaciones con ese organismo futbolero si no logran deshacerse de los dirigentes corruptos no es sino palabrería ya que sabedores de lo que atrae su publicidad en esos encuentros lo seguro es que no quieran “autogolearse”…

De temblorina está el video en el cual el Cartel Jalisco Nueva Generación advierte en un tono amenazante que se van a vengar de los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo, que no dejarán sin “castigo” la muerte de 42 de sus miembros en Tanhuato… Señalan que están dispuestos a terminar con el narcogobierno y les exige a los comunitarios cumplir con sus compromisos luego de afirmar que recibieron su apoyo para acabar con los Caballeros Templarios…

Lo anterior no es sino el resultado de un gobierno que ha querido jugar a ser mafioso, lejos de ubicarse en garantizar la seguridad y por ende combatir a estos grupos y mafias que pretenden erigirse en gobierno. Los ciudadanos en medio de este batidillo que cuesta vidas de unos y otros bandos, sin que se pueda señalar cuál es el que aplica la verdadera ley, por lo que el reinado de la inseguridad resplandece.