Incendio e impunidad en Escobedo
Hugo L. del Río
Monterrey.- La muerte de dos menores de edad en el incendio de Escobedo, Nuevo León, es un asesinato. Los vecinos se quejaron muchas veces: no deja de ser incómodo eso de vivir a la sombra de la muerte.
Pero, como acostumbra nuestra miserable clase política, nadie les hizo caso. Son varios los homicidas y todos comparten ese espacio de impunidad que es el poder político.
La bodega que almacenaba aceites altamente combustibles estaba en una zona residencial, a pocos pasos de la Presidencia Municipal. El edificio, propiedad del ex alcalde Sergio Elizondo, no tenía permisos de ningún tipo. Las quince o 16 personas que ahí laboraban no estaban afiliadas al IMSS. ¿Sabe usted quién va a indemnizar a los deudos de los muchachos muertos, quién va a cubrir los daños que sufrieron las familias que vivían cerca del almacén? Nadie. Si acaso, meterán en la cárcel a uno que otro marginado, previa tortura para que se confiesen culpables del naufragio del “Titanic”, pero a los verdaderos responsables del drama no los tocarán ni con la yema del dedo.
El edil, César Cavazos, pobre alma ingenua, ignoraba que el depósito representaba un gravísimo peligro para la población. La explosión, los ríos de fuego, la nube de humo negro, hundieron en estado catatónico al gallardo presidente municipal y a su equipo de Protección Civil. Si acaso se movieron, fue para esconderse en los sanitarios. Tuvo que intervenir, muy enérgica, María Julia Lafuente para obligar a Cavazos a salir de la sede comunal para “lucirse” ante la cámara de TV.
No se necesita ser un genio para entender que un depósito de ese tipo no debería estar en zona poblada y tendría, además, que contar con ciertas medidas elementales de seguridad.
Pero en el Nuevo León de los Medina y el PRI la vida humana vale un cacahuate. La alcaldesa electa, Clara Luz Flores, repartirá unas láminas, una que otra despensa y quizá media docena de camisetas con su nombre y efigie. Cavazos no llegará ni a eso.
Los dos chamaquitos víctimas de la influencia política de Sergio Elizondo eran menores de edad. Los familiares tendrán que apoyarse en la solidaridad de la sociedad para pagar los gastos de los entierros porque, a veces, parece que en México es más caro morir que vivir.
¿Y los daños materiales? Dos casas totalmente destruidas; otras 36 dañadas y once autos semidestruidos. Le apuesto doble contra sencillo a que nadie les pagará un solo centavo a los damnificados. ¿La Procuraduría? No puedo reír porque estamos viviendo un momento trágico, pero las declaraciones del procurador, Javier Flores, son, para expresarlo con delicadeza, palabras vacías. Lo mismo que hemos escuchado millones de veces: habrá una investigación a fondo, se hará justicia, los responsables serán castigados.
Javier se va dentro de pocos días y los antecedentes penales de su sucesor, Roberto Flores, nos permiten anticipar que, a lo sumo, éste se encogerá de hombros: lo que no fue en mi año no fue en mi daño.
Vamos: los difuntos eran gente muy humilde y los afectados no forman, precisamente, parte de la casta dorada. Qué les importa a los políticos otra injusticia más.
Dicen que Sergio Elizondo tiene en el área urbana de Escobedo otros quince depósitos que guardan materiales peligrosos. Habrá que esperar otro estallido, otra corriente de llamas en las calles de la vecina ciudad.
Definitivamente, somos mexicanos, no guatemaltecos. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen.
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