Atender a las víctimas
Samuel Schmidt

 

Ciudad de México.- Le comenté a una doctora sobre la pérdida que tuve para que entendiera algunos de mis síntomas. Y la respuesta me dejó helado.

Me contó sobre una de sus pacientes, a quien le mataron a 3 hijos y le desaparecieron a un cuarto; ella decidió que no decaería y que se ocuparía de su vida, para lo cual se ha sometido a terapias psicológicas, tanatológicas y el cuidado de su salud; el marido, en cambio, siendo diabético, se dedició a tomar y murió a los 58 años.

Después me contó sobre su sobrino que fue secuestrado; se pagó el rescate y de todas maneras el joven fue asesinado. Su cuñado no pudo con la pena y murió a los 59 años.

Fue a la luz de esas historias que adquirió relevancia un tema de gran importancia. ¿Qué se hace con las víctimas que se han convertido a su vez en víctimas?

La ley de víctimas mexicana es una de las avanzadas en el mundo, le adjudica una compensación a las víctimas, aunque dicho sea de paso, si bien puede calcularse el precio de los bienes perdidos, no hay compensación posible para quién ha perdido a un familiar.

En México hay una fórmula para asignarle un valor a la pérdida de una vida humana, esta tiene que ver con la edad, con la preparación de la persona y con lo que hubiera producido en su vida, pero no hay manera de determinar un valor a la pérdida emocional y psicológica, aunque la Ley de Víctimas determina que se debe prestar auxilio psicológico y asegurarse que el evento que produjo a la víctima no vuelva a pasar. Tal vez lo que le falta a la ley, es considerar que los familiares de las víctimas directas también son víctimas que llamaremos indirectas.

A la familia que no puede entender por qué fue asesinado su familiar que fue secuestrado y asesinado aun después de pagar el rescate, se le victimizó varias veces y una vez más cuando el gobierno falló en someter a la justicia a los responsables. Simplemente no tiene precio el desconcierto de la familia, la culpa que se instala como si el acto de brutalidad pudo haber sido responsabilidad del manejo que ellos hicieron del caso, y de ahí se desprende un sufrimiento que puede llevar a algunos a actos desesperados, como dejarse morir o suicidarse; éste es el caso del diabético que se vuelve alcohólico.

Es correcto tener una ley de víctimas, aunque como en muchos otros casos, lo que se hizo en México fue aprobar una ley que no se podía cumplir, no solamente por el tamaño del daño del delito (superior al 1.5% del PIB anual), sino porque el Estado no tiene la capacidad para atender a las víctimas secundarias. Y descubro ahora, que éstas están acudiendo a las instituciones de salud para atenderse, la pregunta es si el IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y los servicios de salud de los Estados, tienen la capacidad de atención y qué se está haciendo para poder atender a este problema que es de gran envergadura.

Nos hemos acostumbrado a enfrentar los casos de secuestro y asesinato como si fueran simples números, el gobierno ha caído en la trampa de manipular las cifras para evadir responsabilidades, sin entender que el shock que vive la sociedad conlleva el riesgo de generar grandes secuelas.

Tal vez sea aparente que nos hayamos neutralizado ante una estadística brutal, pero tal vez estamos en el proceso de salir del estupor que nos produjo un baño de sangre insensato.

Como parte del proceso es hora de ponerle cara y nombre a todas las víctimas, como hizo Chihuahua con su Galería de la Memoria y la Recuperación de la Paz.

Hay que nombrar a las víctimas directas y a las indirectas, porque si la insensata guerra de Calderón que generó 150 mil muertos, con ellos hay una enorme cantidad de víctimas secundarias, por lo menos, una pareja, el doble de padres, una cantidad indeterminada de hijos y si le agregamos familiares (tíos, primos, abuelos, etcétera), seguramente llegaremos al millón de personas que sufren y se duelen por la pérdida.

Las heridas son muy difícil de sanar. La muerte derivada de actos de barbarie es doblemente dolorosa y el Estado debe sensibilizarse para atender a una sociedad victimizada en múltiples ocasiones. Los dolientes no son un número más, sufren errores políticos y fallas en el sistema y el gobierno debe articular las actividades que los ayuden a sobrellevar de la mejor manera su dolor.

Atender a las víctimas no es un acto de generosidad, es una obligación política.