SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
La “ley mordaza” o la represión en España
Edilberto Cervantes Galván
Monterrey.- Mientras que en Grecia el gobierno va a consultar a los ciudadanos sobre si acepta o rechaza las medidas de austeridad (pública y privada) impuestas por el FMI y la Unión Europea...
En España el gobierno de Mariano Rajoy restringe las libertades para evitar o suprimir las protestas contra la aplicación del mismo tipo de políticas de austeridad.
El miércoles pasado, en España, entró en vigor una la denominada “Ley de Seguridad Ciudadana” ante el rechazo de todos los partidos de oposición, de un amplio grupo de organizaciones sociales y las críticas de organismos europeos. El Partido Popular de Rajoy tiene los votos suficientes para aprobar la ley sin el apoyo de ninguna otra fuerza política en el Congreso.
La oposición acusa al ejecutivo de imponer un “estado policial”, ya que ahora las policías tendrán la capacidad para imponer sanciones administrativas que antes quedaban en manos del poder judicial, a criterio de un juez.
Son cinco los tipo de conductas y acciones que serán sancionados.
Será infracción cualquier “perturbación grave de la seguridad ciudadana” que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aún y cuando los representantes públicos de esos organismos no se encuentren sesionando. Además de cuestionar qué se quiere decir con perturbación de la seguridad ciudadana, es sintomático ya que este tipo de acciones empezaron a ser promovidas por un grupo de activistas que se autodenomina “Rodea al Congreso”.
También se sancionará el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de policías”, que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación. Esta disposición está pensada para evitar que los manifestantes puedan fotografiar o videograbar la actuación de los cuerpos policiacos cuando reprimen alguna expresión multitudinaria. Las redes sociales se han convertido en un medio eficaz para divulgar grabaciones de abusos policiacos, las cuales en algunos países tienen valor probatorio de delito.
Se prohíbe la práctica que se ha intensificado en los últimos años de que los vecinos apoyen a las familias que van a ser desalojadas por incapacidad para pagar las hipotecas. A todo aquel que de alguna forma obstruya la acción de cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial en el cumplimiento de resoluciones administrativas o judiciales.
Las protestas tipo Greenpeace también serán sancionadas. Se impondrá multa a quien escale edificios o monumentos sin autorización y cuando “exista un cierto riesgo de daño a personas o bienes”. La infracción existirá aunque no se haya producido ni alteración del orden público ni daño a la seguridad ciudadana. Será el criterio policial el que determine la situación de riesgo.
El último tipo de acciones que se sancionarán son las manifestaciones de resistencia pacífica o las “sentadas”. Una vez que lo ordene la policía los participantes tendrán que disolverse y terminar su manifestación. Cualquier desobediencia o resistencia a la autoridad en ejercicio de sus funciones será motivo de sanción.
El monto de las multas va desde 100 euros, a 30 mil euros y hasta 600 mil euros, algo verdaderamente fuera de proporción, para sanciones administrativas.
Los partidos políticos Podemos y Ciudadanos, nuevos en la escena política española, señalan que la ley violentará la libertad de expresión y limitará de forma notable el ejercicio del periodismo.
El Presidente Rajoy y el Partido Popular se proponen limitar o acabar con la protesta social, lo cual sólo pondrá a prueba la capacidad de inventiva de los activistas españoles para demostrar su inconformidad ante el gobierno.
El gobierno impone políticas que dañan la condición de vida de la sociedad y después quiere eliminar toda protesta que se produce por esa razón. El gobierno no convence de la bondad de sus acciones y después se resiste a aceptar como válido el derecho a protestar y de oponerse al poder público.
