Una sentencia laudable
Víctor Orozco

 

Chihuahua.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de la mariguana, con fines de consumo personal.

La sentencia, que consta en un documento de ochenta y seis páginas, es un modelo de raciocinio lógico y jurídico difícilmente rebatible.

El punto de partida es el derecho que cada individuo tiene a optar por la construcción de su propia vida y a la singularidad de la misma. Así como al Estado le está impedido estigmatizar el ejercicio de tal o cual deporte, ciertos pasatiempos, etcétera, tampoco debe inmiscuirse en aquellas conductas mediante las cuales las personas ponen en práctica su forma de ser y sus cosmovisiones. El límite, ya se sabe, es la afectación al interés general y al derecho de terceros. Fuera de estos valladares, las leyes deben aceptar, que “...cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses”.

Cuando se atenta contra este principio, se abre el paso al Estado vigilante y sancionador que no aparta sus ojos de las vidas privadas y pretende tutelarlas como si estuviera en posesión de una ética absoluta, de principios inamovibles y perfectos a los cuales todo mundo ha de seguir.

El resultado, es conducir a existencias miserables, con intelectos apagados y sentimientos reprimidos. Lo sabemos por las sociedades medievales, con sus inquisidores siempre a la caza de brujas y apóstatas, así como por los totalitarismos  de la pasada centuria.

Es una obviedad decir que el Estado debe proteger los intereses colectivos o sociales, entre ellos el de la salud pública. Sin embargo, sus medidas deben restringirse a impedir conductas personales cuyo efecto dañino para la colectividad quede fuera de toda duda. Por tanto, no se puede legitimar a ningún acto de autoridad que en lugar de evidencias empíricas y científicas, tenga como sustento a los prejuicios y a la demagogia. En este sentido, la sentencia, con esclarecido juicio asienta: “...las intervenciones con fines perfeccionistas no encuentran protección constitucional, pues el Estado no puede exigir a las personas que se conduzcan de acuerdo a determinado modelo de virtud”.

Viene luego el problema de medir las consecuencias  del uso de la mariguana en diversos ámbitos: para la salud de los individuos, para la economía, para el incremento en la propensión a utilizar drogas “fuertes” y a la violencia. La sentencia pasa revista puntual a cada uno de estos tópicos y a otros relacionados. Haciendo acopio de numerosas fuentes estadísticas, de literatura especializada, de las experiencias nacionales y extranjeras, los argumentos son conclusivos. La mariguana por sí misma, a diferencia del tabaco y el alcohol, no produce daños a la salud. Tampoco es propiciadora de la violencia, sino que todo hace suponer que sumerge a los usuarios en un estado de contemplación y pasividad. Tampoco es adictiva.

Por lo que hace a la eficacia de los instrumentos prohibitivos de la misma, la sentencia constata que entre 2002 y 2008 el consumo aumentó de 4.6 a 5.2% entre la población de 12 a 65 años. En cambio, las campañas públicas disuasivas del consumo del tabaco, este sí, extremadamente perjudicial y causante directo del cáncer pulmonar, lo hicieron disminuir ostensiblemente en todos los rangos de edad. Esto significa que, es posible persuadir a los jóvenes sobre todo, de que el consumo de drogas, cualquiera que sea, lesiona su capacidad corporal, disminuye sus facultades y a la larga afecta negativamente sus vidas. Por tanto, en lugar de prohibir la mariguana y encarcelar a quienes la consumen, hay que convencerlos para que no lo hagan.

Una conclusión de la sentencia es que las prohibiciones contenidas en la Ley General de Salud, ocasionan un afectación intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación al grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con la proscripción y la persecución penal. Basta con que, como se hace con el alcohol, a los consumidores se les restrinjan espacios, la conducción de vehículos y otros similares. No vale la pena pues, dictar normas excluyentes que por excesivas devienen en atentatorias de derechos humanos y por tanto inconstitucionales.

En contra de la resolución, se han apuntado básicamente dos argumentos. Como es de suponerse, uno viene de las derechas, religiosas y moralizantes. Por definición, cualquier tipo de tolerancia hacia conductas tenidas por pecaminosas debe es condenable. Además, se parte de la idea que esta grieta en el muro de la prohibición abrirá la puerta para que en el futuro millones de mexicanos nos convirtamos en adictos a la yerba, en “pachecos” y de allí en cocainómanos. Quienes así piensan deberían examinar con cuidado estadísticas, hallazgos científicos, experiencias mundiales, para persuadirse, como lo hicieron los ministros, que estos temores carecen de sustento y son alimentados más bien por inercias mentales y conjeturas.

La otra vertiente de las críticas, tiene su origen en el viejo maximalismo de algunas corrientes izquierdistas. “Mientras no se elimine el sistema en su conjunto, se acabe con la corrupción y la desigualdad ningún cambio vale la pena, no son importantes”, así podría sinterizarse los razonamientos que he leído, incluyendo uno pueril que denuncia a los cuatro promotores del juicio de amparo como egoístas ocupados en su recreación personal.

La realidad es que, ni se trata de un problema menor para la sociedad, ni tampoco se solucionará con un recambio en el poder político para poner en su lugar a los impulsores de la igualdad social y enemigos de la corrupción, si los nuevos funcionarios persisten en la misma táctica de las últimas administraciones. Se necesitan políticas públicas eficaces y comprometidas al mismo tiempo con los derechos humanos y los intereses generales de la sociedad. En esta dirección apunta la precisa y bien documentada sentencia de la corte, misma que por lo pronto comprende sólo a los quejosos en el amparo, pero que impulsará el debate extensivo, más allá de los medios académicos y con efectos en la legislación. Y, por otro lado, que propiciará la interposición de miles de amparos contra  leyes y actos de autoridad aferrados a combatir el uso de las drogas por medios represivos, favorecedores de fortunas billonarias originadas en la delincuencia.

Ya tenemos suficiente con los cientos de miles de muertos en la lucha contra el narcotráfico caídos en la terca y a todas luces fracasada política de prohibición total de las drogas. Es tiempo de abrirnos a otras soluciones, como las implementadas en Uruguay, Holanda y más de dos decenas de estados de la unión americana.

No hacerlo es resignarnos a una  guerra eterna cuyo objetivo central es guardarles la frontera a los Estados Unidos, país que alberga al grueso de los consumidores y en el cual paradójicamente se avanza con velocidad hacia la despenalización.