Objeciones a la revocación de mandato
Claudio Tapia
Monterrey.- El concepto “participación ciudadana” –de suyo ambiguo– se puso de moda y está siendo usado con la ligereza y libertad que surge desde la ignorancia. Urge pues que intentemos ponernos de acuerdo de qué estamos hablando cuando recurrimos a él.
Para evitar las contradicciones y confusiones que han vuelto ininteligible el discurso de algunos ciudadanos “independientes” que, olvidando que ya son representantes, suponen que siguen en la participación.
Pongo como ejemplo la indebida ubicación técnica y conceptual de la discutible figura de la revocación del mandato. Y para eso, parto de una de tantas distinciones que puede hacerse respecto de la idea de la democracia: representativa (indirecta) y participativa (directa).
El principio de la representación democrática es sencillo. Gobiernan los representantes populares que son elegidos por la ciudadanía mediante procesos electorales en los que participan, organizando y votando, los propios ciudadanos.
Adviértase que esta participación que se da en la democracia instrumental electoral (representativa) no es a la que se refiere la otra forma de hacer política: participativa.
En la representación, el mandato se otorga mediante el voto, razón por la que su refrendo o retiro se tiene que hacer por la misma vía. Si se vota para otorgar el mandato, se vota para revocarlo.
Por lo tanto, la revocación del mandato es un tema de la representación y no de la participación. Revocar no es participar, es volver a votar para rectificar el voto.
Lo malo de incluir a la revocación del mandato en la ley de participación ciudadana en vez de en la ley electoral, está en que la carga política y la trascendencia del tema es tal que nubla e impide la toma de conciencia y la discusión a fondo de las diversas maneras en que la ciudanía puede participar.
La discusión en torno al retiro de la representación, resta viabilidad a la ley de participación ciudadana, dejando en segundo término a los instrumentos y organizaciones propias de la participación.
Pero tengo otra objeción que deseo expresar y que va más allá de la formal.
Para participar con éxito, la sociedad civil “empoderada” (término más ambiguo y peor usado) necesita aliarse con el Estado. El ciudadano debe colaborar con éste para que logre la gobernanza. Para eso se requiere de un Estado fuerte con un gobierno estable, porque no se desea participar para sustituir o combatir al gobernante ni debilitarlo, sino para cooperar con él en la solución de los problemas que afectan la vida pública.
En el ámbito en el que ciudadanos y gobierno se cruzan para lograr la participación debe privar la recíproca confianza sin autoritarismos por un lado ni amenazas por el otro. Por eso, en materia de participación, es un contrasentido recurrir a penas y sanciones.
De cualquier manera –en la ley que se quiera– debe tenerse mucho cuidado al regular la revocación del mandato porque se puede estar dando vida a un Frankestein que se salga de control, acabe con el gobernante que percibe ineficiente o incumplido –sin más datos ni pruebas–, y se vuelva contra sus creadores.
El monstruo nos aterra a todos (no sólo al gobernante) porque los que lo pueden liberar, en su mayoría, son analfabetas cívicos, están desinformados, despolitizados, y son fácilmente manipulados por las élites de poder que saben utilizar los medios tradicionales de persuasión y las modernas tecnologías de información y comunicación cuando algo o alguien pone en riesgo sus intereses.
Habrá que pensarlo bien y ponerle cadenas y candados al monstruo para garantizar que será controlado por ciudadanos críticos, suficientemente informados, capaces de hacer una correcta evaluación de la actuación del representante sometido al proceso de ratificación o revocación de su mandato, y de medir las consecuencias de una decisión que no puede tomarse sólo para castigar.
Y no somos esos ciudadanos. No todavía.
