Capricho legal
Claudio Tapia
Monterrey.- Para cumplir la ley correctamente hay que interpretarla, lo que conduce a indagar sobre la voluntad del legislador expresada en la norma. La exigencia legal de que un funcionario público sea profesional del derecho, por ejemplo, tiene una intención que hay que conocer y respetar mientras la ley no cambie.
Sigo con el ejemplo. Conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Director de la Agencia Estatal de Investigaciones, que depende del Procurador, y que tiene facultades de Ministerio Público, debe tener el título de licenciado en derecho como requisito para ocupar el cargo.
Cómo no exigirle que sea un conocedor del derecho, si su función consiste en dirigir la unidad administrativa responsable de auxiliar al ministerio público en la investigación, persecución y esclarecimiento de los hechos delictivos, realizando, de manera coordinada y bajo principios científicos, las acciones policiales requeridas para tal efecto.
Pero el titular de la citada Dirección, designado por el gobernador, el Contraalmirante Augusto de la Cruz -cuestionado por las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo los integrantes del Ejército y la Armada de México- carece del título que acredite su formación jurídica profesional.
El incumplimiento del requisito legal fue tibiamente denunciado en el Congreso del Estado por la bancada del PRI, ante la objeción del PAN, que apoyó al Ejecutivo; y el conveniente silencio de los “independientes”, que dicen representar a quienes estamos hartos de la ilegalidad.
Todos en el Congreso perdieron de vista el sentido de la ley. Para qué analizar y justificar las razones del legislativo para fijar el requisito. Para qué alertar sobre las consecuencias de la ignorancia jurídica de ese ministerio público. Para qué exigir que se cumpla la ley, cuando es vista como obstáculo para las ocurrencias o caprichos del gobernante. Lo que importa es lo que el señor quiere, y no lo que diga ley.
El Procurador, Roberto Flores Saldívar, salió a decir: “se harán modificaciones para que él pueda tener el cargo”. Eso afirmó, nada menos que el Procurador General de Justicia del Estado, que sí es abogado.
Pero lo que dijo al respecto el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón (no le gusta que le digan gobernador), en una entrevista con Sinembargo.mx que está llena de desatinos, es digno de cuidadosa lectura, porque revela su actitud ante la ley.
A pregunta de la entrevistadora sobre la falta de título de licenciado en derecho del marino que nombró para ocupar el cargo, el entrevistado contestó: “modificamos para no entrar en conflictos legales. Y lo hicimos al día siguiente. Lo nombramos coordinador operativo de la policía ministerial para que siga mandando y punto”.
“No soy como el resto de los políticos”. “Voy a rectificar lo necesario”, dijo a renglón seguido, anunciando así su peculiar compromiso con el orden legal.
Si no se puede cambiar la ley, se cambian las palabras usadas para referirse al designado y punto. Eso es rectificar.
Conforme a lo dicho por el Procurador de Justicia, cuando el capricho del gobernante contradice la ley, hay que rectificar -no el ilegal acto de autoridad, sino la ley- para que esta se adecue a la ocurrencia. Se hacen las modificaciones que hagan falta para que lo ilegal se vuelva legal, y ya está.
Pero el Ejecutivo Estatal va más allá. Para que su voluntad se cumpla, basta con cambiar las palabras. De “Director de la Agencia de Investigaciones” se pasa a “Coordinador Operativo de la Policía Ministerial”. Se le cambia el membrete al titular de la dependencia para que siga mandando y punto.
El asunto preocupa porque -aparte de las consecuencias legales que la irregularidad genera- muestra la predisposición de los dos poderes del Estado para que la voluntad del mandatario se imponga, sacándole la vuelta a la ley.
