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2007 5 Enero 2016

 

 

Puntos de partida
Lupita Rodríguez Martínez

 

Monterrey.- Promover los derechos reproductivos de las mujeres al momento de parir y de amamantar a su bebé, también forma parte del empoderamiento político de la mujer.

Los derechos reproductivos no deben conculcarse y, toda madre, junto con su pareja, debe elegir informada y libremente el lugar y la forma con quien tener su parto, en un ambiente de seguridad, respeto y cuidado de profesionales e instituciones de salud que consideren y resuelvan necesidades individuales y den prioridad al bienestar integral de la madre y su bebé.

Ante la necesidad de brindar atención integral al embarazo y al parto, así como un trato digno a la madre y al bebé, debemos tener presente la realidad con base en la evidencia científica, pues muchas prácticas de parto realizadas por rutina en los hospitales no son eficaces, no dan resultados deseados y, en algunos casos, llegan a ser contraproducentes.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (la OMS), recomienda el máximo beneficio para la madre y el bebé, ya que todas las embarazadas deben contar con acompañamiento o apoyo durante todo el trabajo de pre-parto y parto, así como libertad de movimiento de la posición durante el parto, contacto inmediato piel con piel entre madre y bebé, uso restrictivo de la episiotomía en partos vaginales sin riesgos y, sobre todo, oponerse al pinzamiento y al corte inmediato del cordón umbilical.

Además, las mujeres tienen derecho a elegir el parto en casa, cuando así lo deseen y las condiciones lo permitan, recurriendo a los servicios de una partera certificada. Pero, sobre todo, tienen derecho a contar con el registro de identidad de forma inmediata de su hijo o hija.

Es justo propiciar que la atención materna infantil sea humanizada y, sobre todo, erradicar la violencia obstétrica generada desde la gestación hasta el parto y puerperio en los servicios de salud, ya sean de carácter público, privado o mixto, producto de una problemática multifactorial donde confluyen violencia institucional y violencia de género, cuando la mujer embarazada es juzgada, atemorizada y lastimada física y emocionalmente.

La violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, incluyendo sus derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, etcétera etcétera.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), de 2009 a 2012 se presentaron 56 quejas por violencia obstétrica ante la Secretaría Estatal de Salud y 14 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siendo un problema hasta cierto punto desapercibido en las políticas de clínicas y hospitales del sector público y privado, así como en la formación y práctica de gineco-obstétrica.

A pesar de que desde el 2005 se modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, para disminuir los daños obstétricos y desde el 2009 el Consejo de Salubridad General emitió la Guía de Práctica Clínica sobre Vigilancia y Manejo del Parto y sobre Realización de Operación Cesárea, se han convertido en costumbre algunas prácticas de violencia obstétrica como un normal proceder en la atención del parto, sin respetar las garantías reproductivas que han sido reconocidas por la OMS.

Varias de estas prácticas omiten la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas. Se piensa que la posición supina de la parturienta es la única posición para el parto, existiendo otras alternativas y los medios necesarios para realizar el parto vertical; se obstaculiza, sin causa médica justificada, el apego precoz del bebé, negándole a la madre la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; se altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de las técnicas de aceleración, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la embarazada; se práctica la cesárea aun cuando existen condiciones para el parto natural, sin tener el consentimiento de la mujer y de su pareja.

Por ello, toda embarazada está en su derecho de exigir que los hospitales y los médicos respeten la naturaleza de las mujeres para que sus bebés nazcan hasta que estén listos y no cuando el médico quiera programar la cesárea o adelantar el parto con medicamentos.

El parto humanizado y la lactancia materna son los puntos de partida para empoderar a la mujer, ya que al defender sus derechos reproductivos destierra la cultura machista y avanza hacia la democracia paritaria.

 

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