LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Presupuesto participativo, III
Alianza Cívica NL

Monterrey.- Dos de las herramientas que más llaman la atención de la Ley de Participación Ciudadana aprobada por el Congreso estatal –que esperemos publique el gobierno estatal para que entren en vigor–, son las Contralorías Ciudadanas y el Presupuesto Participativo; llaman la atención porque implican el uso de los recursos públicos de todas y todos.

El presupuesto participativo es un porcentaje de los ingresos propios del municipio, como el predial o pago de derechos, que las Juntas Vecinales decidirán en qué se utiliza; en el reglamento que aún no publica el Congreso se definirán los aspectos en los que se puede utilizar este dinero como pluviales, construir o equipar parques, cámaras de seguridad, etcétera.

¿Cuánto será? Cada municipio fijará el porcentaje en su reglamento municipal que tendrá que estar ajustado 9 meses después de que el Gobernador publique la Ley oficialmente y las y los vecinos de cada municipio podrán exigir que se vaya elevando cada año.

A mitad del año se deberá realizar una consulta entre las Juntas Vecinales ya formadas para definir las obras o acciones que se llevarán a cabo en el 2017 con el presupuesto participativo.

Dependerá de la organización y exigencia de la población si el porcentaje es de 5% o bien más elevado; hay ciudades en Brasil que rebasan el 30% de su presupuesto como el destinado al participativo. Para acreditarse como “Contraloría Ciudadana”, bastará con que una Junta Vecinal o alguna Asociación Civil solicite su inscripción como tal ante la secretaría que quiera vigilar, por ejemplo: obras públicas o desarrollo municipal, tanto estatal como municipal.

Ya acreditadas tendrán que inscribirse en la Contraloría del Estado también y, así de sencillo, podrán empezar a vigilar cómo funciona la operación de tal o cual secretaría, cómo va desarrollando su presupuesto y en caso de encontrar casos de irregularidades o corrupción podrán ejercer las denuncias correspondientes ante la Auditoría Superior del Estado, o solicitar castigos administrativos a funcionarios que no hayan cumplido con sus labores, tendrán acceso a todos los documentos que la Ley de Transparencia clasifique como públicos con solo solicitarlos a la secretaría vigilada y podrán denunciar a los funcionarios que obstaculicen la labor de vigilancia de las contralorías ciudadanas.

Como pueden ver, estas dos herramientas tienen que ver con un uso eficiente y honesto del dinero, que es de todas y todos, o sea público, y conforme se vaya avanzando en grupos de la población que se conviertan en contralorías ciudadanas y ejerzan el presupuesto participativo podremos ejercer un control sobre el dinero que hoy se roban las y los funcionario.

Para terminar, es importante mencionar que los puestos como contralorías ciudadanas son de carácter honorífico y por tanto no son remunerados.

* Alianza Cívica inició una serie de pequeños artículos para empezar a difundir en términos llanos la Ley de Participación Ciudadana; los elaboramos en un conjunto de palabras, pensado en la brevedad, y en la eventual reciprocidad con los ciudadanos nuevoleoneses interesados. [Para este propósito, dirigir cualquier comentario a: 15diario@gmail.com]